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Opinión

  • | 2017/03/16 08:01

    Uribe al poder, la paz al carajo

    De llegar el expresidente Uribe de nuevo al poder, podemos de una vez despedirnos de la paz que surge de los acuerdos negociados en La Habana.

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El expresidente Álvaro Uribe, con la habilidad política que el país le conoce, ha dicho que no se opone al proceso de paz sino apenas a algunos de sus elementos: A la justicia transicional, que será administrada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual, para él, es sinónimo de impunidad, y a la elegibilidad de los comandantes guerrilleros, entre otros temas que son para él inaceptables.  ¡Pero eso es oponerse al proceso de paz! 

 En su comunicado publicado el 19 de febrero pasado, además de hacer mención del Decreto de Estado de Sitio por el cual se convocó la Constituyente de 1991, dice:

 Con el Decreto de Estado de Sitio se creó un precedente de riesgo a la democracia, mitigado por el buen juicio de la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

Los arquitectos del riesgo institucional de entonces son los mismos que ahora, en asocio con Farc, se han inventado la manera de conceder impunidad y elegibilidad política a los responsables de delitos atroces, han convertido al narcotráfico en delito político, han inspirado el desconocimiento del Plebiscito y quieren hacer del Fast Track un poder para dictar normas sobre lo humano y lo divino”. 

 Lo anterior significa, ni más ni menos, que de llegar el expresidente Uribe de nuevo al poder, podemos de una vez despedirnos de la paz que surge de los acuerdos negociados en La Habana. El sistema de justicia pactado en ellos es la esencia de los mismos y no contempla cárcel sino restricción de la libertad para los comandantes guerrilleros. La cárcel sería justicia. La restricción de la libertad, impunidad.

Adicionalmente, la certeza de que diez de ellos, al menos, ingresarán al Congreso, así como que el narcotráfico, o el gramaje, que las FARC alegan como su contacto con la droga, sean considerados un delito político, completan el cuadro de lo que le resulta inadmisible.

 En rigor no es que los acuerdos conviertan el narcotráfico en delito político como afirma el expresidente, sino que es considerado conexo a él. Al respecto ,el a. 15 de la Ley 1820/16 excluye el narcotráfico como delito político. Dice:

  “Se concede amnistía por los delitos políticos de "rebelión", "sedición", "asonada", "conspiración" y "seducción", usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos”.

 A su turno, el a. 23 prevé:

 En todo caso, se entienden conexos con el delito político los delitos que reúnan alguno de los siguientes criterios: … c) Aquellas conductas dirigidas a… financiar… el desarrollo de la rebelión”.

 Al reversarse lo acordado, si es que a ello llegamos, incluso pasando por encima del principio de favorabilidad penal, no se necesita ser mago para prever que buena parte de esos 15.000 hombres, entre guerrilleros y milicianos, volverían al monte frente al hecho de que el Estado les habría incumplido, de que serían víctimas de una burla.

 La posibilidad de que el expresidente Uribe llegue de nuevo al poder es una hipótesis realista. Todos conocemos la perseverancia en sus empeños, amén de su aislante teflón que lo protege aún de sus propias contradicciones e incoherencias como las siguientes: Mostrarse partidario de que personas de las FARC o del ELN pudieran ir al Congreso, o fueran sujetos de amnistía o indulto aún para delitos atroces,  como consecuencia de un proceso de paz, que ahora califica como errores suyos del pasado. Dijo en su momento cuando era presidente de la República:  

 Seguramente un acuerdo con las FARC o el ELN va a exigir unas normas mucho más benignas que las que están en la ley de justicia y paz. En la ley de justicia y paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo, al homicidio o al delito culposo vayan al Congreso.”

 la ley de justicia y paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces,seguramente en un acuerdo con las guerrillas eso habrá que llevarlo al texto constitucional”.

 Cuenta con la inmensa mayoría de los militares retirados y de los pastores cristianos y sus familias. El partido Conservador en las vertientes de la doctora Marta Lucia Ramírez y el exprocurador Ordoñez,  estarán acompañándolo por lo menos en la segunda vuelta. Y para remate la situación económica del país no será la mejor pues el PIB estará creciendo apenas a una tasa de alrededor del 2% para este año y para el momento de las elecciones.

 El miedo que tienen muchos “terceros”, es decir, particulares no combatientes de ser llamados por la JEP para que respondan por su conducta en el conflicto armado, jugará un papel importante a su favor, así estos “terceros” sólo puedan ser llamados en el caso extremo de que hayan tenido una “participación determinante” en crímenes atroces. Es lo previsto en el a.28, numeral 8 L. 1820/16 el cual le concede a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, entre otras, la siguiente función:   

 Definir la situación jurídica de quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, en particular respecto de las conductas a las que se refiere el artículo 23 de esta ley (Delitos conexos con el delito político) incluyendo, la definición de la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP, cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos”.

 Hay, pues, “pasos de animal grande”. Ante semejante panorama no cabe más que tomar conciencia de la situación descrita y trabajar por un frente común por la paz en las próximas elecciones presidenciales. Constituirse en “legítimos contradictores” del Centro Democrático en nombre de la convivencia pacífica y la reconciliación. Instituciones como la consulta popular, y sobre todo la doble vuelta en la elección presidencial, que de manera general impide que ganen los extremismos como ha sucedido en Francia, por ejemplo, en las elecciones que enfrentó a  Jacques Chirac con Jean-Marie Le Pen, podrá ayudarnos en esa tarea de salvar la paz que surge de los acuerdos de La Habana. _________________

Añadido: Peñalosa prometió un “metro elevado” en su campaña a la Alcaldía. Quienes lo quieren revocar por mantener esta opción olvidan el a.259 de la C.P. que a la letra dice: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”

 

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