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Opinión

  • | 2015/04/06 18:10

    Escobar y los toros

    A muchos nos hizo ruido que la tutela de la Corporación Taurina contra la Alcaldía de Bogotá fuera una de las seleccionadas por la Corte para revisión, pese a haber sido negada por dos juzgados el mismo año.

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Es inevitable que la debacle ética de la Corte Constitucional y los líos con la justicia que podrían enfrentar algunos de sus magistrados por posibles delitos de corrupción, nos lleven a preguntarnos si nuestros temas de principal interés también fueron negociados.

A muchos nos hizo ruido que la tutela de la Corporación Taurina contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, por la suspensión del contrato de la Santamaría en 2012, fuera una de las seleccionadas por la Corte para revisión, pese a haber sido negada por dos juzgados el mismo año.

No sólo porque de casi 450.000 tutelas que se interponen y fallan cada año en Colombia, en su mayoría por vulneraciones al derecho a la salud, la Corte apenas estudia entre el 0.67 y el 2.2 %, sino porque hoy sabemos que el proceso de selección de tutelas para revisión es altamente discrecional y adolece de criterios garantistas. Los magistrados simplemente escogen las tutelas que quieren revisar y la Corte no exige explicación ¡Vaya suerte la de los taurinos!

Pero fácilmente habría podido predecirse que la tutela de la Corporación sería seleccionada, por ser el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, mismo del que hoy hablan los medios de comunicación por su papel clave en el “caso Pretelt”, el apoderado judicial de la Corporación Taurina de Bogotá.

Lo sospechoso es que la tutela de los toros hubiera llegado justo a la sala segunda de revisión, integrada por Mauricio González Cuervo (ponente) de quien, como dice Coronell en su columna ‘La terna del doctor salsa’, “poco hay que esperar en materia de independencia judicial”; Luis Guillermo Guerrero, de cuyo voto era dueño el mismo Escobar Gil (Ver columna) y Gabriel Mendoza, cuyo salvamento de voto nos dio un poco de aire. Pero como supuso Escobar en el caso Fidupetrol: teniendo dos magistrados a favor, el tercero no haría falta.

La pregunta es ¿por qué con los toros?

No hay que entender del exclusivo mundo taurino para saber que, aunque el debate se arrope con retórica de derechos y libertades, el fondo no es más que un negocio. A costa del usufructo del bien público Plaza de toros la Santamaría, la Corporación Taurina apenas le retribuyó a los bogotanos, en 2012, 1.340 millones de pesos, de más de 10 mil 310 millones que recibió, y ni un solo peso por comercialización o activaciones de marcas de los patrocinadores.

Un negocio que, además, entre 2001 y 2008 tuvo ganancias adicionales por “falta de cobro y fiscalización oportuna” de los impuestos de azar y espectáculos y fondo de pobres, hoy integrados, por un monto aproximado de 5.200 millones de pesos, según la Contraloría de Bogotá (Gobierno/PAD 2008/Fase II/SDH). La maniobra que le permitió a la Corporación esta exención tributaria, precisamente a través del contrato cuya revocatoria provocó la tutela, es otro tema.

Lo cierto es que en la sentencia de los toros, Rodrigo Escobar Gil también parece haber sido “el eslabón”.

*Vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional.
Twitter: @andreanimalidad
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