Justicia ciclán

Entre la Corte Constitucional y el Senado le caparon dos cosas a la JEP, justicia especial de paz: un testículo y un ojo. Le cercenaron un testículo: eliminaron la inclusión en su jurisdicción de los “terceros”, es decir, de los no combatientes directos y armados (guerrilleros o militares), sino civiles impulsores del conflicto: ganaderos, empresarios, o funcionarios como alcaldes, gobernadores, congresistas, periodistas, magistrados. Y le arrancaron el ojo
izquierdo: borraron un cuarto de los magistrados ya designados para integrar la JEP, acusándolos cómicamente de “tener un sesgo político”. Como si no lo tuvieran todas las personas (empezando por los miembros de la corte y del Senado).

La JEP será pues una justicia ciclán, como los cíclopes de la mitología griega: con un solo ojo y un solo testículo. Una justicia que solo mira la mitad y tiene solo la mitad de su fuerza.

La propuesta de la bancada de senadores de Cambio Radical era más ambiciosa: pretendían sacar de un plumazo a todos los jueces de la JEP. Pero solo consiguieron eliminar a 12 o 15 de los 51. ¿Cuáles? Los culpables de haber colaborado con organizaciones de defensa de los derechos humanos. Es decir, los que mejor conocen el tema y más interesados están en que se haga justicia para las víctimas de medio siglo de conflicto.

Lo mejor que tiene (o que tenía) el acuerdo de paz con las Farc alcanzado en La Habana, y su mayor novedad positiva con respecto a otros acuerdos semejantes, era precisamente esa JEP. Estaba diseñada para juzgar por igual las acciones de las tres partes del conflicto: los miembros de la guerrilla, los de las Fuerzas Armadas del Estado, y aquellos de la sociedad civil que hubieran participado “directa o indirectamente”, como financiadores o protectores de alguno de los bandos enfrentados. Ahora, capada y tuerta, la JEP no podrá ocuparse de estos últimos: los llamados “terceros”.

Eso tiene desde luego consecuencias desde el punto de vista de la justicia: pueden quedar sin castigo muchos culpables. Porque, aun cuando quedan sometidos a la justicia ordinaria –la que hoy juzga, por ejemplo, al hacendado Santiago Uribe por el viejo caso de “los Doce Apóstoles”– la JEP se inventó justamente por desconfianza ante ella. Una desconfianza que, por ejemplo, ha obligado a trasladar procesos a donde puedan ser juzgados fuera del alcance de los poderes políticos o económicos o criminales locales. Pero esas consecuencias no me parecen particularmente graves, y son inevitables: sin una considerable dosis de impunidad no se acabaría nunca ningún conflicto, sino que se eternizarían todos a la manera de las venganzas guajiras o de las vendettas corsas. El olvido es necesario.

Sí me parece grave, en cambio, desde el punto de vista de la verdad. Solo la JEP podía obligar a esos terceros a testimoniar ante la Comisión de la Verdad. La justicia ordinaria no puede exigirles que lo hagan, ni aunque los condene y los castigue si se demuestra su culpabilidad. Y es obvio que esos terceros, alcaldes o gobernadores, parlamentarios de las regiones, jefes políticos locales, empresarios y terratenientes, saben más verdades que nadie sobre el conflicto: más verdades que los propios combatientes de lado y lado. No solo desde el lado del Estado y sus relaciones con la parapolítica, sino también desde el lado de la Farcpolítica. Los dirigentes comunistas, por ejemplo, tienen que saber mucho sobre los episodios de la “combinación de todas las formas de lucha”, que fue decidida oficialmente por el IX Congreso del Partido Comunista en l961. Y otro tanto saben sin duda los dirigentes liberales y conservadores sobre las actuaciones de sus gentes en las décadas de conflicto. Un conflicto cuya existencia, dicho sea de paso, acaba de ser tácitamente reconocida por los senadores del Centro Democrático uribista en las votaciones del Congreso. Y también ellos saben mucho del asunto.
Pero ya no estarán obligados a contar lo que saben.

Lo importante para la no repetición del conflicto y sus horrores, que es de lo que se trata, no es el castigo para sus protagonistas, sino el conocimiento de la cruda verdad sobre lo sucedido. Ahora su averiguación quedará en manos de la Comisión de la Verdad, que para hacerlo carece de los medios coercitivos de indagación de que disponía la JEP. Una comisión de la cual se ha dicho ya, de entrada, que su “verdad” tendrá también “un sesgo político”, y en consecuencia será inaceptable.

Es así como se puede capar dos veces a un perro.