Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/09/10 00:00

La Amazonía: entre el petróleo y los parques naturales

La explotación petrolera en Ecuador y la ampliación de un Parque en Colombia muestran los contrastes de las visiones que se tienen sobre la Amazonía.

Carlos Andrés Baquero Foto: SEMANA

En las últimas semanas los gobiernos de Ecuador y Colombia tomaron dos decisiones que marcarán el futuro de la Amazonía. La administración de Correa decidió terminar lo que se conoce como la Iniciativa Yasuní ITT y solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización de explotación de petróleo que se encuentra en la reserva ecológica del mismo nombre. Por su parte, el gobierno de Santos duplicó el área protegida del Parque Nacional Natural de Chiribiquete, que ahora es de casi 3 millones de hectáreas en una zona con reservas petroleras comprobadas

Aunque las decisiones se tomaron sobre la misma región, sus historias y consecuencias son distintas. En el 2007 el presidente Rafael Correa anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su compromiso por tiempo indefinido de no explotar el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), donde se encuentran el 20% de las reservas de petróleo del país, evitando la  emisión de 407 millones de toneladas de CO2, a cambio de que la comunidad internacional aportara aproximadamente 3.600 millones de dólares (la mitad de lo que obtendría por explotar) a un fondo de capital administrado por el PNUD. 

Por el lado colombiano, la ampliación del Parque Chiribiquete es el resultado de la negociación entre el gobierno y la sociedad civil que pretende frenar el proceso de colonización que amenaza el equilibro inestable de la zona. Una intervención equivocada rompería el ecosistema definido a partir del río, la inmensa vegetación, las pinturas del jaguar que dejaron los chamanes y las gigantes formaciones rocosas

El contraste de estas decisiones muestra dos tensiones que se están entretejiendo en el Amazonas. La primera es la relación entre la consecución de recursos económicos y la protección del medio ambiente. Ecuador echó para atrás la medida de no explotación de las reservas de petróleo, argumentando que la comunidad internacional incumplió su promesa porque sólo otorgó el 0,37% del dinero que se planeaba recolectar. A su vez, Correa expuso que el dinero derivado de la explotación se invertirá en políticas públicas en favor de los ecuatorianos. 

En la balanza del gobierno vecino, pesó más la extracción de 846 millones de barriles de petróleo con un costo aproximado de 7.200 millones de dólares que la protección del ecosistema, atacando uno de los lugares más biodiversos del mundo y aportando a la crisis del cambio climático. El gobierno de Santos hizo el balance contrario, pues favoreció la protección del medio ambiente con la consolidación del parque nacional natural más grande del país. En este nuevo escenario se protegieron 43 especies en peligro de extinción, 313 especies de mariposas y se resguardó la zona que retiene la humedad de la región andina. 

La segunda tensión se encuentra en la protección de los territorios y los pueblos indígenas amazónicos. En el caso de Ecuador, la petición de explotación del presidente Correa pone en peligro por los menos al pueblo Tagaeri y al pueblo Toromenan. Estos dos pueblos indígenas se encuentran en situación de aislamiento voluntario y por lo tanto la protección de su territorio es central para garantizar su derecho a la autonomía y su pervivencia física y cultural. Parece que el Estado ecuatoriano no aprendió la lección, dado que apenas hace un año fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a la consulta previa del pueblo amazónico Sarayaku

En el caso colombiano Roberto Franco, consultor de Amazon Conservation Team, explicó que una de las razones principales de la ampliación del territorio de Chiribiquete es la protección de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario: los Uitoto o Karijona que se ubican entre los ríos Luisa y Yarí, otro grupo de Karijonas entre los ríos Macaya y Ajaju y el pueblo Urumi asentado en la frontera de los ríos Yarí y Mirití. 

Ampliar el parque significa reforzar la protección de estos pueblos, para que no se repita la historia de los Nukak Makú que en 20 años perdieron la mitad de su población como consecuencia del mal proceso de acercamiento con los colonos. Actualmente el pueblo Nukák Makú tiene solamente 450 integrantes y a raíz de su situación en el 2012 la Corte Constitucional emitió una orden para su protección. 

Las decisiones de Correa y Santos muestran las tensiones sobre la definición de la Amazonía en el contexto de las industrias extractivas. En esta ocasión la medida de Santos avanza en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, mientras que la de Correa demuestra un peligroso retroceso. Sin embargo, la decisión final no está tomada y para que el modelo de Colombia sea favorable para mantener sano el “pulmón del mundo”, es necesario que Santos no borre con el codo lo que ha hecho con la mano. 

Para lograrlo deberá realizar el ordenamiento ambiental de toda la región para fijar cuáles otras zonas del Amazonas quedarán excluidas de la explotación económica. A su vez, tiene que resolver la situación de los títulos que ya fueron entregados en la Amazonia, para evitar que casos como los de Cosigo se repitan. Por último, es urgente crear una estrategia regional que impulse la protección con ayuda de los habitantes locales teniendo en cuenta que es imposible “conservar con hambre”

 

*Investigador, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia 

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