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Opinión

  • | 2015/03/27 17:00

    Oda por el sentido común

    La paz y el caso Pretelt son problemas políticos, no jurídicos ni constitucionales.

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María Arana, en su excelente biografía Bolívar, relata una conversación del Libertador con el general José Antonio Páez. En ésta, Páez se refiere a una reunión que sostuvo Simón Bolívar con Pablo Morillo, bautizado el Pacificador por la Corona pero que en la Nueva Granada es recordado por el régimen de terror que instauró.

En su diálogo con Bolívar, Páez se lamenta por las intrigas que están arruinando al país y le recalca: “Morillo tenía razón cuando te dijo (a Bolívar) que te había hecho un favor cuando mató a todos los abogados”. Pero según Páez, los españoles no mataron los suficientes. Para él, los hombres de las leyes eran quienes estaban paralizando a la república, que en ese momento era la Gran Colombia.

No se cumplió del todo la sangrienta aspiración de Páez. La violencia en Colombia nunca se limitó sólo a los de esa profesión. Fue democrática. Los colombianos se terminaron matando entre todos sin importar los estudios de la contraparte. Es más, la devoción de los colombianos por el derecho está tan arraigada en el país que en realidad somos 47 millones de abogados en potencia; algunos de oficio, la inmensa mayoría de tradición y vocación histórica.

Donde no se equivocó el caudillo de la vecina Venezuela, fue en su predicción de cómo nuestra obsesión por la norma, el articulito, el parágrafo y los códigos, sería nuestro Karma. Ciento noventa años después, seguimos en la misma encrucijada; convencidos ingenuamente de que las constituciones y las leyes nos llevarán al paraíso. En cambio, vivimos condenados al purgatorio del Inferno de Dante.

Le atribuimos a las constituciones poderes mágicos. La de 1991 era la carta de navegación de la paz, según el entonces presidente César Gaviria. Los millones de desplazados, los miles de viudas, huérfanos y víctimas de este último cuarto de siglo de conflicto armado guardarán sus discrepancias sobre si se cumplió ese sueño. Ahora son las Farc las que afirman en twitter que “solo una nueva Carta Magna, concebida como tratado de paz, podrá marcarnos el camino de nuestra reconciliación”. Desconocen a propósito o quizás por ignorancia (al fin y al cabo el Secretariado aún piensa que el comunismo es viable), que la Constitución de 1991 es posiblemente la más progresista de la historia. Que en su redacción participó el M-19, cuyos miembros promulgaban muchas de las ideas de izquierda que las Farc quieren imponer a los colombianos. Que si se hubieran cumplido a la letra sus 380 artículos no seríamos Cundinamarca ni aun Dinamarca sino el Cielo en la Tierra.

Dada nuestra historia, no sorprende que en la negociación de un acuerdo final con las Farc, la discusión sea crecientemente legalista y repleta de leguleyadas. Pretendemos resolver un problema político con una solución jurídica. Y cuando la cuadrada del círculo fracasa una y otra vez, intentamos de nuevo.

Hacer la paz con la guerrilla es una decisión política y ejecutiva, no judicial. Por una razón de Perogrullo: según la ley, las Farc son criminales. Si fuéramos consecuentes con nuestro apego al derecho, el único camino sería combatir, arrestar, encarcelar y condenarlos.

La paz no es el único campo donde se confunde lo político con lo legal. En el manejo de las acusaciones de corrupción contra el magistrado Jorge Pretelt, abundan las propuestas jurídicas y escasean las pragmáticas. La solución de un asunto particular – la presunta mala conducta de un jurista que podría ser resuelto políticamente con apartarlo del cargo de manera temporal (él mismo pidió una licencia de dos meses) – termina en una amplia propuesta de reforma constitucional. ¿Para qué sirve el establecimiento de un tribunal de aforados para el caso específico de Pretelt? Para nada. A él no lo va juzgar.

Y por ser una reforma a la Carta Magna, estaríamos a varios meses, incluso años de que se implemente del todo, con el riesgo muy real y colombiano  que alguna demanda de vicio de forma evite su puesta en práctica. Así, volveríamos a lo mismo.

El problema en Colombia nunca han sido las leyes ni las constituciones – lo jurídico- sino la ejecución de las mismas: la política.
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