Los toros de Peñalosa

Tras cuatro años de suspensión, las masacres de toros regresan a Bogotá. Entre enero y febrero de 2017 habrá cinco corridas y una novillada, más dos novilladas en agosto (legado de la izquierda miope y tradicionalista). Como era de esperarse, el concesionario será la Corporación Taurina de Bogotá que llega “remasterizada”. El nombre de su alianza con la Corporación Taurina de Manizales, “Consorcio Colombia Taurina”, sugiere una suerte de misión reconquistadora de todo un país.

Como “Dios los cría y ellos se juntan”, nuevamente es Peñalosa quien tiene el gusto de entregarle la plaza a los taurinos. Lo hizo en 1999 cuando firmó el contrato de arrendamiento que, renovado automáticamente una y otra vez, le permitió a la Corporación usufructuar la plaza con beneficios tributarios incluidos. Además, en el año 2000 la condecoró. Mediante el decreto 1091 le otorgó la “Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Oficial” por mantener la tradición, darle oportunidad a matadores y novilleros colombianos, generar empleo y promocionar la ciudad. Eso es coherencia.

Nada le vino mejor al alcalde que la sentencia de tutela de 2013 que ordenó reabrir la Santamaría para toros. Como un verdadero acatador de normas se amparó en ella, previo a lo cual anunció, al llegar a la alcaldía en enero de este año, que de regresar los toros a Bogotá sería el primero en salir a marchar. Y en efecto, organizó marcha para septiembre. Lo habríamos preferido, no marchando, sino en su despacho, reunido con académicos del derecho, buscando salidas jurídicas.

Precisamente, lo que hizo el gobierno de Cataluña la semana pasada, un día después que el Tribunal Constitucional de España tumbara la prohibición de las corridas de toros que durante seis años aireó a esta provincia, gracias a una Iniciativa Legislativa Popular. Con la dignidad de un gobierno que defiende su autonomía territorial, su política ambiental y la voluntad popular que expresa consensos éticos, el parlamento catalán, el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat anunciaron que desobedecerán la decisión del Tribunal, nacida de un arrebato del Partido Popular que representa la derecha y el centralismo españoles.

Pero claro, para eso hay que tener coraje, vocación política, claridad ética y un profundo respeto por la vida en cualquier empaque.

¿Debemos continuar buscando y abriendo caminos jurídicos para que los animales sean respetados? ¡Sin duda! Reclamos como el del reconocimiento de derechos fundamentales para los animales y equidad para minorías históricamente excluidas, con su rico bagaje argumental y concesos colectivos de fondo, son el material del derecho del futuro.

Pero también, es momento de retomar la esencia beligerante, disconforme y tozuda del movimiento social. Las mieles de la complacencia política y el confort de la acartonada participación institucional han debilitado su fuerza reivindicatoria e, incluso, distorsionado sus fines.

La respuesta a la embestida taurina del Consorcio y el alcalde debe ser la “temporada antitaurina”. Con más fuerza que nunca, los animalistas debemos continuar alzando la voz para exigir respeto a los animales, hacer públicos nuestros argumentos y mantener vivo el debate, honrando el imperativo no violento de nuestra lucha. ¡Nos vemos en enero en la Santamaría!

* Candidata PhD. Derecho Universidad de los Andes. Vocera en Colombia AnimaNaturalis Internacional. En Twitter: @andreanimalidad