La mafia que nos gobernó

El actual senador Álvaro Uribe ha llamado a la resistencia civil. La convocatoria se fundamenta en al menos dos cosas. La primera se refiere al rechazo de los acuerdos de paz por la supuesta impunidad que generarán y la segunda es la protección a una serie de élites mafiosas que se quedaron con la tierra despojada a campesinos y que ven en el proceso de paz una amenaza a todo lo que conquistaron ya que la paz significaría averiguar la verdad y devolver lo despojado, a estos sectores se les llama los “terceros de buena fe”. La gran mayoría de estas élites se agrupan en el Centro Democrático.

El proceso de paz no traerá impunidad, de hecho traerá justicia. Lo que no va a dar es cárcel, pero la cárcel no es sinónimo de justicia. Existirá una jurisdicción especial que premiará la verdad y dará incentivos para la misma. Al final se conocerá mucha más verdad y se repararán muchas más víctimas con proceso de paz que sin él. Es decir, el fracaso del mismo sí que traerá impunidad, ya que será como un borrón y cuenta nueva. A continuación se demostrará como la resistencia civil de Uribe no es otra cosa que la protección de mafiosos, de hecho su discurso de impunidad es bien cuestionable a la luz de las mafias con las que gobernó durante sus dos periodos presidenciales. Tres ejemplos son básicos.

El primer ejemplo es el círculo cercano que rodeó a Uribe durante su presidencia. Este círculo está totalmente vinculado al narcotráfico. Dos de sus edecanes presidenciales están presos por narcotráfico. El primero es el general Santoyo, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Él era el hombre cercano a Uribe, trabajó durante su gobernación en Antioquia donde recibió fuertes cuestionamientos por conductas violatorias a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del Gaula. A pesar de ello su carrera no se detuvo y por el contrario se disparó con Uribe. Fue su hombre de seguridad desde que era candidato a la presidencia. A Santoyo lo reemplazó Flavio Buitrago quien se encuentra preso por lavado de activos.

Asimismo, como si fuera poco, su cuñada y su sobrina han sido sindicadas de narcotráfico. Su cuñada es Dolly Cifuentes quien estuvo casada con Jaime Alberto Uribe Vélez, es madre de Ana maría Uribe Cifuentes. Dolly fue extraditada a los Estados Unidos  por narcotráfico, allá se declaró culpable. Para la justicia norteamericana Dolly era del clan de los Cifuentes Villa quienes eran socios de Chapo Guzmán.  Los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’, conspiraron en el envío de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y lavar dinero del narcotráfico.

Era tal la cercanía de la administración Uribe que se reunía con narcotraficantes en la casa de Nariño y con ellos planeaba conspiraciones contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pedro Antonio López más conocido como Job, quien fue jefe paramilitar y narcotraficante, en 2008 entró a la casa de Nariño donde se reunió con personas del círculo cercano a Uribe para planear un complot contra el entonces magistrado Iván Velázquez. Job murió en extrañas circunstancias tiempo después.

Otro ejemplo es la complicidad del gobierno Uribe con la bancada de la parapolítica. A la fecha han sido condenados 61 ex congresistas. La mayoría de ellos ejercieron entre los periodos de 2002 -2010. Varios presidentes del Congreso entre ellos Javier Cáceres e igualmente el primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, fueron condenados por concierto para delinquir. La bancada de la parapolítica militaba en diferentes partidos. Los congresistas de la Parapolítica presentaron un total de 250 proyectos de ley entre 2002 y 2006. Entre los proyectos de ley que presentaban estaban reformas legislativas, temas presupuestales y reformas electorales. Entre 2006 y 2010 la situación fue similar: cerca de 200 proyectos de ley presentados por los parapolíticos. En la gran mayoría de estos proyectos el voto de los parapolíticos fue disperso. Es decir, no hubo como tal una bancada de estos congresistas: algunos votaban a favor y otros en contra.

Solo hubo un tipo de proyectos en los que estos congresistas votaron incluso en contra de las directrices de los partidos y se comportaron como una bancada. Fueron las denominadas leyes de tierras que se presentaron durante el gobierno Uribe.  El Estatuto Rural, la ley forestal, la ley de biocombustibles y la ley 1182 de 2002 de saneamiento de la propiedad falsa. De hecho, con esta última ley que duró en vigencia varios años se legalizaron miles de despojos a campesinos pobres.

La ley forestal fue tumbada por la Corte Constitucional, debido a lo maligna que resultaba para el país. Es decir, no solo tuvo vicios de trámite sino una ilegalidad patente del articulado, lo que llevó a su inconstitucionalidad. Lo que llama la atención es que, la mayoría de estas leyes fueron de iniciativa del ejecutivo y los ponentes eran los parapolíticos. Las pocas que fueron de iniciativa legislativa fueron apoyadas activamente por el ejecutivo. Por ejemplo, Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda para el 2003, presentó la ley de biocombustibles, que pretendía beneficiar las plantaciones de Palma Africana de los paramilitares. Al final la Corte la declaró inconstitucional. Luego la ley fue presentada de nuevo con algunos cambios. Los parapolíticos participaron activamente en esta ley.

Es decir, los parapolíticos y el gobierno crearon leyes para los despojadores, es lo que Luis Jorge Garay llama Reconfiguración Cooptada del Estado, es decir, es aquella cooptación criminal en la cual se trasforma el aparato institucional y normativo a largo plazo, donde se convierte lo ilegal en legal.

El último ejemplo es tal vez la riqueza de los hijos de Uribe. Pasaron de plagiar tesis en la Universidad de Los Andes, -Jerónimo no fue expulsado y logró terminar su carrera-, para convertirse en hombres ricos, en cosa de meses. De hecho, no han querido mostrar su declaración de renta. Llama la atención que aún no se ha aclarado cómo llegaron a convertirse en prósperos empresarios.

Las chuzadas del DAS, la compra de la reelección de Uribe, los falsos positivos, son otros de los escándalos. Un último dato que vale la pena mencionar es que durante la dictadura de Pinochet en Chile fueron asesinados 3 mil personas. En los 8 años de Uribe habría ocurrido más de 4 mil falsos positivos según investigaciones de la fiscalía.

Ahora se entiende que la Resistencia civil de Uribe no es contra la impunidad: es para lograr la total impunidad.