¿Cuál es verdadero papel de las víctimas en el fin del conflicto de Colombia?

La declaración de este miércoles del presidente Juan Manuel Santos asegurando que “este puede ser el año en que termine el conflicto armado que hemos sufrido por más de medio siglo”, es lo que esperamos en Colombia y en muchos países amigos. Asimismo deseamos que se produzca el desescalamiento del conflicto: que las FARC abandonen la práctica del secuestro, la reclusión de menores, el uso de minas antipersona, contribuyan con el desminado y que informen sobre la suerte de los desaparecidos.

El presidente Santos también señaló que en el proceso de La Habana ya se están discutiendo los dos últimos puntos de la agenda, que son los Derechos de las Víctimas y el Fin del Conflicto propiamente dicho.

Por consiguiente, es pertinente profundizar en el siguiente enunciado consignado en el Acuerdo General de La Habana: “El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”, y lo que indica el punto 5 de la Agenda: “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”.

Llamo la atención en este punto porque las víctimas no sólo debemos ser llamadas a participar en los diálogos de paz para dar testimonio de nuestro dolor, dolor que Colombia y el mundo conocen desde hace años. Las víctimas tenemos otro papel fundamental, que consiste en ser garantes del cumplimiento de nuestros derechos. Esto no sólo debe quedar en el papel, sino demostrarse con hechos:

-    Las FARC tienen que reconocer a la totalidad de sus víctimas, aceptar la responsabilidad en las atrocidades cometidas y pedir perdón.

-    El Estado tiene la obligación de garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas y para ello debe velar por la aplicación de la justicia.

Por eso, el reto para las partes es ser capaces de llegar a un acuerdo final en el marco de la justicia transicional con el aval de la comunidad internacional, sin que haya impunidad. Hay diferentes modelos de aplicación de justicia y se debe recurrir a ellos, pues, como muchos lo han afirmado, es inverosímil pensar que después de esta historia de conflicto no haya condenas. País Libre presentó en octubre del 2004 y septiembre del 2010, ante la Corte Internacional de La Haya, denuncias en contra de las FARC, soportadas en más de 30.000 casos de delitos de violación de los derechos humanos .

Asímismo, es importante recordar la advertencia de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre nuestro Marco Jurídico para la Paz, en las dos cartas dirigidas a la Corte Constitucional en julio del 2013: “Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalida la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido autenticadas” Y puntualizó: “Debido que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”

Por tanto, si deseamos que nuestro Proceso de Paz sea creíble, sostenible a largo plazo y que en el futuro no aparezca un juez en otra parte del mundo y demande a las FARC, tiene que haber condenas. Como bien lo manifestó Shlomo Ben Ami, excanciller israelita y asesor del presidente Santos: “eso lo exigen la razón, la lógica, la opinión pública y la comunidad internacional.”  

Las víctimas tenemos que ser llamadas de manera real a participar en el proceso para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; tenemos derecho a conocer toda la verdad de los hechos, a que se haga justicia, nos reparen y nos den garantías reales de no repetición. Y esto sólo se logra estando verdaderamente en el centro del proceso, no desde la posición marginal y débil que hasta ahora nos han dado.

(*) Participante en los Diálogos de la Habana como hermana de Francisco Giraldo, diputado del Valle del Cauca secuestrado y asesinado por las FARC.