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Opinión

  • | 2015/08/18 13:11

    488 Campesinos Civiles (CC) parte 1

    La primera responsabilidad de un estado frente a una zona que se sospecha que tiene minas es impedir que sus ciudadanos ingresen en ellas.

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No hay autoridad que garantice la seguridad de los campesinos contratados para la erradicación manual forzosa de plantas de coca en sitios con presencia de minas antipersonal. Esto lo conocen bien las familias de quienes han sufrido accidentes en lugares apartados del Putumayo, Caquetá, Catatumbo, Meta, Nariño o el Nudo de Paramillo, entre otros sitios en los que se adelanta la erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos, que por estos días cumple diez años de implementación.

Diez años hace ya que campesinos de Caldas fueron invitados por el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, Luis Alfonso Hoyos su paisano hoy prófugo de la justicia, para que ante la falta de empleo producida por la crisis cafetera de la época fueran a trabajar erradicando coca en zonas de guerra en tarea “patriótica” como se adjetivaba en 2005 las acciones del Gobierno de entonces. Y aceptaron. Sus condiciones de desempleo y la urgencia de ingresos eran un buen motivo. Desde Manzanares, Caldas, especialmente pero también desde Villeta, Cundinamarca y otros municipios, decenas de campesinos fueron trasladados hasta la Macarena, en el Meta a adelantar lo que se llamó “Operación Colombia Verde”. Meses después varios estarían muertos, otros mutilados y al averiguar sobre su situación, conocimos  que habían sido contratados de manera verbal al mejor estilo de capataz de hacienda. Todo ello con el visto bueno del señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República Edmundo del Castillo. Cipote cargo para semejante irresponsabilidad. El Gobierno haciendo contratos de altísimo riesgo de manera verbal.

Un año después y ante los reclamos, el Gobierno “corrigió” haciendo contratos a los erradicadores a través de un tercero. La firma antioqueña de empleos temporales Empleamos S.A.

Todo lo anterior es el apretado relato del inicio de una acción estatal que viola el compromiso internacional de Colombia con la Convención que prohíbe las minas antipersonal y las normas del DIH.
Durante estos diez años desde el Vicepresidente Francisco Santos de la época inaugural de ese programa, pasando por Angelino Garzón, Luis Alfonso Hoyos, Bruce MacMaster, los directores del programa de cultivos ilícitos, del programa de minas antipersonal, los ministros de defensa hasta hoy, se han negado a prohibir que campesinos desempleados sean aprovechados en su condición, trasladados a zonas de guerra en medio de una operación militar para erradicar forzosamente en lugares sembrados con minas, la coca de otros campesinos en condiciones de vida tan difíciles como las de ellos.

Que los lugares a donde están siendo llevados a erradicar son zonas de guerra y que hay minas en los campos de coca lo confirman los registros oficiales de 488 campesinos entre muertos, heridos o mutilados  desde que inició el programa hasta la fecha. (Ver link)

Como Estado, incumplimos acuerdos internacionales porque involucramos a civiles en operaciones militares y adicionalmente promovemos que ingresen a zonas minadas en contrario de lo que hemos comprometido al firmar la convención internacional sobre minas antipersonal.

Es tiempo ya de que cambie la política. Soldados y policías están entrenados para ir a las zonas de guerra, para afrontar estos riesgos. Los campesinos no. Quienes saben sobre el tema de las minas antipersonal conocen que la primera responsabilidad de un Estado frente a una zona que se sospecha que tiene minas es impedir que sus ciudadanos ingresen en ellas. Luego de diez años se puede dejar de cometer un crimen. Y esta política  lo es, por donde se le mire.
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