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Opinión

  • | 2003/01/12 00:00

    ¿Alternatividad penal o proyecto de perdón, olvido e impunidad?

    Aunque el debate sobre el proyecto de Alternatividad Penal presentado por el Gobierno quedó aplazado, las audiencias públicas se inician el miércoles y todavía hay muchos temas para discutir y entender. El periodista e investigador Ever Palomo Llorente hace un recorrido por la historia de iniciativas similares y argumenta por qué puede convertirse en sinónimo de perdón, olvido e impunidad.

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La respuesta al este interrogante no es fácil y mucho menos se puede plantear en blanco y negro. Entrar a mirar si el proyecto presentado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe a consideración del Congreso es un instrumento jurídico para la paz y la reconciliación, como lo afirma el Ejecutivo, o si sólo se trata de una propuesta disfrazada de perdón, olvido e impunidad, como lo han calificado sus críticos, implica analizar detenidamente su contenido, los matices y contextos que rodean la iniciativa, así como las amnistías e indultos del pasado y la experiencia internacional. En las siguientes líneas intentaré abordar este tema coyuntural y de mucha actualidad, cuyo debate en el Congreso de la República quedó aplazado para el primer semestre de 2004 (a partir del próximo 14 de enero se inician las audiencias públicas en el Congreso, previas a los debates legislativos que arrancan a mediados de marzo), y que compromete y debe interesar a toda la sociedad colombiana, porque de la seriedad con que se afronten el tema político y la situación jurídica de los actores armados que han cometido violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad va a depender la salida negociada del conflicto y la reconciliación nacional. Antes de entrar en el análisis concreto del proyecto de ley y con el propósito de que esta reflexión vaya más allá del debate planteado en el título de este escrito, es bueno tener en cuenta algunos apuntes teóricos sobre guerra, verdad, justicia, reparación y reconciliación. La historia de la humanidad está caracterizada por guerras y conflictos armados. El Estado-nación tiene en la guerra su mayor instrumento de formación. Karl Von Clausewitz, uno de los teóricos de la guerra más connotado y estudiado, dijo que "la guerra es la mera continuación de la política por otros medios". Actualmente existen en el mundo alrededor de 30 guerras, incluida la colombiana. Pero esa historia también está marcada por procedimientos humanitarios cuyo fin es dar por terminadas las disputas entre los actores enfrentados y propiciar la reconciliación de los estados y comunidades afectadas. Desde el año 403 a. de C. se tiene referencia de la amnistía como mecanismo de perdón y solución de conflicto. Ese año, el régimen democrático ateniense decidió, por decreto, perdonar a quienes se alzaron contra las nuevas instituciones, pero quizás uno de los procesos históricos más importantes de amnistía es el del tratado de paz de Westfalia en 1648, cuando Europa puso fin a los horrores de la Guerra de los Treinta años y perdonó a quienes habían participado en la hoguera mortal de la confrontación religiosa. Sin embargo, mecanismos humanitarios como la amnistía y el indulto, aplicables a delitos políticos, se han quedado cortos frente a las nuevas exigencias del derecho internacional, de la comunidad mundial y de la realidad cada vez más compleja de los conflictos armados contemporáneos o "las nuevas guerras" como las llama Mary Kaldor, en su libro del mismo nombre, las cuales se dan en un contexto global, donde las relaciones de interdependencia, los objetivos o fines, métodos de lucha, financiación, privatización de la violencia, erosión de la autonomía del Estado, corrupción, producción y comercio ilegal de armas y drogas, transnacionalización de las fuerzas militares y la invisibilidad de las diferencias entre lo público y lo privado, lo estatal y no estatal y lo formal e informal, hacen que las alternativas de solución sean también más complejas y difíciles de lograr. La comunidad internacional juega un papel fundamental en el desarrollo, financiación, dinámica y solución de "las nuevas guerras". Ese papel puede estar representado en periodistas extranjeros, soldados mercenarios, asesores militares, expatriados voluntarios, apoyo económico de simpatizantes de la causa, redes terroristas, gobiernos y un ejército de organismos internacionales gubernamentales, no gubernamentales y supranacionales de cooperación y ayuda humanitaria, que intervienen para presionar una salida negociada o el escalamiento mismo de la guerra, a través del uso unilateral o multilateral de la fuerza. Y es en ese contexto de globalización en el que, en las tres últimas décadas del siglo XX, se comenzó a hablar con mayor fuerza de justicia transicional y justicia restaurativa, como alternativas de solución a los conflictos armados que cada día están más dirigidos contra la población civil. En las guerras de principios del siglo XX la proporción de bajas militares frente a civiles era de 8 a 1, mientras que ahora la relación es milimétricamente a la inversa, es decir, por cada militar caído en combate hay ocho civiles muertos. Justicia transicional y justicia restaurativa La justicia transicional surge como una opción a las causas y efectos de las violaciones a los derechos humanos (DH) y al derecho internacional humanitario (DIH), busca la rendición de cuentas, la verdad, las reformas, la reparación y la prevención de los abusos contra el DH y el DIH en el futuro. Los temas de legitimidad, gobernabilidad y monopolio de los medios de coerción que cada día afectan más a los estados contemporáneos hacen que delitos como el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada, las masacres, las violaciones de mujeres y los crímenes de guerra escapen al control del aparato estatal. Tras el holocausto del pueblo judío y la derrota de Hitler en la segunda guerra mundial, la comunidad internacional y en especial los vencedores comenzaron a pedir explicaciones y a buscar responsables por el exterminio de cerca de seis millones de personas. El Tribunal de Nuremberg y luego las comisiones de la verdad en el Cono Sur son puntos de partida para el análisis de la aplicación de la justicia transicional. Pero no sólo eso, los juicios por los casos de la Alemania nazi y del Cono Sur pusieron de presente un hecho trascendental y es que el Estado, que por tiempos había sido considerado el garante de los derechos de los individuos y grupos situados dentro de sus fronteras, ahora se convertía en uno de los principales amenazadores de esos derechos. Precisamente, Iván Orozco Abad considera que en el nuevo contexto colombiano de retorno a la concentración de poderes en el Ejecutivo y las Fuerzas Militares (Estatuto Antiterrorista), de mayor involucramiento de la población civil en la confrontación, de profunda crisis de los partidos políticos tradicionales y del primado de la autoridad sobre la libertad, las ONG de derechos humanos deben jugar un papel fundamental y enfrentarse al Estado para preservar los derechos, las libertades y hacerle oposición al Ejecutivo. Sin embargo, Orozco Abad es consciente de que las ONG son más movimientos sociales que movimientos políticos. La justicia transicional se diferencia de la penal clásica por varias características: una vez cumple su misión, está llamada a desaparecer; examina comportamientos relacionados con las violaciones al DH y al DIH; su aplicación se circunscribe a un periodo determinado, generalmente desde el inicio de la confrontación armada hasta su final; la ley aplicable se puede escoger y adaptar según los intereses de la nación, incluso de forma retroactiva; su mirada es colectiva y se concentra en el futuro, entre otras. Sus pilares son reparación a las víctimas, obtención de la verdad y perdón, mas no olvido. Paralelamente al tema de la justicia transicional y sin ser excluyente a él, en el mundo contemporáneo se habla de la justicia restaurativa, que se fundamenta en el hecho de que el crimen causa daño a las personas y comunidades y por eso hay que reparar esos daños con una participación activa de las partes en el proceso. Una definición cada vez más usada internacionalmente sobre justicia restaurativa dice que "es un proceso donde las partes en riesgo de un delito específico resuelven colectivamente cómo tratar las consecuencias de ese delito y sus implicaciones para el futuro". En el proceso de reparación juegan un papel fundamental víctima, agresor y la comunidad para que de forma integral y en conjunto se dé respuesta al crimen, llegando a ser el centro del proceso penal y acompañados por profesionales legales capacitados en este tipo de justicia. La justicia restaurativa difiere de la penal contemporánea en varios aspectos: primero, ve los actos criminales de manera más amplia, es decir, no se limita a la simple transgresión de la ley, porque reconoce que los agresores dañan a las víctimas, comunidades y aun a ellos mismos. Segundo, involucra más partes en la respuesta al crimen, en vez de dejar la responsabilidad en manos del Estado y del agresor. Y por último, no mide cuánto castigo se ha infringido, sino cuánto daño se ha reparado o prevenido. Las reuniones entre víctimas y victimarios con sus familias y demás miembros de la comunidad es una de las estrategias primordiales en la aplicación de este tipo de justicia, y la reparación de los daños se puede hacer a través de mecanismos como la restitución, que es el pago en dinero o especie por parte del infractor, y el servicio comunitario, que es el trabajo realizado en beneficio de la comunidad, el cual busca resarcir el daño experimentado cuando ocurre el crimen. El profesor Kieran McEvoy, experto en el proceso de paz de Irlanda del Norte y que recientemente estuvo en Colombia, considera que la justicia restaurativa ha sido una gran herramienta para disminuir los altos índices de impunidad y criminalidad en Irlanda del Norte. Sin embargo, hay que diferenciar el tema de la aplicación de la justicia restaurativa con el beneficio de excarcelación que recibieron los miembros del IRA, producto del Acuerdo de Paz del Viernes Santo, suscrito el 10 de abril de 1998, porque este modelo alternativo de justicia se está implementando desde hace seis años en Irlanda para los crímenes menores y no para los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. El debate sobre las responsabilidades de los actores armados apenas se está abriendo y los representantes de las partes en conflicto ya se han pronunciado a favor del establecimiento de comisiones de la verdad que permitan conocer las atrocidades de la guerra y aprender de ellas para no repetirlas. Según McEvoy, los niveles de impunidad en Irlanda alcanzaban el 96 por ciento y lo peor era que los agresores se burlaban de sus víctimas en plenos juicios y asumían sus castigos, pero no se arrepentían de los crímenes cometidos. Con el nuevo modelo se empezó a vincular a la comunidad y a familiares de víctimas y agresores en los juicios para que se tomara mayor conciencia del daño causado y se encontraran alternativas conjuntas de reparación. La aclaración de las diferencias entre el caso irlandés y lo que pretende el gobierno colombiano con el proyecto de alternatividad penal es indispensable, porque la propuesta gubernamental está supuestamente soportada en la experiencia de paz en Irlanda del Norte, donde la excarcelación de los actores armados se dio como producto de un proceso de paz y no como se pretende hacer en Colombia, otorgando beneficios individuales a los violadores de los derechos humanos y responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si estuviera aprobado el proyecto de alternatividad penal, tal y como fue presentado por el Ejecutivo, una persona privada de la libertad como Simón Trinidad, uno de los ideólogos de las Farc, podría beneficiarse en forma individual del proyecto, sin necesidad de que se avance en la paz con este grupo alzado en armas, siempre y cuando se cumplan unos requisitos mínimos a los que más adelante nos referiremos. Experiencias internacionales y el papel de las ONG Los casos de Argentina y Chile muestran el papel de las ONG de derechos humanos en los procesos de transición. Las Madres de la Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdr) fueron esenciales para lograr la verdad y la movilización social contra las desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y actos de barbarie cometidos por las juntas militares de Argentina (1976-1983). Las ONG y los movimientos organizados de víctimas de la dictadura pusieron en marcha la justicia argentina y fueron fundamentales para el trabajo de la Comisión Nacional para el Estudio de las Desapariciones (Conadep) y los procesos y condenas contra los nueve generales de las tres juntas militares. En el caso Argentino, al igual que en el chileno, la justicia ha traspasado las fronteras de la nación. A principios de diciembre de 2003 la justicia alemana pidió el arresto del general Jorge Videla, jefe del gobierno de facto, y de otros dos miembros de la dictadura por la muerte de dos estudiantes alemanes, hechos ocurridos entre 1976 y 1977. El tribunal distrital de Nuremberg fue el encargado de pedir la privación de la libertad de Videla, del ex comandante de la Armada Emilio Massera y del general retirado Carlos Guillermo Suárez, que podrían ser condenados incluso a cadena perpetua. El 28 de junio de 2003, México extraditó al también ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo a España, en donde era solicitado por los delitos de genocidio y terrorismo. Cavallo fue detenido en México en agosto de 2000, cuando intentaba regresar a su país, luego de que investigaciones periodísticas pusieran al descubierto su participación en torturas y desapariciones durante la dictadura. La justicia argentina, la española y la alemana se han encargado de enjuiciar a los culpables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, al punto que quienes no están muertos están privados de la libertad. Además se abrieron causas judiciales por masacres cometidas antes de 1976, en la época de la conspiración militar del Cono Sur conocida como el Plan Cóndor, que era apoyado por Estados Unidos, tal y como se ha conocido con la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que involucran al entonces secretario de Estado del presidente republicano Gerald Ford, Henry Kissinger, que no sólo estaba al tanto de lo que ocurría en el Cono Sur sino que fue instigador de la represión argentina y del golpe de Estado contra Salvador Allende, en Chile. La existencia de los vuelos nocturnos y el arrojo de los desaparecidos al mar, amarrados a pedazos de rieles para que no flotaran, se conoció con las declaraciones del capitán de fragata Adolfo Scilingo el 2 de marzo de 1995, en el programa de noticias Hora Clave, en donde confesó que había participado en dos de esos vuelos que se hacían dos veces por semana. El efecto Scilingo les permitió a los familiares hacer el duelo de enterrar a sus muertos y dejar de estar buscando fantasmas. La experiencia argentina nos indica que pese a que el presidente Carlos Saúl Menem expidió la Ley de Punto Final en 1996 y los decretos de perdón para todos los militares encarcelados, eso no ha significado impunidad sino por el contrario, el castigo diario a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Experiencia que debe ser tenida en cuenta por el gobierno colombiano y el Congreso en la discusión y aprobación del proyecto de alternatividad penal, que ha sido calificado por muchos sectores de ser un proyecto de perdón, olvido e impunidad. En Chile la transición a la democracia se produjo en 1989, en medio de los más grandes procesos de cambio a escala mundial y de la hegemonía del tema de los derechos humanos en la política internacional. En el segundo semestre del 89 ocurrió la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y con ello, el fin de la guerra fría. Los chilenos tomaron como base el modelo argentino, lo depuraron de "excesos", también recogieron la experiencia de la amnistía general en Uruguay y establecieron una Comisión de la Verdad como camino. El objetivo de las ONG y de las víctimas se centró en la figura del dictador Augusto Pinochet, que se convirtió en el blanco preferido de la causa global de la justicia. En Chile hubo una mayor coherencia y unidad entre las organizaciones de derechos humanos, pero además se contó con un sólido respaldo de las iglesias cristianas y de la católica. Adicional al papel de las ONG nacionales e internacionales y de las iglesias, la larga memoria y la rabia de las víctimas causó el debilitamiento institucional y la pérdida de los poderes del ex dictador, que se había autoamnistiado en 1978, había reformado la Constitución en 1980, así como los decretos que regulaban la jurisdicción militar. Pese a las normas favorables para los violadores de los derechos humanos, en 1993 fue condenado el general Manuel Contreras, jefe supremo de la Policía Secreta de la Dictadura, la Dina y en octubre de 1998, a petición del juez español Baltasar Garzón, el propio Pinochet vivió su calvario cuando fue arrestado y sometido al escarnio público en Londres. El juez chileno Juan Guzmán ha recibido desde enero de 1998 más de 260 quejas contra Augusto Pinochet, relacionadas con violaciones de los derechos humanos en el periodo de la dictadura, 1973-1990. La reparación a las víctimas en Chile también ha tenido un mejor compromiso y comportamiento que en Argentina. El académico Samuel Valenzuela, al hacer una evaluación de la justicia transicional en Chile, concluye que el progreso ha sido lento pero seguro y que se ha generado una versión ampliamente compartida del pasado reciente, la cual es aceptada por todos los ciudadanos, incluso por los que apoyaron la dictadura. Tanto Chile como Argentina reconocen su pasado y hacen memoria de él, rindiendo homenaje a sus víctimas. Contrario a lo ocurrido en el Cono Sur y pese a que el proceso de negociación en El Salvador contó con una activa participación y mediación de la comunidad internacional, a través de Onusal y del grupo de "países amigos", incluido Estados Unidos, la transición no ha sido tan exitosa, porque los herederos de las extremas derecha e izquierda siguen dominando y teniendo las riendas del poder político. En El Salvador se trató de favorecer un modelo de rendición de cuentas a través de múltiples comisiones como la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, la Comisión ad hoc para la Purga Administrativa de las Fuerzas Armadas y la Comisión para la Investigación de los Grupos de Justicia Privada, cuyos resultados no fueron los más satisfactorios. Orozco atribuye parte del fracaso al escaso papel de las ONG de derechos humanos, las cuales en su mayoría habían tomado partido en el conflicto, de tal manera que cuando se produjo la negociación y los acuerdos, se quedaron sin horizonte y sin qué hacer. Las acusaciones recíprocas de los actores en conflicto sobre las graves violaciones de los derechos humanos terminó favoreciendo una política de compensación de culpas y ocultamiento, que fue consignada en el informe de la Comisión de la Verdad. Hoy existe el sentimiento de que la transición fue más formal que sustantiva y el reto último y principal de la justicia transicional: la reconstrucción de las relaciones de confianza entre el Estado y sus ciudadanos, no se ha cumplido, pese a los 100.000 muertos y 500.000 desplazados que dejaron doce años de confrontación armada. Se prefirió una solución negociada sobre premisas de alta impunidad y por eso las tasas de delincuencia común alcanzadas después de la guerra le hacen sombra a la idea de la reconciliación. Los miembros de la Comisión Salvadoreña de la Verdad, todos extranjeros, convencidos de que el aparato de justicia no sería capaz de castigar a los grandes criminales del pasado, decidieron sustituir la sanción penal por una social con la publicación de unos 40 nombres, algunos de los cuales fueron retirados de las Fuerzas Armadas. Según la Comisión, el Estado fue responsable del 66 por ciento de los homicidios perpetrados en la guerra. La experiencia salvadoreña nos indica que la presión de las ONG y de la comunidad internacional es fundamental para llevar a feliz término el proceso de reconciliación. En El Salvador las ONG no presionaron y los resultados de la Comisión, en lugar de allanar el camino para la verdad, la reparación y la reconciliación, generaron todo tipo de discusiones y descalificaciones de diversos sectores. Paradójicamente en El Salvador como en el Cono Sur, Estados Unidos apoyó masivamente a los violadores de los derechos humanos. Hoy, en Colombia es innegable la injerencia del gobierno norteamericano en el desarrollo y dinámica del conflicto armado, brindando ayuda económica, asistencia técnica y militar a las Fuerzas Armadas, las mismas que al tiempo son criticadas por el Departamento de Estado estadounidense, por la violación de los derechos humanos. Estas experiencias y el papel que en ellas ha jugado la comunidad internacional pueden servir en el camino hacia la solución negociada del conflicto armado en el país. Solución que no implica la renuncia al derecho internacional ni a principios y derechos fundamentales como verdad, justicia, reparación y reconciliación. La memoria como mecanismo de reconciliación ¿Se puede olvidar ilimitadamente renunciando a un mínimo de reparación y de justicia? La pregunta se la plantea Gonzalo Sánchez en su libro Guerras, memoria e historia, en el que hace un análisis cuidadoso de la forma como se han resuelto los conflictos armados del pasado en Colombia y cómo se ha abordado el tema de la memoria. Es claro que para lograr la reconciliación nacional, fracturada desde las guerras del siglo XIX o desde la época misma de la Conquista, es necesario construir -como lo afirma el profesor Sánchez- escenarios en los cuales los viejos adversarios del pasado puedan debatir abiertamente sus diferencias, sus odios y los distintos proyectos de nación. Continúa
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