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Opinión

  • | 2015/03/02 15:20

    La Corte y las patadas

    Mientras los magistrados se acusan mutuamente, la gente en la calle hace “justicia” a puño limpio.

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Son dos noticias distintas pero estrechamente relacionadas entre sí. La Corte Constitucional es escenario de la más aguda confrontación de su historia entre sus propios magistrados. Un menor de edad muere tras haber recibido varias patadas por parte de un grupo de personas que lo acusaban de ladrón. Cada uno de los hechos refleja en toda su dimensión la crisis de la justicia en Colombia.

Algo huele mal, muy mal, en la que debería ser una urna de cristal cuya misión esencial es la de preservar la integridad y la supremacía de la Carta Política. El magistrado de esa corporación Mauricio González Cuervo denunció a su presidente, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, porque supuestamente habría recibido $500 millones del abogado de la empresa Fidupetrol para fallar a favor una tutela en contra de una decisión previa de la Corte Suprema de Justicia. En el grotesco episodio aparece también el magistrado Luis Ernesto Vargas. Éste, según ha trascendido, el pasado 3 de febrero, justo un día antes de que se votara para escoger al presidente de la Corte, le dijo a González que el abogado de Fidupetrol andaba con el cuento de que Pretelt cambiaría el fallo en favor de la fiduciaria de petróleos por ese billete. Es decir, como una mafia ordinaria.

González entonces contactó al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para decirle que iba a denunciar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo que juzga a los magistrados. Pero quería confirmar si era cierto el señalamiento. A lo que Pacheco respondió que sí. Esto es, ¿un delator, un testigo estrella o un jurista con oscuros intereses? Pacheco debe responder estos interrogantes y también aclarar las inquietudes que surgen tras la investigación de Semana.com: ¿Cuáles eran los objetos de sus visitas a la Corte? ¿Para hablar de qué y por qué? Este portal confirmó que Pacheco está en los registros de entrada en por los menos 40 ocasiones.

Por ahora la situación de Pretelt es de extrema fragilidad. De hecho, hasta su ascenso a la presidencia fue débil. Durante su elección de presidente, por primera vez no se dieron los nueve votos por un mismo magistrado, sino que hubo cuatro votos en blanco. Según aseguró González, él habría votado así tras conocer el supuesto soborno. ¿Es el presidente de la Corte Constitucional honesto? ¿Es víctima de una celada por parte de sus propios colegas?

Un lugar común sería decir que estas son las preguntas que la gente se hace en la calle. Pero no. En las esquinas ocurren hechos más dramáticos. Un niño murió tras ser linchado por habitantes del barrio Pijao de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá. La información suministrada por la Policía indica que el menor de edad, de 16 años, robó a una persona que iba en su vehículo.

Tras esto salió a correr. Tres hombres se fueron detrás de él y lo alcanzaron en un andén. Allí lo golpearon brutalmente en una acción que quedó grabada en un estremecedor documento de video.

Luego, el joven fue trasladado al Hospital San Carlos. “Después de una valoración superficial, se establece que el muchacho no presenta ninguna lesión de gravedad, por lo que se inicia el proceso de judicialización del criminal”, aseguró el coronel de la Policía Rolfy Jiménez. Su diagnóstico fue compartido por varios galenos que dijeron que podía irse a responder por sus delitos. Al día siguiente, murió.

La historia retrata de manera dolorosa una combinación de males que afectan a nuestra sociedad: un adolescente que en lugar de estar estudiando, se dedica al delito; una comunidad que ejerce justicia por su propia cuenta y de manera violenta. Unos organismos estatales que se tiran, unos a otros, las culpas: La URI de menores, la Policía de Bogotá, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Hospital San Carlos, entre otros.

Allá en las calles, en la cotidianidad de los barrios, la gente justifica la muerte porque “estamos cansados de tanta injusticia”. ¿Y la justicia? ¿Dónde está? Se sabe al menos que los nueve magistrados de la Corte Constitucional, en el papel la reina de la justicia, nombrados por el Senado de la República tras ser designados por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, están atrapados en un turbio escándalo de sobornos.

* Director de Semana.com
Twitter: @armandoneira

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