Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/04/25 11:57

Justicia hecha chatarra

Sin una disposición social contra la corrupción, todo esfuerzo de justicia será vano.

Álvaro Jiménez Foto: Semana.com

El asesinato de testigos es una antigua práctica de la criminalidad.

La respuesta sobre a quién, o a quiénes favorece un asesinato es una pregunta que se hace todo investigador al buscar responsables en un crimen. La que surge a los ciudadanos y debe surgirle a los funcionarios del Estado es: ¿Cómo es posible que José Aldemar Moncada, involucrado en el caso del Zar de la Chatarra teniendo prisión domiciliaria, haya sido asesinado en una pizzería de Medellín mientras portaba dos cédulas con identidad distinta? Me lo pregunto porque era una de las dos personas que conocía con detalle el caso de desfalco más grande y reciente al erario público y sobre el cual el Presidente Santos se pronunció. (ver http://goo.gl/GId1h0)

El asesinado era socio de James Francisco Arias conocido como el Zar de la Chatarra, quien adelantó negocios con los hijos del ex presidente y senador Álvaro Uribe, que hoy investiga la Fiscalía General de la Nación. Hay que preguntarse sobre ese asesinato al tiempo que pedirle al presidente Santos protección efectiva para Blanca Jazmín Becerra  otra gran inculpada en este caso, quien ha aceptado cargos por los desfalcos y podría como testigo ayudar a desenredar esta madeja sin que corra más sangre que la derramada en el asesinato del señor Moncada.  (Ver: http://goo.gl/5B7TUe)

Se requiere de las autoridades una explicación. El manto de silencio y la ocurrencia de  otros hechos no pueden esconder lo sucedido. Antes que el caso del llamado Zar de la Chatarra se convierta en un instrumento uribista-antiuribista se requiere claridad sobre el asesinato y sobre el involucramiento de los delfines Uribe en el caso.

Lo anterior no es un tema de poca monta. Tenemos casos complejos judicialmente como el de “Los Doce Apóstoles” que involucra a Santiago, hermano del senador Uribe y en la que los testigos han muerto extrañamente, según se reporta y conoce a través de los medios.

La Fiscalía, el ex presidente senador, sus hijos, el juez(a) encargado del caso y las autoridades del INPEC deben dar respuestas ágiles antes que rumores y dudas atrapen al país impidiendo que conozcamos la verdad.

La impunidad reina cuando el Estado no funciona y esto ocurre porque sus empleados no cumplen su tarea por incapacidad o corrupción. Esta demostrado en Colombia que la incapacidad no es lo que impide el desarrollo de las investigaciones a fondo sino que hay funcionarios con mandatos diferentes al de la ley, que se mueven por sus intereses antes que por el compromiso con la sociedad.  

La o el siguiente Fiscal general de la nación tiene un reto inmenso con la criminalidad existente, con la corrupción al interior de los organismos de justicia y en general del Estado pero lo más difícil de enfrentar será el hecho de que un alto número de ciudadanos acepta la corrupción institucional como parte del paisaje.

Sin una disposición social contra la corrupción todo esfuerzo será vano.

Adenda: La situación de Dilma, Lula y el PT en Brasil indican que tener la razón histórica y ser eficientes en la política social no es suficiente para hacer buenos gobiernos y preservar el poder. La gente en uno u otro partido, en la izquierda, en el centro y en la derecha desean que sus estados sean decentes y justos además de atender la demanda social de sus miembros.

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com

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