Reglas de república bananera

Esta semana la Procuraduría General abrió investigaciones preliminares al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y a la secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Martha Lucía Zamora, por presunta participación en política. Ambos se atrevieron a decir en público lo que seguro piensan en privado: que quieren que candidatos afines a las políticas de sus respectivas administraciones, ganen. Oh, sorpresa. Todo gobernante –y sus funcionarios– aspira que su sucesor continúe con sus programas. Y hará todo lo posible para que así sea. Es de Perogrullo. Lo sabe la ciudadanía. Y lo saben incluso quienes públicamente exigen el cumplimiento a la letra de esa anacrónica norma. Son los primeros en reconocer –en privado– que es imposible hacerla respetar.

Hay que poner fin a esa hipocresía. Aceptar que para gobernar es esencial hacer política. Esa maña colombiana de prohibir por prohibir pulula en nuestras reglas electorales. No dudo que en un momento histórico pudieron ser razonables. Continuar con ellas hoy en pleno 2015, casi 2016, no sólo es absurdo sino restrictivo a las libertades individuales, que son las bases de cualquier sistema democrático.

Para empezar, no tiene ni pies ni cabeza impedirle a los candidatos hacer manifestaciones públicas la semana antes de las elecciones. Es contraintuitivo, los estudios han demostrado que un número significativo de los votantes sólo le ponen atención a las campañas al final. Es diciente que en Estados Unidos y en los países europeos se les permita a los candidatos luchar por votos hasta el último momento, de plaza en plaza. Incluso, en algunos hacen proselitismo el mismo día de los comicios. Si bien estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, creo que esa limitación castiga generalmente a los aspirantes con menos respaldo en las encuestas.

Tampoco tiene sentido la ley seca en el fin de semana de elecciones. No veo cuál es el factor diferenciador que justifique esa prohibición que les quedó gustando, en particular, a las autoridades de Bogotá.

Se ha vuelto una costumbre hablar de la alta abstención en Colombia. Siempre es noticia, mas pocas veces se analiza cómo las leyes y el accionar de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, paradójicamente garantizan ese desenlace. Y no sólo me refiero a la decisión arbitraria de anular la inscripción de más de una millón de cédulas por sospecha de trashumancia. ¿Dónde queda la presunción de inocencia consagrada en la Constitución? Es triste que los magistrados del Consejo tuvieran que esperar la airada reacción de Bogotá –desafortunado centralismo nuestro– para revocar la resolución. Cómo si fuera tan fácil inscribirse. Los espacios que otorga la Registraduría para ello son esporádicos –de dos a tres semanas– y es casi clandestina su divulgación. Debería ser mucho más fácil y 365 días al año.

Pero posiblemente el mayor obstáculo a una mayor participación del electorado es el horario de votación de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Colombia tiene una de las jornadas electorales más cortas del mundo, con múltiples restricciones como el no permitir el voto después de la hora límite de las cuatro de la tarde; aun si la persona está en el centro de votación. En otros países, donde la política es facilitar que los ciudadanos ejerzan su derecho, se acostumbra incluso extender el horario si hay gran afluencia de votantes.

No estoy planteando nada revolucionario. Sólo sentido común. Tal vez, ese sea el problema.

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