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Opinión

  • | 2014/07/15 00:00

    ¡Alineados a la brava!

    El proceso se adelanta entre un grupo organizado armado al margen de la ley y el Estado, esto es, no solo el gobierno sino las instituciones que lo componen.

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En el IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional llevado a cabo en octubre de 2013 el Alto Comisionado para la Paz sentenció: “Yo estoy convencido de que si no aseguramos ese  consenso, en el que creo que estamos avanzando, y si no mostramos esa coherencia en la acción estatal, sencillamente no habrá paz”. Se refería a la importancia de “la coherencia y la confianza… en la acción del Estado y en la acción conjunta de las ramas del poder público” para dar viabilidad y seguridad a los acuerdos a que se llegue con las FARC.

Hay razón. El proceso se adelanta entre un grupo organizado armado al margen de la ley y el Estado, esto es, no solo el gobierno sino las instituciones que lo componen. No hay duda que es indispensable que una vez adoptada una posición y determinado un camino en los diferentes temas de tan compleja negociación, deba ser de Estado, no simplemente del presidente de turno. La experiencia en el proceso de la administración Betancur es precisamente que no se deben confundir voluntad de gobierno con voluntad de Estado.

En esa medida la confianza a la que se refiere Sergio Jaramillo parte de la base de que exista ciertamente coherencia y armonía entre las altas cortes, la fiscalía, el legislativo, el ejecutivo y los organismos de control relevantes como el Ministerio Público. En un escenario tan difícil, especialmente en los temas relativos a la justicia transicional, los derechos de las víctimas y la impunidad, para las FARC es indispensable que el gobierno represente realmente al Estado colombiano.

Pero esa coherencia se debe buscar sobre el consenso no sobre la coacción que en últimas es la tentación totalitaria. La separación de poderes es un pilar fundamental de la Constitución. Este no desaparece por tratarse de una situación “extraordinaria” derivada de la violencia, menos en el caso colombiano donde la propia Carta Política se expidió en ese contexto. Nada de “extraordinario” existe.

Al parecer todo indica que en nombre de la paz esto se le olvidó al gobierno. La estrategia ha sido no la del consenso, sino la de la polarización y la de “capturar” los diferentes organismos comenzando por las cortes. Saben muy bien que el ordenamiento jurídico debe reinterpretarse por completo para que diga lo que no dice y poder cumplir las promesas hechas en La Habana, consistentes en no cárcel para cabecillas, derecho pleno a la participación política a responsables de atrocidades e institucionalización de los mecanismos actuales en los que se soporta las relaciones de poder y de dominio de las FARC en el territorio. 

En aras de la “coherencia”, cuando la “captura” no es posible, sobreviene la eliminación de lo que se considera un obstáculo, no representación legítima del disenso. Es lo que pasa con el golpe de Estado al Procurador Alejandro Ordoñez. Las FARC múltiples veces ha reclamado su caída. Ahora, con una maniobra de astucia y de pura manzanilla jurídica, le ofrecen su cabeza en bandeja de plata.

Es la misma lógica de “coherencia institucional” de quienes hoy pretenden que el proceso de paz no tenga ningún referente constitucional distinto al acto legislativo conocido bajo la denominación de marco jurídico para la paz. Con esa interpretación nace un conjunto normativo supraconstitucional en virtud del cual la Constitución de 1991 simplemente deja de existir respecto al  control previo que se debe hacer de  las leyes estatutarias que lo desarrollen y frente a las facultades que se le otorguen al Presidente de la República para llegar a un Acuerdo con las FARC. Además, el propio referendo que se propone entonces tendría un parámetro de control diferente. ¡Si esa tesis se abre paso se deroga la Constitución! ¡Bueno, no importa, es por la paz!... justificarán.

Ambas cosas son demostración de que la revolución sí se podía hacer por decreto. Las FARC sin dejar de matar, ni haber renunciado a la violencia han puesto patas arriba el estado de derecho y refundaron el país. Santos cree que eso es lo que se debe hacer para lograr la paz, pactar con FARC y entregarle a quienes son detractores de la violencia como medio político, mientras reduce a la condición de estigma a los demócratas que no han matado sino defendido criterios diferentes frente a la paz.

La alineación pasa también por pretender doblegar a la oposición democrática mediante su criminalización; tomarse la dirección de gremios, ejemplo, la Andi; ejercer el control editorial en los grandes medios de comunicación y de la presentación de la información; someter a los poderes regionales con clientelismo y satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos. Para lograrlo el gobierno literalmente “combina todas las formas de lucha”.

Si esto es en la negociación, ¿alguien se alcanza a imaginar cómo será en ejecución de los acuerdos con Timochenko y Márquez?  Esto no es jugando.

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