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Opinión

  • | 2012/07/07 00:00

    Asamblea constituyente, sin legitimidad

    La convocatoria a una constituyente es una propuesta ilegítima porque quien la hace fue coautor de la ilegítima propuesta de abolir el conflicto de intereses: Miguel Gómez Martínez.

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Para proponer una asamblea constituyente se necesita legitimidad. Carece de ella quien hoy figura como uno de sus principales proponentes.

Y no tiene legitimidad por una sencillísima razón.Porque su “destreza” constitucional hizo posible que el engendro de la reforma a la justicia fuera concebido. Me explico.

Ya el país está al tanto de que sin haber abolido la aplicación del régimen de conflicto de intereses a las reformas constitucionales no podría haber sido fecundado el engendro de la reforma a la Justicia. Para que algunos congresistas pudieran votar con toda libertad acerca de una reforma cuestionable había primero que perpetrar el cuestionable acto de darles esa libertad. Si el régimen original de la Constitución de 1991 relativo al conflicto de intereses hubiese estado vigente, el engendro de la reforma a la Justicia no habría tenido vida. Al abolirlo, el engendro pudo ser concebido y dado a luz.

¿Quién propuso abolir el régimen de conflicto de intereses? En la presentación de la propuesta hay varios nombres, pero hay uno que quiero destacar: Miguel Gómez Martínez, el mismo representante a la Cámara que hoy está proponiendo convocar a una asamblea constituyente. A menos que la información reportada por la imprenta nacional sea falsa (ver enlace), el representante Gómez Martínez propuso y votó a favor de la ponencia para segundo debate, mediante la cual se abolió el conflicto de intereses para las reformas constitucionales en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Yo no comparto muchas de las posiciones del representante Gómez Martínez. Sin embargo, creo que su tono y su talante son el de un sector muy importante en la democracia colombiana: el de la derecha, el de un lúcido pensamiento conservador. Desafortunadamente, en materia constitucional el representante Gómez Martínez metió las patas y las está volviendo a meter. Su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente carece de legitimidad, entre otras razones, porque él mismo se la quitó al suscribir una de las más cuestionables reformas a la Constitución de 1991.

Además, quisiera recordarle algo a los airados proponentes de una constituyente. En 1990 Álvaro Gómez Hurtado respaldó la convocatoria a la Asamblea porque la concibió como el procedimiento para llegar a un “acuerdo sobre lo fundamental”. Quienes estuvimos involucrados en el proceso constituyente desde la orilla del movimiento estudiantil pusimos mucha atención a su planteamiento. Coincidía con el ideario de alcanzar la paz mediante un acuerdo sobre las reglas de juego.

Los estudiantes sabíamos que en el país había muchas diferencias políticas. Nosotros mismos éramos portadores de esas diferencias. Creíamos, y seguimos creyendo, en el respeto a las diferencias y no el unanimismo para alcanzar una solución institucional a nuestros conflictos. En eso coincidimos con Álvaro Gómez Hurtado y con todos los que apoyaron la convocatoria a una asamblea constituyente. Propusimos y el país aceptó un procedimiento para definir nuevas reglas de juego, no la reforma a la medida de esas reglas.

En el curso de los turbulentos años que siguieron a la promulgación de la Constitución de 1991, este país no ha asimilado suficientemente el significado del constitucionalismo y del Estado de derecho. El constitucionalismo es un método para evitar la concentración del poder. El Estado de derecho es el imperio de la ley, no el imperio del capricho de los hombres. Sin imperio de la ley y sin límites que impidan la concentración del poder no puede haber democracia. No puede haber tampoco desarrollo económico. Esta ha sido una de las lecciones del llamado nuevo institucionalismo en el estudio de la economía.

¿Qué se sigue de lo anterior? Allí donde los congresistas pueden legislar en beneficio propio no hay Estado de derecho. Allí donde se propone la reelección indefinida de los gobernantes no hay constitucionalismo. Y donde no hay constitucionalismo ni Estado de derecho, no hay tampoco legitimidad.

Estamos en el trance de asimilar el significado y las lecciones de un penoso proceso. Está todavía pendiente una clara y definitiva rendición de cuentas por lo sucedido con la reforma a la Justicia y con el conflicto de intereses. Y, sobre todo, están a la espera de ser puestas en la agenda muchas tareas. Esa agenda no se puede congestionar con la convocatoria a una asamblea constituyente que carece de toda legitimidad.
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