Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/04/11 11:18

El tierrero

La propiedad de la tierra está en la raíz del conflicto colombiano y para desenredar este nudo no van a alcanzar un gobierno, ni dos, ni siquiera tres si hicieran la tarea bien hecha.

Ana María Ruiz P.

No hay familia colombiana sin una historia de disputas de tierra en su haber. En parte, esa memoria nace del despojo violento, y en parte de las inconsistencias de la propiedad sobre terrenos no formalizados. La informalidad en los títulos de la tierra en este país es tan común como el arroz en el almuerzo: que ese lote se lo pagué a fulano que había heredado de sutano, y resulta que la hermana del primo del nieto del socio dice que no, que ese potrero era de él porque su abuelo se los había dejado en vida. No hay tienda de pueblo que no haya escuchado estos reclamos, ni caserío que no haya visto cómo se tejen hasta la muerte estas disputas.

Dos siglos de desidia del Estado que parece diseñada para evitar que, de cualquier manera, los campesinos sean colombianos en plenitud de derechos. ¡Que se las arreglen, y si no, que se maten entre ellos! parece leerse en la norma no escrita que ha impedido década tras década arreglar tamaño obstáculo a la convivencia y a la normalización de la vida productiva.

En este país que ha sabido tramitar cada oprobio con uno mayor, los efectos nefastos de la informalidad en las reglas de la propiedad de la tierra se volvieron un problema menor, cuando lo que ha tocado vivir es el despojo por vía de fusil. La “reforma agraria” de los paramilitares con la que inauguramos el siglo dejó ríos de hombres y mujeres sin arraigo mientras el Estado asistía de brazos cruzados al espectáculo de la diáspora.

Algún día tenía que comenzar a enmendarse esta injusticia. La Ley de Víctimas de 2011 tiene ese propósito, reparar de manera integral el daño, entre otras, con medidas de restitución. La ley busca devolver la tierra a sus anteriores pobladores, a los despojados, y el oficio de la política de restitución es comenzar a poner este asunto en orden: hay jueces de restitución profiriendo fallos y funcionarios trabajando para que las víctimas sean reparadas.

No la tienen fácil. Aquí donde no existen propietarios en el pleno sentido de la palabra, la reconstrucción de los procesos de posesión lleva a recurrir a la memoria de unas gentes que, antes de que llegaran los despojadores, habían vivido ahí, posiblemente desde generaciones atrás, que ahí trabajaban, ahí crecían sus hijos, ese lugar era su casa. Se adelanta un proceso complejo de reconstrucción y restablecimiento de derechos; no con la celeridad que se quisiera, ni con la eficacia que se espera; pero por fin comenzó.

La dinámica del despojador, y la lógica simple, indican que unos tipos como ‘Jorge 40’ o el ‘Alemán’, por ejemplo, no expulsaron a tanta gente para ir a tender sus hamacas en las tierras expropiadas a la brava; ahí llegó gente, seguramente tan desamparada como la que fue expulsada antes, para ser alguien, para tener algo, a cambio de la obediencia a un patrón que les facilitó enderezar la vida.

Esa es una realidad de a puño. Donde uno fue expulsado, otro se asentó. En este país sin registros notariales, informal e ineficaz para llevar registros de nada menos de las tierras ignotas, es obligación de cualquier funcionario del Estado dimensionar la complejidad del asunto y atender los casos particulares sin exacerbar los espíritus de la galería. Hacer cumplir la ley, eso es lo que les toca.

Una cosa es que el estado no actúe por ineptitud, y otra bien distinta porque sus funcionarios lo sabotean desde adentro. Ahí mismo donde los paramilitares han ejercido su dominio, en el corazón del Magdalena, esta semana el Procurador Ordoñez fue a dar un discurso veintejuliero llamando a reformar la Ley de Víctimas, alentando al movimiento anti restitución de tierras y a las fuerzas que han impedido por cualquier medio que se ejecuten los fallos de los jueces de restitución. El Procurador, encargado de defender los derechos de la gente, erigiendo su propia imagen política sobre el drama de los despojos. Vivir para contarla.

La propiedad de la tierra está en la raíz del conflicto colombiano y para desenredar este nudo no van a alcanzar un gobierno, ni dos, ni siquiera tres si hicieran la tarea bien hecha. Va a tomar generaciones enderezar este desmadre, si es que empezamos ahora; si el Procurador, las fuerzas anti restitución, la bacrimpolítica y todas sus huestes lo permiten.

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