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Opinión

  • | 2015/10/07 13:00

    La CICIG como oportunidad en Guatemala

    La Comisión ha demostrado su enorme utilidad en contextos en los que las instituciones públicas ordinarias no funcionan, o están cooptadas por poderes oscuros.

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Los acuerdos de paz firmados en 1996 en Guatemala pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno, pero no han cumplido la promesa de consolidar la democracia. El posconflicto en este país centroamericano ha estado marcado por la violencia social, la desigualdad y la creciente corrupción. En medio de este panorama sombrío, la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una esperanza para que algunas de las promesas de la paz se hagan realidad.

Los problemas de Guatemala se pueden explicar, en gran parte, porque al finalizar la guerra no se desmontaron las estructuras criminales forjadas durante el conflicto, sino que por el contrario se transformaron para enriquecerse a costa del estado y para generar impunidad.

Los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) habían sido identificados como una amenaza a los derechos humanos durante la guerra civil. Estos grupos emergen como consecuencia de la participación de sectores de inteligencia del ejército en la administración del estado, como la recaudación en aduanas, con el objetivo de financiar la guerra ante el embargo de armas impuesto por los Estados Unidos. Los CIACS se fueron consolidando como intermediarios entre organizaciones criminales transnacionales y el estado, corrompiendo profundamente a la administación pública.

Afortunadamente, tal como ha sido prolífica Guatemala en la generación de fenómenos criminales, también ha sido creativa en su confrontación.

El asesinato del obispo Gerardi en 1998, coordinador de uno de los informes de la verdad, impulsó a las organizaciones de la sociedad civil a imaginar respuestas que fortalecieran el estado de derecho. De ahí surgió la propuesta de una Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Sin embargo esta iniciativa fue desechada por la Corte de Constitucionalidad por considerar que asumía funciones exclusivas del sistema judicial. Finalmente, y con el apoyo de las Naciones Unidas, se firmó en 2006 el acuerdo que estableció la CICIG.

Por primera vez en el mundo, se establecía un mecanismo para  “apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos cometidos [por] cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”. La Comisión no es parte formal de las Naciones Unidas, pero el Comisionado sí es funcionario de la ONU a nivel de sub-secretario general. Su financiamiento va por cuenta de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea, Estados Unidos y Suecia como los principales donantes.

Durante sus primeros años de existencia, la CICIG se enfrentó a un ambiente adverso dado que sectores conservadores la percibían como una intromisión en la soberanía nacional. Sin embargo, avanzó en el diseño de importantes reformas legales que sentaron la base para su trabajo, incluyendo la ley contra la criminalidad organizada. A pesar de algunos importantes logros, la CICIG hacia 2013 enfrentaba una oposición cada vez más abierta por parte del gobierno, sumada al recelo de la sociedad civil, que cuestionaba la falta de resultados en el desmantelamiento de las redes criminales.

La llegada a la CICIG del colombiano Iván Velásquez habría de dar vuelta a la situación. Velásquez ha enfocado su trabajo en la investigación y persecución de casos de corrupción en los más altos niveles del estado.  Durante este último año, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG motivaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo y del presidente Otto Pérez Molina en septiembre, luego de ser sindicados de liderar una red criminal. Esta actividad judicial fue acompañada de una movilización social sin precedentes en la historia de Guatemala.

La CICIG ha sido crucial en generar este contexto favorable para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Aunque, como lo ha dicho el Comisionado Velásquez, es responsabilidad de la sociedad guatemalteca impulsar las reformas que prevengan nuevos hechos criminales.

Los éxitos de la CICIG han llamado la atención de otros países afectados por la corrupción. En Honduras, por ejemplo, la población demanda la creación de una comisión contra la impunidad. El gobierno hondureño ha solicitado a la Organización de Estados Americanos la creación de una Misión en Apoyo al Combate a la Corrupción y la Impunidad.  Sin embargo, hay dudas sobre si un mecanismo sin poderes de investigación criminal  sea eficaz. En México, las organizaciones de derechos humanos han pedido un órgano similar a la CICIG para enfrentar los graves problemas de credibilidad en sus instituciones judiciales.

Los resultados que vivimos hoy en Guatemala no son replicables automáticamente en otros países, debido al largo tiempo que tomó formar conciencia sobre la necesidad de que nadie esté por encima de la ley. Sin embargo, la CICIG ha demostrado su enorme utilidad en contextos en los que las instituciones públicas ordinarias no funcionan, o están cooptadas por poderes oscuros.

*Analista para Guatemala de International Crisis Group
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