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Opinión

  • | 2014/07/11 00:00

    Andrés Arias, AIS y paramilitarismo

    El hoy condenado exministro de Agricultura y Desarrollo Rural aún no ha explicado cómo fue que uno de los incentivos de Agro Ingreso Seguro llegó a la empresa de un confeso financiador de las Auc.

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Una de las empresas beneficiadas en Antioquia con los incentivos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) fue la firma Clamasan S.A. Para la época de la repartición de esos subsidios, su representante legal era Juan Santiago Gallón Henao, un confeso financiador de diversas facciones armadas de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

De acuerdo con los registros que en algún momento hizo públicos el programa AIS, esta empresa, cuya domicilio aparentemente es el municipio de Puerto Berrío, recibió 143 millones 612 mil 640 pesos en el año 2007 bajo la figura de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Su negocio es la cría, levante, ceba y comercialización de animales.

Esta compañía se constituyó mediante escritura pública número 367 de la Notaría 14 de Medellín el 26 de marzo de 2003 y fue registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 23 de mayo de ese mismo año. En ese momento, se configuró como una sociedad anónima (S.A.). 

Detrás de Clamasan S.A. está Luis Santiago Gallón Henao, un nombre que no era ajeno a los grupos paramilitares que, a finales de la década de los noventa, comenzaron a operar en diversas regiones de Antioquia. Sus señas aparecen en varios expedientes judiciales con los alias de ‘don Santi’ y ‘don Ese’ en relación con investigaciones sobre la conformación y financiación de grupos armados ilegales en el Nordeste antioqueño, particularmente en el eje Cisneros-Puerto Berrío.

De hecho, basados en un conjunto de interceptaciones telefónicas, en una de las cuales se hablaba de armas y en otra conversaba en términos muy amistosos con Jacinto Alberto Soto Toro, contador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), la Fiscalía General de la Nación expidió la orden de captura N° 231 con fecha del 10 de junio de 1998, sindicándolo del delito de conformación de grupos ilegalmente armados. En esa época no se hizo efectiva y fue procesado como persona ausente.

Curiosamente, la misma Fiscalía entró en contradicciones y en una decisión sospechosa modificó su visión del caso el 10 de diciembre de ese mismo año y determinó que esa orden de captura no resistía el menor análisis jurídico. “¿Dónde dice con claridad meridiana que las conversaciones interceptadas se refieren a Juan Santiago Gallón Henao? ¿De dónde surgió la hipótesis, en el expediente, que el sindicado tiene nexos con paramilitares para efectos de delinquir?”, se preguntó el Ente acusador, y desestimó el caso. Esa misma postura fue adoptada por la Procuraduría General de la Nación, que en un pronunciamiento del 9 de junio de 1999 afirmó que “lo que existe en disfavor del sindicado Juan Santiago Gallón Henao probatoriamente es equívoco”. La investigación fue precluída el 2 de julio de 1999.

Diez años después se demostró que la hipótesis inicial de la Fiscalía General de la Nación era cierta. Un exparamilitar llamado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, conocido como ‘el canciller de las Auc’, y hombre de confianza del poderoso jefe de esa organización armada, Vicente Castaño Gil, confesó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que Gallón Henao fue uno de los financiadores del paramilitarismo en Antioquia.

Esas declaraciones llevaron a la Fiscalía 29 Especializada de Medellín a expedir una nueva orden de captura contra el entonces representante legal de la empresa Clamasan S.A., y ante esa decisión, Gallón Henao se presentó de manera voluntaria ante las autoridades el 10 de julio de 2009. Ante la evidencia de los hechos, se acogió sentencia anticipada, aceptando el cargo de concierto para delinquir agravado en calidad de financiador de financiador de grupos paramilitares, razón por la cual fue sentenciado a 39 meses de prisión. Sus testimonios precisaron que aportó voluntariamente dineros al bloque Metro de las Accu y a los bloques Cacique Nutibara, Suroeste, Central Bolívar y Héroes de Granada de las Auc.

Días antes de su entrega a la justicia, Gallón Henao renunció al cargo de representante legal de Clamasan S.A. En carta fechada el 23 de junio de 2009, anunció su dimisión y se nombró a Claudia Mercedes Vargas, según consta en el Acta de reunión de junta directiva número 84 del 1 de julio de ese año. La señora desempeñó ese puesto hasta el 1 de octubre de 2012, cuando presentó su renuncia, acto que quedó registrado en el Acta número 14 de ese día, y de inmediato se nombró a Mariana Gallón Aristizábal, quien estuvo en ese cargo hasta el 21 de junio de 2013, día en el cual renunció, según consta en el Acta número 20. Ese día se eligió como representante legal y gerente a Santiago Álvarez Castro.

Varias preguntas surgen a propósito de la condena que le impuso La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Arias: ¿Cómo llegó Clamasan S.A. a recibir subsidio de Agro Ingreso Seguro? ¿Fue por recomendación del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con quien Gallón Henao y sus hermanos tuvieron negocios de propiedad raíz justamente en el eje Cisneros-Puerto Berrío? ¿Se pagaron viejos favores con recursos del Estado? ¿Esa es una de las razones por las cuales ahora se suma a la lista de colaboradores del senador electo en el extranjero, en lugar indeterminado?

De otro lado, es importante comenzar a discutir sobre la tesis de la responsabilidad de los financiadores de grupos paramilitares en los delitos perpetrados contra la población civil. No puede descartarse que sus aportes, en dinero y material logístico, fueron invertidos en la comisión de masacres, homicidios selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, reclutamiento ilícito de menores y abusos sexuales contra las mujeres. Como compensación a tanta barbarie, las sentencias condenatorias de esos empresarios deberían incluir la entrega de sus bienes para la reparación a las víctimas. 

A Gallón Henao no le pudo ir mejor: aportó dineros a grupos paramilitares y por muchos años fue protegido por la justicia; en compensación, recibió un subsidio del Estado para su empresa familiar y fue sentenciado solamente a 39 meses de cárcel. ¿Igual tratamiento recibirán otros empresarios cercanos al senador electo Álvaro Uribe Vélez involucrados en el proyecto paramilitar de las Accu y Auc? La justicia tendrá la última palabra.

*En Twitter: @jdrestrepoe
Periodista y docente universitario.
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