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Opinión

  • | 2014/12/13 22:00

    Delito político

    Las causas del narcotráfico son políticas: la ilegalización de ciertas drogas, con el efecto de convertir su comercio en una actividad inmensamente rentable (gracias al costo de sus delitos conexos).

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No es verdad que el presidente Santos haya propuesto convertir el narcotráfico en delito político. Esa es solo una más de las tergiversaciones de mala fe con que los enemigos de la paz –el senador Uribe, el procurador Ordóñez- tratan de sabotear el proceso de diálogo con las guerrillas. Ni Ordóñez ni Uribe son lo bastante tontos como para creer su mentira: pero las manadas de tontos que los siguen les creen todo lo que inventan.

Lo que ha sugerido Santos es que el narcotráfico, que efectivamente practican las Farc, sea considerado un delito conexo con su delito, político ese sí, de rebelión.

Una obviedad, claro está. Pues no solo el narcotráfico, sino todos los delitos que cometen las Farc son conexos con el de rebelión, que sin ellos no podría darse. Para la rebelión se necesitan armas: y es un delito portar armas sin permiso (y no digamos ya usar esas armas contra los agentes de la autoridad, que es la traducción a la práctica de la palabra rebelión). Y para mantener la rebelión se necesita dinero, que las Farc se han procurado con toda suerte de delitos comunes: robando ganado, atracando bancos, boleteando, extorsionando, secuestrando. Prohibir que tales delitos sean considerados conexos con los propiamente políticos es negar la posibilidad de que estos últimos existan. Y encontrar que de entre todos ellos el más grave y terrible es el de traficar con drogas ilícitas, comparable en el daño que causa con el genocidio y otros crímenes contra la humanidad, es una tontería.

Se escandaliza el procurador Ordóñez: “Lo que buscan (Santos y los suyos) es permitir la participación política de los peores criminales del hemisferio”. Y sí, de eso se trata: de que los guerrilleros, cuando dejen de serlo en virtud de los acuerdos firmados en La Habana, y de pasada dejen sus actividades de narcotráfico como han prometido hacer si los acuerdos se firman, participen en política. Se indigna el senador Uribe: “El narcotráfico ha sido conexo con el terrorismo, no con fines políticos altruistas”; y el crimen de Santos es “no llamar terroristas a los terroristas” y considerarlos “actores políticos”. Y sí, también: de eso se trata. De encontrar una salida política para la confrontación armada que dura ya medio siglo. Y es a eso a lo que se oponen con pies y manos Ordóñez y Uribe y los suyos.

Dicho todo lo anterior, yo sí propondría ante quien corresponda (¿el Congreso? ¿La Asamblea General de la ONU? ¿La Corte Penal Internacional?) que el narcotráfico sea tipificado como delito político. No hablo de los delitos que son conexos con él, y lo hacen posible y rentable: el asesinato, el soborno, el lavado de dinero. Sino del narcotráfico mismo, o sea, del contrabando de drogas prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos.

Sus causas son políticas: la ilegalización de ciertas drogas, con el efecto de convertir su comercio en una actividad inmensamente rentable (gracias al costo de sus delitos conexos). Sus consecuencias son igualmente políticas: todas las guerras civiles del mundo son financiadas por el narcotráfico (incluyendo algunas amparadas por el mismo gobierno que en teoría lo persigue, como la de los “contras” en Nicaragua). Y el delito en sí mismo es político a más no poder: nada menos que la burla de las leyes impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, y que este es incapaz de hacer cumplir en su propio territorio.

Por otra parte, es un hecho que ese delito está en camino de dejar de serlo. La descriminalización del consumo, y, como consecuencia necesaria, de la producción y la distribución, avanza en todo el mundo. Por pedazos: por drogas (la marihuana y el haschisch) y por países (Uruguay) o fragmentos de países (ciudades europeas, estados norteamericanos). Con lo cual el problema jurídico empieza a ser otro: el de qué va a pasar con los cientos de miles de personas condenadas por ejercer un tráfico que se ha vuelto legítimo.
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