Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/08/25 10:05

489 y contando, parte 2

Lo mínimo que puede hacer un Estado es no aprovecharse de los campesinos desempleados enviándolos a erradicar en zonas de guerra empujados por la necesidad de subsistencia.

Álvaro Jiménez. Foto: Semana.com

El accidente que mutiló al erradicador Yhonatan Yepes Mejía el pasado 18 de agosto en una vereda de Turbo, Antioquia es la prueba de que seguimos cometiendo un crimen. ¡Basta ya! Ese es el reclamo al gobierno y a los organismos de control.

El artículo 5 de la convención que prohíbe las minas y de la que somos parte desde 2001 dice: Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas…. (Ver documento)
 
Hemos violado la convención y la violamos porque en nombre del Estado contratamos y trasladamos civiles para erradicar coca en zonas donde se sabe o sospecha que hay minas.

Cuando se inició este programa y murieron los primeros seis erradicadores en la operación “Colombia Verde” el gobierno de la época no sólo no detuvo este crimen, sino que el propio Presidente fue a convencerlos de quedarse con promesas como mostró Noticias UNO el 18 de diciembre del 2010. (Ver noticia)

Los errradicadores sobrevivientes de los accidentes con minas y las familias de quienes fallecieron siguen a la espera de que se les cumpla.

¿Quién atenderá estos reclamos?

Espero que finalmente haya justicia para estos campesinos vulnerables y que los
Colombianos en solidaridad con ellos exijamos el fin de este programa porque como los registros oficiales indican, la situación continúa presentándose. (Ver estadísticas)

Hoy son 489 campesinos erradicadores víctimas de minas. ¿Cuántos más se necesitan para acabar esta injusticia?

Darles un curso de inducción a los erradicadores en medidas de protección no los libera de la amenaza pues están entrando en zonas sospechosas de estar minadas.

No se debe jugar con la vida de ningún colombiano. Para entrar en campos minados hay que ir con entrenamiento técnico riguroso, trajes especiales, medios apropiados y mentalmente preparados para sacar minas, no para arrancar plantas de coca.

Es tan claro que el riesgo de la erradicación manual requiere de acciones especiales que el Gobierno y las FARC al anunciar el acuerdo alcanzado en el tema de “Solución al problema de las drogas ilícitas” en su comunicado conjunto # 36, precisan que: …. “La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.” (las negritas son del columnista) (Ver comunicado del acuerdo sobre cultivos ilícitos)

Esperar hasta el Acuerdo Final para limpiar las minas en las zonas de erradicación de coca se paga con vidas. Lo mínimo que puede hacer un Estado es no aprovecharse de los campesinos desempleados enviándolos a erradicar en zonas de guerra empujados por la necesidad de subsistencia y la ilusión de un mejor vivir.

PD: Darío Acevedo Carmona, profesor en la Universidad Nacional sede Medellín ha sido amenazado por como piensa. Mi solidaridad con él y rechazo a quienes lo amedrantan.

@alvarojimenezmi
ajimillan@gmail.com

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