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Opinión

  • | 2015/06/20 22:00

    Enemigos de la verdad

    Parece como si ahora se pretendiera no una “verdad negociada”, como la descalifica el procurador, sino una negación negociada de la verdad.

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(Este es el texto de mi participación en un conversatorio sobre la anunciada Comisión de Esclarecimiento, organizado por la asociación de oficiales militares en retiro, Acore, el jueves pasado). Se propone en la Mesa de Conversaciones de La Habana la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para ver si se consigue desbrozarle el camino al fin del conflicto armado en Colombia. El nombre completo es ese, aunque han dado en llamarla por comodidad Comisión de la Verdad a secas. Lo cual se presta a malentendidos y a discusiones sin fin. Una Comisión de la Verdad sería demasiado pretenciosa. La Verdad con V mayúscula no existe. Ni siquiera en las matemáticas. Y menos en algo tan vago, tan cambiante, con tantos participantes y tan diversos puntos de vista como la historia. Lo que puede alcanzarse es, en el mejor de los casos, una aproximación a la verdad, si la tarea se emprende de buena fe. Una verdad, digamos, acordada, consentida, hecha de sumas y de restas de verdades fragmentarias.

Esa sería “una verdad negociada”, la condena desde ya el procurador general Alejandro Ordóñez. La descalifica de antemano, alegando su propia sospecha, o certidumbre, de que será una verdad hechiza, fabricada, impuesta por las FARC, que no tendrá otro objeto que el de “culpar a todos para exculparlas a ellas” y echar toda la responsabilidad de la barbarie de los últimos 50 años sobre el Estado y sus Fuerzas Armadas.

Mi opinión –y en esto de las verdades históricas todo es opinión, tanto la del procurador como la mía, o como la de las propias FARC-, mi opinión es que el procurador Ordóñez es el paradigma de eso que desde los tiempos en que se empezaron a organizar las primeras comisiones de paz, hace muchas décadas, se ha llamado “enemigos de la paz”. Aquellos que quieren, por interés personal o por convicción política, que siga la guerra. Y que para que su postura sea presentable en estos tiempos de orwelliana corrección política tienen que justificarla siendo, para empezar, enemigos de la verdad.

Pongo a Ordóñez como ejemplo por su alta posición institucional, que le da peso a sus intervenciones. Pero también son enemigos de la paz, y por eso mismo enemigos de la verdad, unos cuantos de los aquí reunidos. Algunos de ustedes, señores oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, y de ustedes, señores panelistas de este conversatorio. A Plinio Apuleyo Mendoza, por ejemplo, le he leído a lo largo de su vida –y de la mía– varias verdades sucesivas. La de un viejo cuento suyo –pero era un cuento: mera literatura– sobre unos admirables guerrilleros liberales de los años cincuenta que no entregaron, sino que enterraron las armas. Y, 50 años después, la de sus artículos de exaltada defensa al general Rito Alejo del Río, condenado por la Justicia. Creo que todos tienen, que todos tenemos, una verdad parcial e incompleta. Y a veces una verdad solamente ideológica, preconcebida, anterior a la verdad establecida. Como dice el procurador Ordóñez hablando, no de la suya, sino de la de los otros, “predeterminada”. Por eso se oponen a que se intente establecer de manera imparcial en la medida de lo posible. Llamándola, sin conocerla todavía, “verdad negociada”, como lo hace Ordóñez, o “verdad oficial”, “verdad convenida”, “verdad por decreto”, “verdad mentirosa”. Y todo esto, ya digo, precautelativamente: antes de que la Comisión encargada de investigarla haya sido convocada, y cuando apenas ha sido propuesta. Presumiendo la mala fe ajena.

No es la primera vez que esto sucede. Del mismo modo fue recibido hace unos meses el variopinto informe de los 14 académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Que fue, según Ordóñez, “una instancia manipulada y manoseada hasta la saciedad por las FARC” que “produjo una serie de informes que, con excepción de uno, obedecieron a un guion predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia”. Y así fue recibido también, hace dos años, el estudio ¡Basta ya! preparado por el Centro de Memoria Histórica. Y así, hace más de 50, el libro La violencia en Colombia de Eduardo Umaña Luna, monseñor Germán Guzmán y Orlando Fals Borda, que contaba los horrores de la violencia partidista. Todos a una, jefes liberales y conservadores que habían propiciado y alentado esa violencia negaron en redondo que hubiera existido. Lo que decían los tres autores del libro eran mentiras.

Parece como si ahora se pretendiera, como se pretendió entonces con éxito, no una “verdad negociada”, como la descalifica el procurador, sino una negación negociada de la verdad. Un olvido deliberado y pactado, como fue entonces el que dio origen al Frente Nacional del reparto político entre conservadores y liberales. Y militares: pues no hay que olvidar que el convenio que originalmente se llamaba “Pacto Civil” cambió su nombre por el de “Nacional” para incluir a las Fuerzas Armadas y dejar las culpas de la dictadura militar sobre los hombros solitarios del general Gustavo Rojas Pinilla. Un pacto de silencio.

Un pacto de silencio que, sin ninguna duda, fue una de las principales causas de la violencia posterior. Esta en la que estamos hundidos todavía.

Y es inevitable repetir la repetidísima frase de Santayana: el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla.
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