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Opinión

  • | 2015/05/09 13:39

    Más rigor, por favor

    Todo parece indicar que la presunta violación de 53 menores por gringos en Melgar no tiene fundamento. Grave precedente.

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La frase es contundente y espeluznante: “en Melgar y en la vecina Girardot, 53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico”. Los mercenarios serían militares y contratistas de Estados Unidos quienes estaban en el país por el Plan Colombia. La fuente parece, a primera vista, impecable: el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, publicado en febrero de este año. La afirmación se encuentra en una sección titulada “imperialismo sexual”, escrita por el profesor Renán Vega de la universidad Pedagógica Nacional.

La Comisión fue creada como fruto de un acuerdo del gobierno y las Farc. El informe, cuyo fin era presentar diferentes visiones del conflicto colombiano, recoge las investigaciones y ensayos de 12 académicos, seis escogidos por cada una de las partes.  Las conclusiones se presentaron hace unos meses, pero esta semana los medios nacionales le dieron un despliegue especial a los presuntos hechos de Melgar.

Como ya es costumbre en esta Colombia de justicia mediática, las autoridades rápidamente anunciaron investigaciones y acciones expeditas para buscar a los responsables de esos atroces actos. Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ordenó una “búsqueda activa de la niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual en manos de estos militares”. La Defensoría del Pueblo no se quedó atrás, y “rechazó la conducta de los extranjeros”.  

Públicamente, nadie dudó de los señalamientos. Tal vez porque el texto es tan preciso en número -53 menores abusadas- y porque provenía de un informe académico y, entre comillas, oficial. Esas condiciones fueron suficientes para que los principales medios colombianos les dieran el sello de la verdad.

El problema, sin embargo, es que no hay evidencia alguna de que lo dicho por la Comisión y en particular, Vega sea cierto. Una investigación de Colombia Reports (un portal poco conocido en el país, pero con gran acogida y credibilidad en Washington, en parte porque es escrita en inglés) y Fusion no encontró pruebas que sustentaran la grave acusación. Fusion envió un reportero a Melgar e incluso habló con el profesor de la Pedagógica. Este dijo que había oído la historia de las menores por televisión y otros reportes periodísticos y que no tuvo “la oportunidad de hacer trabajo de campo”. Agregó que “no soy un periodista o un sociólogo… y me pidieron un límite de páginas”.

Es preocupante que entidades clave del Estado estén dedicando sus limitados recursos a investigar un rumor que data de 2004 simplemente porque fue mencionado por un académico de una seudo comisión del conflicto. Un académico que no le pareció necesario investigar antes de publicar; violando un fundamento de su profesión.

Es cierto que el gobierno fue insistente desde el principio que esa comisión no reemplazaba una futura comisión de la verdad. Y advirtió que los ensayos representaban las opiniones particulares de los 12 académicos y mal podrían ser considerados como oficiales.

Pero la realidad es que con el paso del tiempo, esas advertencias y condicionamientos van desapareciendo y lo que eran diversos puntos de vista terminaron confluyendo en una verdad absoluta para la opinión pública. Más aún, en esta época de Google.

Temo que la ligereza con que se ha tratado esta historia sea apenas el preaviso de lo que nos espera si se constituye la tan mentada comisión de la verdad. Y lejos de tener una mayor claridad sobre qué pasó en estas difíciles décadas de guerra, terminemos ahogados en acusaciones sin fundamento. Y de ser así, que no cese la horrible noche.
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