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Opinión

  • | 2016/04/20 15:29

    Así administran justicia las FARC en sus territorios

    La recurrencia de los mecanismos de intervención en la solución de conflictos por la guerrilla no son estáticos, dependen no sólo de la distancia y la ruralidad, sino también de la expansión o contracción de las FARC.

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Se podría decir que la guerrilla de las FARC tiene varias caras, tal vez hay dos importantes. La primera es esa cara violenta de la cual todo el mundo sabe, es decir, que hacen emboscadas, atentan contra oleoductos, hostigan pueblos, reclutan, y han secuestrado entre otras. Pero la otra cara importante de las FARC es que en sus zonas de mayor influencia, durante los 50 años de vida, construyeron mecanismos de tramitación de conflictos o administración de justicia paralela. Es decir, las FARC durante muchos años lograron construir un sistema paralelo de regulación social, el cual es déspota pero a su vez ayudó a mantener muchos territorios pacificados.    

Para ilustrarlo colocaré dos ejemplos. Un líder social del Caquetá manifestaba que

“Hay áreas del Caquetá en que las FARC controlan la explotación de fauna y flora, de hecho hay zonas de Solano donde está prohibido la caza de animales silvestres y la deforestación. Lo mismo en San Vicente, donde está prohibida la tala de grandes extensiones de árboles, sino que eso está controlado.

También intervienen en riñas, en zonas de alta influencia guerrillera, como La Unión Peneya, y en (esos) municipios (…) ellos no permiten que entre vecinos hayan problemas por ninguna causa -si los hay, buscan solucionarlo-, ni permiten la entrada de personal nuevo al área: si alguien va a zonas con alta influencia de ellos, si va a trabajar como jornalero, debe llevar recomendación del presidente de la JAC donde anteriormente haya trabajado. También el campesino, o dueño de tierra o patrón, debe hacerse responsable por cualquier anomalía que cometa dicho trabajador. Lo mismo sucede en el sector educativo,  donde para poder entrar a zonas de bastante influencia guerrillera, el que vaya debe primero avisar al Rector, y este a su vez coordinar y revisar si pueden o no ingresar (se ingresa previo aviso).”[1]

El otro ejemplo ocurrió igualmente en el Caquetá, allí una mujer que se llama Marta y que vive en el Doncello, contó lo siguiente. “mi marido se me fue con la vecina y me dejó a mí con seis niños… mírelos uno detrás del otro. Yo me quedé con la finca, pero él se llevó las 7 vacas y no tenía como darles de comer a mis hijos y menos podía yo sola trabajar  la finca. Como aquí la policía no resuelve nada, fui donde  Camilo, él es de las FARC (columna Teófilo Forero) y en 4 días ya me tenía la plática aquí… si no fuera por ellos no habría tenido como comer”.  

Lo que sucedió es que las FARC ubicaron al esposo de la señora en San Vicente del Caguán y allí alias Camilo, tercer al mando de la columna Móvil Teófilo Forero, envío un miliciano a buscar al esposo de Marta, le dijeron que debía vender 4 de las 7 vacas para darle la plata a su esposa, que podía dejarla, pero que debía garantizar la comida para los hijos. En dos días el señor vendió el ganado. En el Estado Colombiano esto se llama un proceso de inasistencia alimentaria que tarda en promedio 2 años en resolverse y que las FARC lo resolvieron en una semana.

Durante muchos años, entre 1990 y el año 2005, las FARC hacían los famosos Concejos de Seguridad  o Juicios Populares, era una figura en la cual el comandante de la zona reunía a la comunidad y dirimían los conflictos sociales.

En esta administración de justicia, no hay presunción de inocencia, ni derecho del debido proceso, es una justicia déspota, aunque eficiente. En dicho sistema de administración de justicia las FARC cometieron todo tipo de arbitrariedades; con solo comentarios, rumores e informaciones sin contrastar hicieron que en varias zonas del país se produjera una verdadera cacería de brujas.  Por ejemplo, vecinos disgustados unos con otros o con problemas de linderos acudían a la guerrilla y acusaban a su colindante de ser colaborar de la fuera pública. Esto  trajo un gran rechazo por parte de la población a este tipo de situaciones.

Adicionalmente esto causó que muchos comandantes guerrilleros crearan enclaves autoritarios, lo cual a la postre terminó perjudicando la legitimidad de las FARC. Así ante el desgaste político y la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública las FARC fueron delegando esta administración de justicia en Juntas de Acción Comunal o JAC y organizaciones sociales, las cual desarrollaron manuales y procedimientos para resolver conflictos. Aunque cada vez son más autónomas aún cuentan con la supervisión de las FARC. 

Para el caso de la administración de justicia en las zonas rurales se podría hacer una conclusión inicial es que en las zonas de conflicto han sido los grupos armados lo que han administrado justicia. Durante años lo hicieron directamente y más recientemente de forma indirecta. 

Las FARC desde el año 2013 vienen distribuyendo un manual de convivencia (http://www.pares.com.co/grupos-armados-ilegales/farc/farc-dan-conocer-manual-de-convivencia-en-putumayo/). En él, por ejemplo, todo habitante de la vereda o barrio debe estar afiliado a la Junta de Acción Comunal y partir de allí se estructura la administración de justicia.

Cada JAC debe crear un comité de conciliación, allí llegan los primeros casos de conflictos entre vecinos, si el comité no puede solucionarlo, el caso pasa a una segunda instancia, que es la JAC en pleno, si allí tampoco se soluciona se pasa a un Núcleo de Juntas, que es una agrupación de JAC de diferentes veredas. Y si allí tampoco se resuelve pasa al grupo guerrillero en concreto.

Una indígena del Putumayo del pueblo Siona, me decía que ella quiere que las FARC no se desmovilicen porque “cuando ellos no están aquí la gente se mata por una cerveza”. Por tanto la pregunta en este punto es como el Estado va a reemplazar a las FARC en estas zonas. Allí las inspecciones de policía no tiene nada más que un funcionario, no tiene recursos, ni capacidad institucional, la administración de justicia formal opera para centros urbanos y los mecanismos informales de justica como jueces de paz, conciliadores en equidad y conciliadores en derecho, si bien llegan a muchas zonas del país, no cubren casi ninguna zona de conflicto. Es decir, hay muy poca capacidad para reemplazarlos.

Un ejemplo de lo que puede pasar en estas zonas de conflicto fue lo sucedido en Florencia Caquetá en el año 2015. Allí por un problema de linderos una familia pagó 500 mil pesos para asesinar a cuatro niños de otra familia. En esa zona operaba el frente 3 de las FARC y regulaban la vida social. Luego, producto de la seguridad democrática, de esa zona salió las FARC, el Estado solo llegó con la parte militar y la población se toma la justicia por sus manos. La Fundación Paz y Reconciliación presentará en la feria del libro, este viernes 22 de noviembre a las 7 pm. En el libro que se llama “los Retos del postconflicto” se presentan seis investigaciones entre ellas la de administración de justicia hecha por grupos armados ilegales.

La recurrencia de los mecanismos de intervención en la solución de conflictos sociales por la guerrilla no son estáticos, dependen no sólo de la distancia y la ruralidad, sino también de la expansión o contracción de las FARC en terreno, así como de las habilidades de sus líderes militares locales: en entrevista en Neiva[2], un ciudadano manifestaba que las FARC hasta “el año 2009 hacían “limpiezas sociales”, intervenían en peleas matrimoniales, pago de deudas, cuando existía un comandante llamado “El Mocho”, pero desde que este fue asesinado alrededor del 2009”, ya no se acostumbra la intervención de las FARC en estos casos, en zonas rurales o más cercanas a Neiva.

En Florencia, hay una situación similar y con fechas cercanas en las que ha variado el control social de las FARC, aunque todavía se sabe de la presencia regulatoria de las FARC en zonas rurales como El Pará, Norcasia, Año Nuevo, y El Chontaduro. Un entrevistado recuerda transformaciones en el rol regulatorio de la guerrilla en Florencia, así:

“Antes no permitían el chisme como práctica fuerte hasta hace unos cinco años (2009). Ellos no dejaban que en caseríos o inspecciones se estuviera bebiendo en días laborables, más bien los castigaban con ponerlos a trabajar en alguna obra que ellos estuvieran haciendo o multándolos económicamente. Ya esto se dejó de hacer.”[3]

El mismo entrevistado evaluó otras prácticas generales de las FARC que ya no se presentan, según apreció positivamente:

“Antes la guerrilla mataba primero y después preguntaba especialmente  desde 1998 a 2005. Desde 2005, ahí al menos se puede entrar a dialogar con ellos, para solucionar los problemas de manera más civilizada. Antes no se llamaba a nadie para contrastar versiones, y se usaba la delación o la acusación para quitarse de encima rivales comerciales, económicos, sociales.”[4]

El alcance de la intervención de las FARC en temas sociales locales, es amplio y diferenciado[5]:

En la zona rural del Caquetá, especialmente en zona rural de municipios como San Vicente del Caguán, La Montañita, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y Solano, las FARC intervienen ostensiblemente en la mediación de conflictos sociales, al igual que en zona rural de municipios como Algeciras, Colombia, Tello y Baralla, del departamento del Huila. 

Todo parece indicar que la ruralidad de estos municipios, la tradición de presencia de la guerrilla de las FARC, y con ello un cierto linaje familiar en este grupo insurgente (abuelos, tíos, primos en las filas de las FARC),  sumado a un proceso de informalidad de la economía y la propiedad, ha hecho que a pesar de la fuerte intervención militar en terreno por parte  del gobierno nacional desde el 2002, las FARC aun continúen con un fuerte control social en las zonas rurales de estos municipios.

Es importante señalar que esta interferencia en la convivencia social de estas zonas no es homogénea. La  interferencia en la administración de justicia depende de seis factores.

  1. Distancia geográfica del grupo armado con respecto a la población que quiere controlar.
  2. Niveles de estabilidad territorial o Permanencia en el territorio
  3. Intereses del comandante de frente y su estructura en la intervención de estos factores.
  4. Niveles de dependencia con economías ilegales. Es decir redes clientelares.
  5. Niveles de organización social comunitaria e independencia el mismo.
  6. Oferta institucional en temas de justicia y seguridad.

A grandes rasgos se puede hablar de dos momentos. El primero, que ha sido el tradicional, se dio entre 1997 y el año 2005, en algunas zonas se prolongó hasta el año 2009. Básicamente las FARC eran juez y parte, tomaban las decisiones sin consultar a la comunidad, lo cual llevó a grandes desmanes.

Desde 2005 la situación comenzó a cambiar, derivado al menos de dos circunstancias, por un lado la administración de justicia provocó una verdadera cacería de brujas, solo con un rumor las FARC actuaban y ello debilitó fuertemente su base social. Por otro lado, la fuerte presión de la fuerza pública no los hizo tan estables en el territorio. En todo caso, como se dijo antes el alcance de la intervención de las FARC en temas sociales locales, es amplio y diferenciado.

Así las cosas desde 2005 la administración de justicia comenzó a ser delegada a las JAC y desde allí las FARC ejercen cierto control.  El protocolo para la solución al conflicto mediado por las FARC es presentado para un caso en zona rural de San Vicente del Caguán, que ejemplifica la metodología empleada y que es la que rige actualmente:

“Cuando hay un lio se cita a la JAC, y un comité de conciliación. Ellos saben que es mejor arreglar por las buenas, porque o si no hay que remitirlo al comandante de zona. (…) Se escuchan los descargos y se busca llegar a un acuerdo, y si no tiene con qué pagar, a usted le recogen los animales y paga con animales, el tesorero de la JAC es quien hace la valoración en conjunto con el dueño de los animales. Normalmente cada comunidad se reúne todos los lunes, y cuando hay una emergencia hay reuniones extras, y las hacen en las escuelas interfiriendo o afectando la jornada escolar, y a veces los  helicópteros sobrevuelan porque ve el gentío reunido. La deliberación y presentación de cargos y descargos es aparte de la sala de reuniones, y ahí mismo deciden. Se hace un acta y queda por escrito como archivo de la JAC, todos los comités manejan archivos (conciliación, trabajo, delegados).”[6]

Una forma cercana de mediar, y de la estructura del proceso mediador armado de las FARC, se da en casos como el cobro de deudas siguiente, acontecido en Colombia, Huila:

“En este proceso se siguen los mismos pasos que para todos los casos, en primera instancia se presenta la queja ante el presidente de la JAC, el caso se expone en una reunión junto al comité conciliador, quien determina si puede resolverlo o se le sale de las manos. Si lo toma el comité que es la segunda instancia, escucha las versiones de los implicados y la de sus testigos si hay lugar a ello, y si en esta instancia se llega a un acuerdo hasta ahí llega el problema. Pero si el comité decide no tomar el caso porque se le sale de las manos, simplemente pasa a la tercera instancia –comandante del frente que opere en la zona-. Aquí ellos también escuchan la problemática y según los acuerdos tomados en el comité conciliador exigen el cumplimiento de ellos, y todos pagan su deuda tanto en el tiempo estipulado por el comandante como la forma, puede ser que la persona no tenga el dinero, pero tiene vacas o algún tipo de bien con la cual saldar su deuda. Sin embargo, sucede que en el caso de grandes cantidades que son desde 3 millones de pesos en adelante, ya la gente ve cómo perdida la plata y para no verla perdida totalmente y hacerle pagar la picardía al deudor, el prestamista le propone al comandante  que cobren la cantidad adeuda y sobre ella le dan un porcentaje o valor especifico,  o también le pueden decir que la cobren y la dejen para ellos (guerrillas) simplemente para cobrarle la picardía a la gente que no paga.”[7]

La autonomía de los miembros de la comunidad en la solución de sus propios problemas de convivencia es limitada, ya que según un entrevistado;

 “Las comunidades tiene que hacer lo que digan los miembros de las FARC, como solución el conflicto en que intervienen.”[8], a menos que opten por no dejar escalar el problema, o no lo pongan en conocimiento de dicha guerrilla.

[1] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá.

[2] Entrevista 5, del 12 Octubre de 2014 en Neiva, Huila.

[3] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá.

[4] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá.

[5]Algunas entrevistas se desarrollaron en el marco del proyecto de capacidades institucionales para la paz, realizado en alianza entre la Fundación Paz y Reconciliación y la fundación Ideas para la paz. Financiado por el Ministerio del Interior.  

[6] Entrevista del 9 de Octubre de 2014, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

[7]Entrevista 2, del  3 de Octubre de 2014, en Colombia, Huila.

[8] Entrevista del 9 de Octubre de 2014, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

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