Opinión

  • | 1996/10/14 00:00

    APAGUE Y VAMONOS

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Sí, no hay más quE hacer despuEs de lo sucedido: un oscuro juez del Caquetá imparte orden de arresto al general Harold Bedoya y al general Néstor Ramírez. ¿Por qué? Por haberse negado a acatar una tutela interpuesta por el personero de un municipio, que parece más bien personero de la subversión. Así, los militares, en vez de proteger a Florencia de una invasión de campesinos cocaleros, movidos a todas luces por la guerrilla y el narcotráfico, habrían debido dejarles libre un puente, abrirles calle de honor y renunciar a la función que corresponde a las Fuerzas Armadas de preservar el orden público. Paradoja delirante: es la ley al servicio de quienes a diario la violan. Los pájaros tirándole a las escopetas. Los jueces haciendo causa común con el 'Mono Jojoy'. Este episodio truculento, digno del mundo de Subuso, le ha revelado por fin al país varias evidencias que no había querido admitir. La primera es que, para cargar de tintas oscuras el cuadro de anarquía total en el cual estamos viviendo, la justicia, siguiéndole los pasos al Ejecutivo y al Legislativo, anda al garete. Más del 95 por ciento de los delitos quedan en la absoluta impunidad. Bastaría esto para confirmar una aseveración hecha por Hernán Echavarría durante el homenaje que recientemente le rindió el país: simplemente la justicia no existe. Y cuando esto sucede, cuando la justicia en un país no castiga el delito, cuando los delincuentes se le escurren como el agua entre los dedos, cuando las penas se convierten en objeto de negociación y en los anaqueles de la Fiscalía y de los juzgados se llenan de polvo cientos de miles de expedientes, estamos llegando a la situación tribal de un país africano donde sólo rige la ley de la jungla. Dentro de semejante panorama, un juez puede convertirse en instrumento de cualquier cosa, salvo de la única que debía regir su proceder: la ley. La segunda evidencia es que hemos sacralizado ingenuamente la función sin ver, en la realidad, el personaje que la ejerce. Por un juez honesto hay muchos que no lo son. Bien, porque están intimidados, sea por la guerrilla o por el narcotráfico; bien, porque ceden a las tentaciones del dinero o porque, en razón de la vocación ideológica que arrastran desde las aulas universitarias, ponen sus simpatías del lado de la subversión y no del orden legal. Esto no es un infundio sino una alarmante realidad. Recuerdo que en un congreso de Asonal Judicial, hace algunos años, su propio presidente, Antonio Suárez Niño, declaró con la mayor frescura que los miembros de esa asociación "luchaban por el socialismo que está siempre vigente". Es decir, según él, los jueces de la República, o buena parte de ellos, compartían las mismas concepciones de Castro o de 'Tirofijo' y por lo tanto resultaba legítimo pensar que tenían una mano en el código penal y otra en el monte. De esta estrepitosa declaración sólo dio cuenta, con vivo alborozo, desde luego, el noble semanario de los camaradas, Voz. La tercera evidencia es que la subversión, sus aliados y los herederos de la Patria Boba, que nunca faltan, han logrado astutamente arrebatarle a las Fuerzas Armadas muchos de los esenciales instrumentos legales necesarios para afrontar una guerra irregular. El decreto 10 de 1989, que anuló buena parte del fuero militar, colocó a sus miembros bajo la jurisdicción de un organismo civil, la Procuraduría, ignorando que los riesgos y singularidad de su condición los diferencia de los demás empleados públicos. Aprovechando esta circunstancia la subversión multiplica denuncias con el propósito de empapelar a los más resueltos de sus oficiales y con ello ha logrado crear el famoso síndrome de la Procuraduría; es decir, un reflejo inhibitorio que se traduce a veces en temor y pasividad. Por otra parte, los desprevenidos constituyentes de 1991, obedeciendo a un cándido postulado, dejaron establecida la norma según la cual "ningún civil puede ser juzgado por un militar", sin aclarar que quienes pertenecen a grupos armados guerrilla o paramilitares_ no deberían ser cobijados por esta restricción impuesta a la justicia penal militar. Tampoco, por cierto, los alcanza la justicia ordinaria, pues los jueces civiles, en muchas regiones, son objeto de intimidación. A todo este desmantelamiento jurídico, que deja a la Nación desprotegida y anarquizada, se suma ahora lo único que faltaba: el vejamen y la humillación que significa para la institución armada ver al comandante del Ejército expuesto al escarnio de una detención por cumplir con su deber. ¿Qué Ejército de cualquier otra parte aceptaría semejante despropósito? ¿El venezolano? ¿El peruano? ¿El argentino? Ninguno. Sobre todo cuando, como en este caso, el fallo lo profiere un juez de una zona donde la ley la dictan los comandantes guerrilleros. Realmente: no nos echemos cuentos chinos. Acatando una decisión tan atrabiliaria, el comandante general del Ejército no estaría inclinándose ante la Constitución y la Ley, como el sospechoso juez del Caquetá lo ha dicho y buena parte de nuestros perfectos idiotas lo escriben, sino ante una estratagema urdida en el monte por quienes manejan con igual habilidad las ametralladoras y los códigos.
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