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Opinión

  • | 2015/02/14 22:00

    Amigos y enemigos

    Sería ilegítimo, e investigable judicialmente, que les hicieran a Uribe y a los suyos chuzadas telefónicas sin orden de un juez, bien por parte de servicios de inteligencia del Gobierno o de un ‘hacker’ informático contratado para tal efecto. Es solo un ejemplo.

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Conocemos su paranoia, sí. Pero ¿y no será que Uribe, además de sufrir delirios de persecución, es en realidad un perseguido? Suele suceder que las dos cosas coincidan. ¿No será que, al lado de la persecución judicial –como abusivamente llaman los uribistas a la investigación por los fiscales de sus presuntos delitos, y a su juicio y condena por los jueces por delitos probados–, hay también persecución política contra ellos?

La verdad es que sí. Los persiguen políticamente: con medios políticos, para fines políticos, y por motivos políticos. Con discursos y artículos de prensa; para impedir que vuelvan al poder; y por miedo de que eso ocurra. Pero la persecución política no es un crimen, como pretenden ellos cuando corren a poner su queja de víctimas ante el Congreso norteamericano en Washington y ante la Comisión Europea en Bruselas. Es un acto político. Como lo es también, dicho sea de paso, el viaje de denuncia de Uribe y los suyos: una gira política de visitas a instancias políticas (no van a la Corte de Justicia de La Haya ni a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA), para buscar apoyos políticos.

Todo en Uribe es político, lo sabemos también. Recuerdo una entrevista que le hizo María Isabel Rueda a Lina Moreno de Uribe, quien le contó que, recién casados, “fuimos a la plaza a comprar unos terneros y terminó saludando a toda la plaza. Yo pensé que era de querido, pero era de político”. Lo que él ahora llama “persecución”, porque va dirigida contra él, y llamaba “defensa de la seguridad nacional” cuando la dirigía él contra otros, es sencillamente una de las formas del juego de la política. De sus formas legítimas: las que no trasponen las normas de la democracia o las leyes de la República. Sería ilegítimo, e investigable judicialmente, que les hicieran a Uribe y a los suyos chuzadas telefónicas sin orden de un juez, bien fuera por parte de los servicios de inteligencia del gobierno para rendirle informes al presidente actual, bien por parte de un hacker informático especialmente contratado para tal efecto. Es solo un ejemplo. O, para poner otro, que fabricaran pruebas o compraran falsos testimonios de delincuentes presos para enredarlos ante la justicia, como se hizo bajo el gobierno de Uribe contra los magistrados que él consideraba enemigos políticos.

Porque tal cosa existe, por supuesto: hay enemigos políticos, así como hay políticas contrapuestas. Lo son, frontalmente, la política de paz negociada con las guerrillas que adelanta ahora el presidente Santos y la política de guerra total que practicó el expresidente Uribe durante sus ocho años de mandato, y a la cual quiere ahora reconvertir al país desde la oposición. Por ella lo eligieron y lo reeligieron en su momento, como a Santos lo reeligieron por la política de paz que, sorpresivamente, decidió emprender desde que empezó su primer gobierno. Al margen de sus estilos respectivos, y del odio que se tienen los dos, eso de la paz y de la guerra es casi lo único que los separa. En lo demás –política económica, sometimiento ante los Estados Unidos, etcétera– son prácticamente iguales e intercambiables. El enfrentamiento entre ambos no debería pasar a mayores, provocando como lo hace una polarización del país cada día más amplia y agria entre dos bandos, si no fuera porque para Uribe la política se reduce a la relación-distinción de amigo y enemigo. Un reduccionismo que toma del politólogo alemán Carl Schmitt, conciencia jurídica del Tercer Reich hitleriano, y que convierte todas las discrepancias en choques irreconciliables. En “contradicciones antagónicas” en el sentido marxista. Para Uribe, como para Schmitt (y tal vez esa influencia le haya llegado por la inesperada vía de su asesor ideológico local José Obdulio Gaviria), los conflictos de la política son necesariamente antagónicos, y en consecuencia no pueden resolverse sino mediante el choque de la fuerza.

Decía aquí mismo la semana pasada que según los psiquiatras forenses el síndrome paranoico del perseguido-perseguidor es altamente peligroso para el orden público.
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