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Opinión

  • | 2015/01/31 22:00

    Tres uribistas

    No es por ser uribistas que la justicia persigue a tantos uribistas. Sino porque muchos uribistas son proclives a delinquir.

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No creo que el fiscal Eduardo Montealegre sea un fiscal de bolsillo del presidente Juan Manuel Santos, como dan por hecho quienes hablan de la “persecución política” contra ellos por el hecho de ser uribistas. Montealegre tiene demasiado elevado concepto de sí mismo como para servirle de calanchín a otro. Probablemente también él abriga ambiciones políticas, pero tampoco creo que eso venga al caso.

El caso es el del hacker informático Andrés Fernando Sepúlveda, contratado por la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga para espiar la de Santos. Y en él Montealegre está actuando rigurosamente como fiscal, y no como político por cuenta ajena o propia. Es decir, está “investigando hechos que revisten las características de un delito”, como es su obligación constitucional. Porque lo del hacker no solo tiene todas las características de un delito sino que ya ha sido reconocido como tal por el propio Sepúlveda, condenado por él a diez años de cárcel y convertido en testigo de la Fiscalía para investigar sus posibles complicidades. O sea, en primer lugar, las de quienes lo contrataron: Luis Alfonso Hoyos, en ese entonces ‘asesor espiritual’ de la campaña del candidato uribista; David Zuluaga, gerente de la campaña; y el propio candidato, Óscar Iván Zuluaga.

Los cuales no han reconocido que exista delito alguno. Pero han tratado de dificultar la investigación tanto como han podido. El exasesor espiritual, encerrándose en el mutismo para no inculparse. El exgerente, pretextando sus compromisos de estudiante universitario en el extranjero para eludir o al menos posponer la cita de la Fiscalía. Y el excandidato, invocando toda suerte de disculpas. Empezó por negar que supiera de la existencia del hacker. Cuando la voz de su conciencia, es decir, el mismo Hoyos, lo desmintió, aceptó recordar que tal vez lo había visto alguna vez, pero solo de pasada. Cuando se hizo público el video de su sesión conjunta de trabajo, sostuvo que no era él el personaje parecido a el que aparecía allí filmado, y que se trataba de un montaje. Y finalmente se refugió en una fingida afonía que le impedía dar explicaciones (a pesar de que corrían los días cruciales del cierre de campaña). Ahora, llamado a declarar oficialmente, recurre al manoseado argumento de la “persecución política” esgrimido por todos los políticos acusados de algún delito, cualquiera que este sea: parricidio o exceso de velocidad en carretera. Y lo adoba con la ingeniosa teoría de que no fue él quien quiso infiltrar con ayuda del hacker la campaña de Santos, como lo muestra el video, sino Santos quien con ayuda del hacker infiltró la suya, como lo muestra el hecho de que el video exista.

Hay que ser muy uribista para creer todo eso.

Los uribistas lo creen porque, como el ladrón del proverbio, juzgan por su propia condición: la de uribistas, es decir, gente curtida en el juego de ponerle conejo a la ley. Los ejemplos no faltan. Hay unos que burlan la justicia buscando la prescripción de sus delitos a fuerza de alegatos de procedimiento y recursos dilatorios, como vienen haciéndolo desde hace ocho años los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por el cohecho cometido para comprar la primera reelección presidencial de Uribe Vélez. Hay otros que se fugan del país, como la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada por espionaje ilegal, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, condenado por falsas desmovilizaciones, y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por corrupción. Otros más, que no tuvieron éxito en su estrategia de desgaste dilatorio de los procesos, como el exdirector del DAS Jorge Noguera y el exembajador en Chile Salvador Arana, están pagando penas de cárcel por homicidio. Y no cabría en esta nota la larga lista de los políticos cercanos a Uribe que han sido condenados por parapolítica. Ni me he puesto a averiguar en qué van los procesos judiciales contra el exministro de Justicia Fernando Londoño o contra el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.

No es por ser uribistas que la justicia persigue a tantos uribistas. Sino porque muchos uribistas son proclives a delinquir. Ya lo sabía su jefe desde que, siendo presidente, les pidió a sus parlamentarios que votaran los proyectos de ley de su gobierno “mientras no estuvieran en la cárcel”.

Los tres de la más reciente hornada de perseguidos han escogido distintas vías de escape. El asesor espiritual Hoyos prefirió la fuga monda y lironda, como Hurtado, Arias y Restrepo. El gerente Zuluaga, aunque se mantiene fuera de las fronteras, parece inclinarse por el camino aleatorio del desgaste judicial: ya consiguió que le acepten rendir declaración ante fiscales que viajen especialmente a verlo en Nueva York, para no entorpecer sus estudios: después ya se verá. Cuando escribo esto (jueves 29 de enero por la noche) no puedo saber aún qué fórmula habrá escogido el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga: si la de cumplir cabalmente su cita en la Fiscalía, o si la de copiar el ejemplo que dio su jefe Uribe Vélez hace seis meses cuando también él fue llamado a declarar: ir solamente para limpiarse los zapatos con la justicia.
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