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Opinión

  • | 2009/02/28 00:00

    Aló Presidente

    Dentro de la estrategia de criminalizar al contradictor, Uribe también ha hecho graves acusaciones, no demostradas, contra Carlos Gaviria y Piedad Córdoba.

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Las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos y periodistas, son consecuencia directa de la criminalización a la que el presidente Uribe ha sometido a sus críticos y contradictores. Con el ánimo de descalificar cualquier posición contraria, el mandatario ha apelado frecuentemente al recurso de tachar de delincuentes a quienes discrepan de él.

César Julio Valencia, magistrado de la sala civil y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue tachado de mentiroso y calumniador por un comunicado de la Casa de Nariño. La andanada presidencial tuvo lugar cuando el magistrado afirmó, en entrevista con Cecilia Orozco, que el Presidente había mencionado en una comunicación a su primo Mario Uribe, vinculado horas antes por la Corte al proceso de la para-política.

El tono presidencial contra el magistrado siguió subiendo y se convirtió en un litigio judicial en la uribista Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde el Jefe de Estado quiso también descalificar entre gritos a Ramiro Bejarano, abogado defensor de Valencia y columnista de El Espectador: "El magistrado Valencia Copete me manda un periodista y jefe de la oposición, nostálgico de las Farc y amigo del terrorismo".

Similares y peores ataques ha desatado el Presidente contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, coordinador de la investigación por la para-política. El presidente Uribe lo ha acusado de manejar un cartel de testigos para implicarlo a él y a allegados políticos suyos en relaciones con paramilitares. Para hacerlo se basó en una carta del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', donde afirmaba que el magistrado Velásquez le había ofrecido beneficios para declarar en contra del Presidente.

Unos meses después, 'Tasmania' se retractó de la carta ante la Fiscalía y declaró que todo era un montaje contra el magistrado promovido por el abogado de Juan Carlos Sierra, alias el 'Tuso'. Moncada y Ernesto Báez, uno de sus vecinos de celda, aseguraron que en la maniobra participaron Santiago Uribe, el hermano del Presidente, y su primo Mario.

El gobierno jamás se retractó, por el contrario, un tiempo después recibió por los sótanos de Palacio a dos enviados de alias 'Don Berna' para seguir buscando la manera de desacreditar a la Corte.

En medio del debate por estos hechos, el Presidente decidió distraer la opinión arremetiendo contra el Partido Liberal. El ex presidente César Gaviria fue señalado como el promotor de Los Pepes en la guerra contra Pablo Escobar. La polémica terminó rápidamente cuando Gaviria recordó el actual paradero de algunos de esos 'Pepes'.

También el Jefe de Estado la tomó contra un legislador liberal con un curioso comunicado de dos líneas: "El senador Juan Fernando Cristo debe decir con claridad si entregó o no dineros a campañas políticas para las elecciones parlamentarias de 1991. Él sabe por qué se le pregunta". Los señalamientos se quedaron sin piso porque la persona que citaba el mandatario como testigo contra Cristo, declaró que los hechos jamás tuvieron lugar.

A Gustavo Petro, lo llamó "terrorista vestido de civil" queriendo socavar sus denuncias sobre relaciones entre políticos y paramilitares.

Dentro de esa estrategia de criminalización del contradictor también ha hecho graves acusaciones, no demostradas, contra Carlos Gaviria y Piedad Córdoba.

La coincidencia que no puede pasar inadvertida, es que todas estas personas, y otras que han sido blanco de los ataques públicos del presidente Uribe, están en la lista de 'chuzados' ilegalmente por el DAS.

Esto no significa necesariamente que el Presidente de la República haya dado la orden para efectuar esos seguimientos sin orden judicial. Pero alguien pudo haber interpretado los señalamientos del mandatario, como una autorización tácita para proceder contra ellos.
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