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Opinión

  • | 2015/05/23 22:00

    Una revolución constitucional

    ¿Cuánto podrá costar una campaña nacional a la Constituyente? ¿Con el aval de un partido? ¿Con la bendición de una iglesia? ¿Por firmas? ¿Por designación a dedo? ¿Del dedo de quién?

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Hace unos días, en su columna de El Tiempo, el jurista y político Alfonso Gómez Méndez volvió a criticar la terca manía constitucionalista de los colombianos. Se refería esta vez a la propuesta “insólita y extravagante” del Comité Interinstitucional de la Justicia. Y se quejaba de que aquí “nadie ha querido entender que para lograr una sociedad pacífica, justa, educada, incluyente e igualitaria, como la pretendía Carlos Lleras, basta con aplicar unos cuantos artículos de la actual Constitución”.

O de la anterior, añadiría yo: la Constitución conservadora de 1886. O de la otra: la liberal radical de 1863. O de la más antigua: la grancolombiana de 1830. Exagerando apenas, podría decirse que para lograr ese fin (que no solo Carlos Lleras ha pretendido, o al menos asegurado pretender: pregúntenselo a cualquiera de los gobernantes de este país, vivos o muertos), para lograr una sociedad justa y pacífica bastaría con aplicar unas cuantas de las Leyes Nuevas de Indias que hizo promulgar el emperador Carlos V en 1542. Aquellas que, según el dicho, se obedecían pero no se cumplían. Como las de ahora. Y que por eso es necesario reexpedir una vez y otra vez, de Constituyente en Constituyente, en lo que Gómez Méndez llama “un extraño fetichismo normativo”.

No solo la cúpula judicial pide ahora una Constituyente. La reclaman también, desde su lado, los uribistas nostálgicos, y desde el suyo los guerrilleros de las FARC, unos y otros por sus propios motivos y con sus propios objetivos. Y a todos el gobierno les niega su antojo por tres razones, que le expuso el ministro de Justicia, Yesid Reyes, a la periodista María Isabel Rueda: “Una, no podemos saltarnos al Congreso. Dos, supone aplazar unas reformas urgentes de la Justicia. Y tres, una Constituyente es un salto al vacío. Uno sabe cómo comienza esto, pero jamás sabe cómo termina”.

Los dos primeros argumentos no son muy convincentes. El gobierno sí puede saltarse al Congreso, como lo hizo con agilidad de trapecista el presidente Santos cuando objetó hace dos años la reforma de la Justicia aprobada por el Congreso. Y, como lo muestran los dos años transcurridos desde entonces, cuando se aplazan las reformas urgentes tampoco pasa nada. La tercera objeción sí es válida: por definición, una Constituyente no tiene amarras. Sirve para cualquier cosa: para autorizar de nuevo la reelección de Uribe como quieren los uribistas, para reorganizar la Justicia como quiere el fiscal Montealegre, para refrendar los acuerdos de La Habana, como quieren las FARC. O para todo eso al tiempo, por contradictorio que sea. Y hasta para pedir el reingreso en el Imperio español de Carlos V, como el procurador quisiera.

Y sin embargo, tal vez solo una Asamblea Constituyente, con sus capacidades omnímodas, pueda servir para hacer el borrón y cuenta nueva que la corrupción generalizada exige. La corrupción de los tres poderes públicos, y en todos sus escalones geográficos: nacional, regional y municipal. Pero el problema reside justamente en la raíz del que les da origen: el poder electoral. Están los tres pervertidos y necesitados de reforma porque el sistema electoral que los genera está pervertido y necesitado de reforma desde hace mucho tiempo. En Colombia las elecciones no se ganan en la voluntad de los electores, sino que las compra el mejor postor o se las lleva el que tenga mayor capacidad de amedrentamiento. Y entonces ¿cómo serían elegidos los delegatarios a una Asamblea Constituyente? ¿Por el mismo vigente sistema electoral que favorece el fraude, la compra de votos y la presión armada sobre los votantes? Las elecciones son costosas. Y no hablo de los miles de millones que a la Registraduría le cuesta organizarlas, sino de los cientos de miles de millones, billones tal vez, que les cuesta a los candidatos participar en ellas. Me dicen que los gastos de campaña de un candidato a concejal por Bogotá, para ganar o perder, para obtener restitución por votos o para no conseguirla, pueden sumar entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto podrá costar una campaña nacional a la Constituyente? ¿Con el aval de un partido? ¿Con la bendición de una iglesia? ¿Por firmas? ¿Por designación a dedo? ¿Del dedo de quién?

Más valdría dejar las cosas como están. Hacer caso a lo que hace un par de años, en otro artículo sobre las ventoleras de la Constituyente, les proponía Gómez Méndez a los juristas de las FARC: “¡Seamos revolucionarios! ¡Pidamos que se cumpla la Constitución!”.
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