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Opinión

  • | 1998/01/12 00:00

    ALTERNATIVIDAD GUBERNAMENTAL

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Cualquier cosa que se llame Alternatividad penal tiene por obligación gato encerrado. El nombre no sugiere nada distinto a que se le quiere sacar el cuerpo a las normas penales y que el redactor del texto se demoró varias horas buscando un sinónimo del concepto de Gol al Código Penal. Hasta que lo encontró. Pero, además de feo, el concepto es ilustrativo del arte del go-bernante colombiano, de ahora y de siempre, de acomodar su ineficiencia a las urgencias que resultan de las crisis. Para hablar en plata blanca, la alternatividad penal no es otra cosa que el reconocimiento del Estado (aparato judicial y ejecutivo) de que le quedó grande el tema de la justicia y que resolvió por la peor de las vías, que es soltar a los presos antes de que cumplan su condena, en lugar de adecuar el sistema de jueces y las cárceles a las necesidades reales del país. La palabra hacinamiento se ha pronunciado tantas veces en este país en relación con ese tema que ya resulta casi automático identificarla con la congestión en las cárceles. Hacinamiento carcelario es una expresión tan manida como lo son la llovizna pertinaz, la autoridad competente, el voraz incendio, el aguacero inclemente, la investigación exhaustiva, el precioso líquido o el operativo envolvente.Hay hacinamiento en las cárceles desde hace décadas, y reto a cualquier abogado de baranda a que diga si en 30 años le ha tocado visitar a un preso (distinto de Pablo Escobar, claro está) en una cárcel nueva. A los gobiernos colombianos no se les ha dado la gana meterle mano a las cárceles porque no se le han querido meter en serio al tema de la justicia, que es donde se ubica este asunto. Desde hace décadas, también, se ha diagnosticado la ineficiencia judicial basada en la torpeza de las normas y en la falta de organización y de infraestructura técnica en los juzgados, entre muchas otras razones.Pero como la cuerda se revienta siempre por el pedacito delgado, cada cierto tiempo la emergencia totea cuando el hacinamiento miserable en el que viven los presos hace obligatorio abrir la puerta de atrás para desactivar la bomba del presidio y activar _aún más si cabe_ la de las calles. Y en esas estamos.El mensaje que recibe la sociedad es absurdo, cuando se monta el tinglado de la reducción de penas, luego se arma el del agravamiento de las mismas, para más adelante volver a aflojar reduciendo condenas, ahora sin una consideración distinta a la de que el cupo está lleno. A las cárceles entra o sale la gente porque comete delitos y paga condenas, según las reglas del juego del pacto social (el de Rousseau, no el de Samper), y no puede dejar de entrar o de salir por una razón distinta. Cuando el asunto llegó al Congreso la oportunidad era perfecta para agarrar el toro por los cuernos. Pero no. La alternatividad (qué palabra tan fea) se convirtió en una nueva versión del debate político del momento. Los antisamperistas lo convirtieron en una oportunidad para ver en el asunto un intento del gobierno de mejorar la situación de los parlamentarios detenidos por el proceso 8.000, los gobiernistas para decir que la nueva ley sería la gran solución al problema carcelario y el gobierno para asegurar que se trataba de desactivar una bomba de tiempo en los penales. Pero de la justicia, como tal, muy poco. Sería absurdo que mediante este mecanismo se beneficiaran los narcotraficantes presos o los políticos encarcelados (que entre otras cosas sufren de todo menos de hacinamiento). Pero también lo sería que salieran a la calle personas que no han cumplido su condena en los términos establecidos en los códigos. El balance real es que el próximo gobierno recibirá la justicia en el mismo estado de precariedad estructural en que la recibió éste. Y no hay nada que permita suponer que el siguiente no le deje las cosas igual al que lo suceda. Habrá que ver. Y cada uno le sacará el cuerpo al tema esencial de la crisis colombiana con una ley como la que nos ocupa hasta que venga un día la solución definitiva, que terminará siendo la alternatividad gubernamental.
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