Amarga medicina

Es probable que las extradiciones de la guerrillera 'Sonia' y del narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela la semana pasada tenga a más de un colombiano contento. Nadie duda que la extradición, aplicada en forma selectiva, puede ser positiva. Es una amarga medicina que le ha ayudado al país a enfrentar delincuentes, cuando su poder ha puesto a las autoridades en jaque. También es una efectiva espada de Damocles a la que todos los narcotraficantes y terroristas le tienen pavor y que está llevando a varios de ellos (léase Ralito) a buscar su salida negociada de la guerra.

Sin embargo, desde que ésta dejó de ser excepcional y se volvió masiva -bajo el gobierno de Uribe han sido enviados 260 colombianos para ser juzgados en Estados Unidos- empiezan a vislumbrarse sus posibles efectos nocivos. Hoy es frecuente escuchar a los más acuciosos policías y agentes investigadores colombianos que ya no se molestan con entregarle pruebas a la justicia colombiana contra mafiosos de pueblo pues la ven vulnerable, lenta y, a veces, corrupta. Prefieren darle sus evidencias al FBI, la DEA o la CIA para que estas agencias las presenten ante la justicia estadounidense, abran procesos contra los narcos allá y luego los pidan en extradición.

Esa lógica es perversa para la justicia colombiana ¿Por qué entonces no nos ahorramos trillones y cerramos fiscalías, tribunales y cárceles que lidian con delincuentes peligrosos, y más bien los enviamos todos a Estados Unidos? ¿Es viable un Estado que delegue su justicia en otro? ¿Nos ayuda esta figura a fortalecer nuestra justicia si se vuelve de uso común? No. La relega a un segundo plano y le quita presión social para que sea más expedita. Además condenar el mal nos refuerza como comunidad colectiva, nos hace bien. Con la extradición indiscriminada esto se pierde en gran parte; los que hacen justicia son ellos, no nosotros.

Es de esperar que los estadounidenses aplaudan el incremento de extradiciones. Como debe ser con el gobierno de cualquier país, sus dirigentes formulan políticas que responden a sus propios intereses y a lo que políticamente resulte fructífero frente a sus electores. La extradición puede dar a los líderes estadounidenses réditos políticos ante su electorado porque le pone un rostro extranjero al mal. Se evita así tener que mirar hacia adentro. Además renueva la confianza en la solidez y capacidad de la justicia de su país, a donde sí se castiga con veinte mil cadenas perpetuas a los delincuentes que dañan a los gringos en cualquier lugar del mundo.

Pero hay otra cara de la moneda. Cada vez se están conociendo más casos en los que las autoridades de Estados Unidos negocian con los delincuentes extraditados y les prometen beneficios para ellos y sus familias -incluso libertad y visa- a cambio de que entreguen a peces más gordos. El problema desde el punto de vista colombiano es que esos "peces chicos" en términos de exportación de drogas, pueden ser muy gordos en términos del mal que han hecho en Colombia.

El ejemplo perfecto es 'Simón Trinidad'. Le tienen pocas pruebas por narcotráfico, así que si colaborara podría quizá vivir con los suyos feliz, asoleándose en una playa de Florida con nueva identidad, mientras que aquí sus secuestros y asesinatos quedarían impunes. No es pura especulación, esto ya está sucediendo hoy con algunos narcotraficantes.

Por eso es preocupante que los gobernantes colombianos hayan aceptado la extradición sin siquiera enmarcarla dentro de un tratado que le fije condiciones y límites. Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, tampoco se les hace un seguimiento a los casos para asegurarse de que se cumplan los términos del informal acuerdo de cooperación que hoy rige. Mucho menos han propuesto ajustes para menguar sus posibles efectos secundarios; no han soñado otras soluciones que atiendan mejor nuestras necesidades.

Por ejemplo, extraditar sí, pero limitado a los grandes narcotraficantes y terroristas, y definitivamente no a la extradición de delincuentes que han cometido delitos atroces en Colombia y que, sin embargo, pueden negociar beneficios a cambio de delatar a otros. O quizás sería mejor, con ayuda de los gringos, montar tribunales protegidos y fuertes en Colombia, como se hizo en Italia para desbaratar la mafia, así nuestros buenos policías e investigadores puedan creer en ellos y les entreguen las pruebas. Ya por lo menos tenemos cárceles seguras a donde llevarlos, gracias en parte, hay que decirlo, a la ayuda estadounidense.

Los colombianos somos los únicos que podemos velar porque las políticas que se apliquen en Colombia realmente contribuyan al fortalecimiento del Estado y la justicia colombianos. Y, contrario a lo que piensan muchos de nuestros subyugados dirigentes, sí tenemos un gran margen de maniobra con Estados Unidos para hacer que los remedios made in USA, aun pagados con su dinero, se adapten mejor a nuestros intereses y conveniencias. Es cuestión de carácter y creatividad, pero sobre todo de claridad.

*Editora adjunta de SEMANA