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Opinión

  • | 2016/02/26 10:48

    ¿Una secretaría de seguridad para Bogotá?

    Mientras algunos dilemas no se resuelvan, una Secretaria de Seguridad para la capital está condenada al fracaso.

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Se han puesto de moda, al menos, en las principales ciudades del país, una serie de iniciativas en materia de seguridad, una misma receta con la cual se plantea combatir todos los males de la inseguridad y el crimen en las urbes. Tres son las medidas comunes. La primera tiene que ver con la creación de la Secretaría de Seguridad y en general nuevos diseños institucionales; la segunda es la focalización de las zonas de mayor inseguridad, se les ha llamado puntos críticos, zonas calientes, y obviamente, la tercera estrategia es el mayor pie de fuerza de la policía.

Nos centraremos, en el texto, en entender qué tan necesario y benéfico podría ser la creación de una Secretaria de Seguridad para Bogotá. Básicamente se podría decir que el debate sobre la creación de dicha institución es inocuo  o simplista. El tema de la seguridad en Bogotá no pasa por la creación de más burocracia o de instituciones, si bien, existen temas institucionales que se deben resolver, lo cierto es que una Secretaria por sí sola no resuelve nada, y por el contrario, complicaría la gestión de la seguridad.  Así que anuncios, como estos, si bien dan buena imagen y votos, no sirven de mucho por si solos.

Antes de que Bogotá se plantee la creación de una Secretaria de Seguridad, se deben resolver cuatro asuntos esenciales. En primer lugar, la ciudad necesita una claridad en los temas de Inspección, Vigilancia y Control el IVC. Este tema, para muchos es desconocido, pero es la base con la que funciona la ciudad, es como su sistema circulatorio. El IVC, básicamente tiene que ver con la regulación de prácticas o acciones de los ciudadanos, por ejemplo, la venta de licor, el excremento de los perros, la contaminación visual o auditiva, la salubridad de establecimientos comerciales,  y otros temas que hacen parte de la cotidianidad de las relaciones entre los ciudadanos.

Estas funciones de IVC son realizadas por las entidades del distrito pero ejecutadas por las alcaldías locales. Los alcaldes, de las diferentes localidades, tienen 154 funciones, de las cuales 122 son de IVC. Para ejecutarlas tienes apenas uno o dos funcionarios, por tanto están colapsados. Lo que ha habido es una descarga de funciones en funcionarios locales sin apoyo o infraestructura institucional para realizarla. Por ende antes de hablar de Secretaría de Seguridad la ciudad debe tomar una decisión de fondo.

O bien, convertimos los alcaldes locales en una figura de administradores principales de la seguridad, con lo cual se podrían anclar a la lo que sería la futura figura de la Secretaria de Seguridad y por tanto se debe realizar un fortalecimiento institucional profundo. O se toma la decisión de convertir las alcaldías locales en entidades que velen por el desarrollo económico del territorio, por lo que tocaría darles la personería jurídica y profundizar el modelo de descentralización administraba, pero sobre todo financiera de la ciudad. 

Un segundo tema a resolver es la forma como deben engranarse una serie de figuras públicas en las localidades. Particularmente esto se refiere los inspectores de policía, esta figura es la encargada de administrar justicia policiaca básica, y hoy día ni siquiera obedecen a los alcaldes locales, son ruedas sueltas, ya que estos funcionan en lo local pero dependen de la Secretaria de Gobierno. De hecho, muchos de estos inspectores de policía son acusados de estar aliados con las famosas bandas de Tierreros y de estar inmiscuidos en caso de corrupción.  Igual sucede con los inspectores de obras. 

Un tercer tema a resolver, antes de hablar de una Secretaría de Seguridad, es la relación con la policía metropolitana. A la fecha si bien la ley manifiesta que el alcalde de la ciudad es el jefe de la policía, lo cierto es que sobre la realidad esto no sucede. Si bien existen espacios de coordinación y se acuerdan algunas acciones territoriales, la Policía obedece a los lineamientos del mando de línea y no al alcalde. Así por ejemplo en varias localidades de la ciudad el comandante de la estación ni siquiera acude a las reuniones con el alcalde local. Incluso, la propia Policía acuerda acciones institucionales rectores de colegios, sin que lo sepa el alcalde local o el director local de educación, son acuerdos entre al policía y el rector de un colegio, por tanto la desarticulación es mayúscula.

Además, los temas de justicia deben ser abordados de inmediato por el nuevo alcalde, por ejemplo se puede pensar que mediante convenio Bogotá financie fiscales especializados para la ciudad y con ellos descongestionar procesos de investigaciones y disminuir índices de impunidad. Se debe pensar igualmente en resolver los temas de infraestructura penitenciaría que está a punto de colapsar. Y claro, lo más urgente es la actualización tecnológica del número único de emergencia, que cuesta no menos de 50 mil millones de pesos.  

Mientras estos dilemas no se resuelvan, una Secretaria de Seguridad está condenada al fracaso. Más bien el debate está en la priorización de acciones y el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación ciudadana.

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