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Opinión

  • | 2015/02/09 17:00

    “A esos niños les voy a dar plomo”

    La reacción estatal en el caso de los cuatro menores asesinados tiene más preguntas que respuestas.

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¿Vale la pena confiar en las entidades del Estado cuando se recibe una amenaza? ¿Sirve de algo ir hasta la Fiscalía a denunciar con nombre y apellido a alguien que por ahí dice que va a matarlo a uno? Son algunas de las preguntas que deben estar haciéndose los colombianos este lunes a propósito del asesinato de cuatro menores de edad en una humilde finca de la vereda Las Brisas, en Florencia (Caquetá).

Le ocurrió a Jairo Vanegas Losada, padre de los niños, quien a finales del año pasado buscó a la Fiscalía y al Ejército para contarles que Silvio Martínez con frecuencia le gritaba amenazante: “A esos niños les voy a dar plomo”. Y los mataron a balazos. Los informes forenses cuentan que a Samuel (17 años), Juliana (14 años), Laura Jimena (10 años) y Déinner Alfredo (4 años) los acostaron boca abajo, con las manitas atrás, y les fueron disparando en la cabeza, uno a uno. Un quinto pequeñín sobrevivió aunque recibió dos tiros.

¿Fue Silvio Martínez el autor de la masacre? “Quiero agregar que si algo grave nos llega a pasar, lo responsabilizo a él”, dijo Vanegas Losada en su denuncia penal hecha el 29 de diciembre. Mientras la inmensa mayoría de colombianos que viven en las ciudades disfrutaba las vacaciones y se preparaban a recibir el Año Nuevo, este hombre llegaba presuroso y asustado en busca de alguien que protegiera a su familia porque él tenía un mal presagio alimentado por los inquietantes antecedentes de Martínez en su contra: “(…) El día 22 de diciembre del 2014, me encontraba en mi casa en la vereda las Brisas. Yo estaba con toda mi familia cuando nos dimos cuenta de que estaba una pared prendida y nos dispusimos a sacar todo porque ya se estaba prendiendo la ropa. Nos dedicamos a apagar las llamas y sacamos a los niños”, narró en su denuncia. Contó que tuvieron que improvisar una pared para protegerse de las ráfagas de viento que corren por allí.

El día de Navidad fue aún más triste. “Al amanecer del 24 de diciembre estábamos durmiendo cuando nos dimos cuenta de que la pared del frente de la casa estaba prendida. De una vez saqué la cámara y grabé y volvimos a sacar las cosas y apagamos el fuego. Yo me hice detrás de un poste y miré que pasó una persona a toda carrera y se metió a la casa de mi denunciado (Silvio Martínez) y oí que a esa plaga la tenían que quemar”.

“El 26 de diciembre dos amigas de nombre Lucila y Lucelly iban de aquí a Florencia y se bajaron en la casa de mi denunciado. Ahí ellas escucharon que la esposa de don Silvio y otra muchacha habían dicho que de ahí teníamos que salir quemados”, añadió.

¿Este hombre cumplió su macabra amenaza? Es posible, aunque también hay otra persona hacia quien se dirigen las sospechas: “Un señor de nombre Ángel” y su señora que “se llama Johana”. Ellos, como Martínez, también habían invadido parte de su finca y cuando este fue a reclamarles respondieron que se cuidara porque ya tenían las fotos de ellos y de sus hijos. Y que esas imágenes se las habían pasado al papá de Johana que es miembro de la guerrilla.

La historia tiene así todos los elementos que en esa Colombia invisible son cotidianos: La posesión de las tierras, la presencia del fantasma intimidante de los actores armados –real o inventado, pero que sirve como mecanismo de presión– y la justicia por su propia mano.

¿Tienen las personas como Vanegas Losada otras posibilidades? ¿Qué hacer cuando en menos de una semana sufren una terrible agresión en la que pudieron terminar incinerados? Acudir al  Ejército Nacional, que fue lo que él hizo, el sábado 27. “En vista de esto, me fui para la base militar a informar estos hechos y un cabo me dijo que ellos sabían que en la casa de mi denunciado había una persona que le colaboraba a la guerrilla”. Nada más.

La semana pasada ocurrió lo peor. Según el comandante de la Policía de Caquetá, coronel William Boyacá, los menores fueron asesinados por dos desconocidos que irrumpieron violentamente en la vivienda a las 10:00 de la noche. Estaban solos porque sus padres –la mamá se llama Victoria Grimaldo Amézquita– habían viajado a Florencia para las matrículas escolares de sus hijos, según el argumento que ellos dieron.

El testimonio del niño sobreviviente muestra con crudeza aún más el abandono de lo que ocurre en el país rural, ese que muchos miran con indiferencia desde las urbes. Sangrando, adolorido, con un disparo en su cuello y otro en su brazo, caminó dos kilómetros en medio de la penumbra y el monte, hasta llegar a una vivienda para pedir auxilio. Milagrosamente, sobrevivió.

“Unas personas nos invadieron unos terrenos y nos venían amenazando y nosotros ya le habíamos avisado al Ejército. Ya habíamos puesto esto en conocimiento ante las autoridades y no hicieron nada”, reclamó hoy el hermano de Vanegas Losada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las alertas que hizo este padre de familia?

¿Cuál fue la respuesta de la Fiscalía? Viendo el desarrollo que ha tenido este caso, ¿vale la pena confiar en las entidades del Estado cuando se recibe una amenaza? ¿Sirve de algo ir hasta la Fiscalía a denunciar con nombre y apellido a alguien que por ahí dice que va a matarlo a uno? ¿Además del cargo de conciencia quienes recibieron las denuncias tendrán alguna sanción? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quién pudo haber sido capaz de disparar contra unos niños indefensos en este infierno? Son algunas de las preguntas que este lunes se hacen muchos. Hay más preguntas que respuestas.
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