Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/10/23 22:00

Viento fresco

Tanto Uribe como Cepeda sostienen que sus investigadores tienen una intencionalidad política: de Montealegre contra Uribe, de Ordóñez contra Cepeda.

Antonio Caballero Foto: León Darío Peláez

Dice el senador Álvaro Uribe, todo alborozado, comentando la investigación abierta por la Procuraduría contra el senador Iván Cepeda: “Todo se termina sabiendo en la viña del Señor”.

Tal vez su alborozo sea prematuro, pues lo cierto es que todavía no se sabe nada sobre lo del senador Cepeda, que según la sospecha del procurador Alejandro Ordóñez es la compra de testigos falsos contra Uribe. Se investiga, y tal vez se sabrá. Como tampoco se sabe todavía nada en firme sobre las sospechas del fiscal Eduardo Montealegre a propósito del senador Uribe, que se refieren a su responsabilidad en la matanza paramilitar de El Aro cuando era gobernador de Antioquia. Tal vez también se sabrá. Y cuando se ponga en marcha el nuevo tribunal especial anunciado en el acuerdo de La Habana entre el gobierno y las Farc se investigarán y tal vez se sabrán muchas otras cosas. Aunque seguramente otras más seguirán ocultas, como lo han sido tantas en la historia político-criminal de Colombia: quién mató a Sucre, quién mató a Arboleda, quién mató a Uribe Uribe, quién mató a Gaitán, quién mató a Galán, quién mató a Gómez Hurtado.

Y algo se va investigando, y algo se empieza a saber. Sobre lo de Galán, por ejemplo, se está indagando por fin, al cabo de décadas, a los altos responsables policiales y de inteligencia que tras el asesinato desviaron deliberadamente las pesquisas para que no se encontrara a los verdaderos culpables. Y también al cabo de décadas están ahora reapareciendo desaparecidos, desenterrando enterrados, del horror nunca cerrado de la toma y contratoma del Palacio de Justicia. Por fin se empieza a excavar en La Escombrera de Medellín en busca de los cadáveres de la Operación Orión, y se destapan las complicidades y las alianzas que hubo allí entre las autoridades y los narcos. Y se descubren nuevos hechos –nuevas complicidades– en el asesinato del humorista Jaime Garzón, y en el de José Antequera, apenas una gota en el chorro de sangre del exterminio de la Unión Patriótica (y cuyo atentado mortal no vaciló en raponear cínicamente en provecho propio su víctima colateral, el futuro presidente Ernesto Samper).

Esas investigaciones nuevas, o recicladas, son lo mejor –aunque sin duda doloroso, y tal vez potencialmente peligroso– que está pasando en Colombia. Los nuevos vientos de la paz están empezando a llevarse el más pesado lastre del conflicto: el miedo. El miedo de las víctimas a hablar, el de los fiscales a investigar, el de los jueces a juzgar, el de los testigos, el de los culpables. Basta con ver las declaraciones reveladoras que está haciendo desde la cárcel el que fue poderoso narcoparamilitar Don Berna: uno de los que el gobierno del entonces presidente Uribe entregó en extradición para que no siguieran yéndose de la lengua aquí, y fueran juzgados exclusivamente por el delito de narcotráfico allá, dejando en el olvido las masacres.

Este viento fresco de las revelaciones, sin embargo, viene enturbiado por un fenómeno preocupante. Es el de que al llegar al filtro de la justicia los nuevos descubrimientos sobre crímenes viejos corran la misma suerte que llevó a su deliberado ocultamiento: el de la utilización política. En los dos casos que mencioné al principio, tanto Uribe como Cepeda sostienen que sus investigadores tienen una intencionalidad política: de Montealegre contra Uribe, de Ordóñez contra Cepeda. Y es muy posible que los dos tengan razón. La sospecha se basa en las cada vez más evidentes ambiciones políticas de los dos altos funcionarios, y en la manera como en el pasado han utilizado ambos sus respectivos poderes institucionales para satisfacer sus convicciones o sus caprichos personales. Y fortalece esa sospecha el reciente descubrimiento, gracias a las grabaciones clandestinas de la Mata Hari del DAS, ilegalmente reveladas por un exministro, de que los magistrados de la Corte Suprema no dudaban en dictar sus fallos guiados por “la conveniencia política”.

La primera tarea de limpieza que corresponde al nuevo viento de la paz es la de la corrupta justicia colombiana, en todos sus estamentos. Para que no sigamos reducidos a enterarnos de la verdad gracias a grabaciones clandestinas y filtraciones ilegales.

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