Zafarrancho en las Altas Cortes

¿Será que los “honorables magistrados” de las Altas Cortes no se han dado cuenta de la enorme responsabilidad que tienen de dar ejemplo de probidad y grandeza, como es la de administrar justicia correcta, pronta y cumplida, en un país que se encuentra camino a buscar la paz pero que con sus bochornosos comportamientos es muy difícil que esto se logre?

Para nadie es un secreto que muchos de los fallos proferidos por las Altas Cortes dejan en el camino una aureola de desconfianza en el ciudadano común, quien en últimas es el que sufre los rigores de los arreglos y componendas de fallos acomodados, que violan los más elementales principios de equidad y  transparencia jurídica. 

Siempre he sostenido a través de mis columnas que para que un acto administrativo o judicial sea transparente se requiere que los organismos que los profieran y tengan  autoridad moral para hacerlo. 

Muchos de nuestros lectores se preguntarán el porqué de estas reflexiones y la respuesta es muy sencilla: la conformación y solidez de un Estado de Derecho parte de la fortaleza de los partidos políticos. Si estos están conformados de acuerdo a la voluntad popular de los ciudadanos, que son en última su esencia y fundamento, muy seguramente tendrán vigencia en el tiempo y en el espacio, pero si se trafica con ellos, para ejercer el gamonalismo y el tráfico de influencias en la administración pública, estos se debilitan, haciendo crisis, y por lo tanto sus actos y decisiones no pasan de ser un saludo a la bandera.  

La verdad, es que la sociedad está que no aguanta más con los continuos escándalos en las Altas Cortes, primero fueron los carruseles con las pensiones estrafalarias, de quince y mas millones de pesos por unos meses de trabajo; luego vino el turismo encabezado por la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia; ahora  aparecieron los hacker, donde los fallos son anticipados y sin ningún respeto por la justicia del ciudadano que la reclama limpia y honesta; pero, lo más preocupante son los casos de la puerta giratoria, práctica tan común entre los magistrados que se pensionan, que no obstante salir a disfrutar de sus jugosos emolumentos, no se resignan a perder el poder de decisión y mando.    

¿Si esto está ocurriendo en las Altas Cortes, qué se puede esperar de los Tribunales Superiores, Juzgados y demás administradores de Justicia? El ciudadano de la calle, con expedientes por fallar con hasta 15 y más años engavetados, en cualquiera de las instancias judiciales, no duerme tranquilo, puesto que la administración de Justicia, muchas veces está de parte del mejor postor. Casos se han visto que ponen los pelos de punta a cualquiera que haya vivido semejante drama.

Quienes escuchamos las declaraciones del exmagistrado de la Corte Constitucional Nelson Pinilla haciendo graves denuncias por la forma en que se pelean en las Altas Cortes las prebendas judiciales, quedamos tan preocupados, que da la sensación que la Justicia en nuestro país está más que mal y solo nos queda el camino de ejercer como ciudadanos una veeduría sobre los expedientes judiciales, para evitar que sean negociados con el mejor postor y así procurar que sus fallos sean en derecho. 

Se conocen casos tan vergonzosos de recursos de casación que si no son trabajados con coimas, no obstante llevar los conceptos favorables del agente del Ministerio Público, se fallan adversamente sin importar que con dicha providencia se están llevando por delante a toda una familia o empresa, que la mayoría de las veces quedan a la deriva y tienen que suspender sus actividades, gracias a la corrupción rampante en la administración de justicia.  

El caso de la puerta giratoria donde los magistrados, una vez pensionados en una de ellas, se postulan para otra o les da por aspirar a ser elegidos procurador o contralor, como ocurre en la actualidad con los doctores Alejandro Ordóñez Maldonado y Eduardo Montealegre, debe ser objeto de un repudio ciudadano, esto no es más que el vergonzoso tráfico de influencias.  

Con el fin de evitar que esto continúe, en la semana que termina, se reunieron los magistrados de la Corte Constitucional para declarar sin efecto el nombramiento del magistrado Francisco Ricaute del Concejo Superior de la Judicatura, quien se hizo elegir después de haber sido pensionado por la Corte Constitucional. Esto quiere decir ni más ni menos, que las Altas Cortes se han convertido en un club privado, sin admitir ninguna intromisión de los demás poderes públicos.

Pero si vamos más allá, nos encontramos que los “honorables magistrados” no contentos con sus cargos, que les permite disfrutar de una vida holgazana y tranquila, muchos de ellos se dedican al tráfico de influencias con el fin de enganchar  sus familiares y amigos íntimos, como en el caso de los magistrados auxiliares y en otras instancias del Estado.    

Esta situación que se ha tornando caótica, debe tener solución inmediata, la Reforma a la Justicia en el actual gobierno, tuvo varios intentos sin ningún éxito, pero, debe ser abordada con urgencia por el nuevo Congreso de la República, y que de no salir avante, se convoque con urgencia el constituyente primario para que sea él quien decida, de conformidad con los mecanismos de participación ciudadana.

Lamentablemente mientras las Altas Cortes, continúen siendo apéndice del Congreso de la República, es muy difícil lograr una Reforma a la Justicia de conformidad con las exigencias del pueblo colombiano, recordemos no más, la de finales del 2012, que encontrándose para último debate, fue invadida por un grupo de micos y orangutanes que la hicieron fracasar. El grupo de los 12 congresistas que se nombraron para conciliarla y sanearle los vicios de trámite y de forma, resultó peor que la enfermedad y hoy enfrentan procesos en la Corte Suprema de Justicia, con el nombre de “los 12 del patíbulo”.