Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2015/04/04 22:00

    Mala fe

    Hay casos de delitos en los que casi no cabe la presunción de inocencia, y que más bien casi podrían ser considerados casos de flagrancia. Uno de ellos, clamoroso, es el de la compra de tierras a menosprecio en una región dominada por el paramilitarismo y en donde las ventas forzadas, o pagadas a las viudas, eran en esos años criminales de ocurrencia cotidiana.

COMPARTIR

Lo que le ha caído encima al magistrado Jorge Pretelt no es un linchamiento, como denuncian algunos (y él mismo el primero). Es cierto que le ha tocado ser el chivo expiatorio que carga con todos los pecados de su tribu: pero el hecho de que lo critiquen y ataquen en gavilla no significa que sea inocente de los distintos delitos que se le endilgan. Más preocupante sería, me parece, que lo defendieran en gavilla.

A Pretelt no lo exime de culpa en el presunto cohecho de que se le acusa el que otros magistrados –o aun todos– hayan hecho lo mismo: argumento con el que se defiende y amenaza a sus colegas de la corte, como el héroe bíblico Sansón cuando derrumbó sobre sus enemigos las columnas del templo filisteo gritando: “¡Muera yo y mueran los filisteos!”. Del mismo modo, a Ernesto Samper no lo eximía de culpa en la financiación de su campaña presidencial con plata del narcotráfico el que muchos candidatos –o todos– se hubieran financiado de la misma manera desde que la plata del narcotráfico existe. Samper logró que la Cámara de Representantes votara por mayoría la preclusión de su caso. Pero el hedor perdura.

Como perdura, también, la plata del narcotráfico. O por eso mismo. Otro expresidente, Uribe esta vez, acusa a su sucesor el presidente Santos de haberla recibido también él, cuando era el candidato del propio Uribe. Y algo debe saber este de esa clase de maromas, pues era senador y samperista cuando ocurrió lo de Samper.

Que los vicios sean viejos y compartidos no los hace menos vicios. Por el contrario: los agrava.

Al magistrado Pretelt tampoco lo exime de otro delito, por el que también lo investigan, el alegar ignorancia y buena fe. Se trata de la compra de unas fincas en el Urabá antioqueño, hace 12 años, a campesinos desplazados a la fuerza por los paramilitares de Monoleche, lugarteniente de los criminales hermanos Castaño. Pretelt se indigna, y denuncia que el fiscal “desborda sus competencias” cuando se atreve a “llamar a mi señora por delitos de lesa humanidad”, como si estos dejaran de serlo por involucrar a la señora de un magistrado. Pero su indignación conyugal no es un argumento válido, dadas las particularidades del caso, lleno de detalles que podrían ser considerados agravantes. Como estos dos: uno, que el registro de la compra se hizo ante el notario segundo de Montería, Lázaro de León, en cuyo despacho al parecer se registraron docenas de títulos de tierras despojadas a sus dueños por la fuerza en Córdoba y Urabá, teatro de los desmanes de las ACCU en los años más sangrientos del paramilitarismo. Y otro, que la escritura no la firmó el propio Pretelt, sino su señora –porque él, explica hoy, “se hallaba ausente”–, para revenderle a continuación los predios a su marido por el triple de lo pagado por ella.

Eso huele mal. Y no es un abuso de género contra la señora del magistrado, sino una obligación del fiscal investigarlo. Pues tampoco es un atenuante, sino un nuevo agravante, el que los implicados sean una alta funcionaria de la Procuraduría y su marido, presidente de la Corte Constitucional: un ejemplo más del ya rutinario síndrome del “usted no sabe quién soy yo”.

Hay casos de delitos en los que casi no cabe la presunción de inocencia, y que más bien casi podrían ser considerados casos de flagrancia. Uno de ellos, clamoroso, es el de la compra de tierras a menosprecio en una región dominada por el paramilitarismo y en donde las ventas forzadas, o pagadas a las viudas, eran en esos años criminales de ocurrencia cotidiana. Hay regiones enteras de Colombia en donde la excusa de la buena fe en tales negocios no es verosímil. Y menos todavía cuando el comprador es un experimentado ganadero de la zona que además es jurista.

Hay veces en que el recto principio jurídico de “verdad sabida y buena fe guardada” podría con razón torcerse en su contrario: “Verdad negada y mala fe guardada”.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.