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Opinión

  • | 2017/08/23 14:39

    Asamblea Constituyente para Reforma a la Justicia

    Hundimiento de la Reforma a la Justicia de 2012. Magistrados negociaron la reforma. Descalabro de las tres ramas del poder público. Ingenuidad del constituyente. Diseño institucional implica magistrados juzgan congresistas y a la inversa. Politización de la Justicia y judicialización de la política. Corte Constitucional tumbó Comisión de Aforados. Congresistas sobrecontrolados y magistrados prácticamente irresponsables. Magistratura se burocratizó. Congreso es parte interesada en cualquier reforma. No hay alternativa distinta a Asamblea Constituyente.

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El hundimiento de la Reforma a la Justicia en 2012 y la declaratoria de nulidad del decreto que convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso para hundirla, demostraron a cabalidad la profunda crisis por la que atraviesa el Estado colombiano.

La Reforma a la Justicia fue abortada en forma irregular y tardía, por las adiciones y las modificaciones surtidas durante su trámite, que pusieron en evidencia la injerencia de intereses particulares y de cuerpo, que aconsejaban impedir su entrada en vigencia. La sola idea permitir que magistrados negociaran la reforma para obtener más tiempo en sus propios cargos repugnaba y afectaba la majestad de la justicia.

El Gobierno perdió el manejo del proyecto de reforma y el Congreso se prestó a las sugerencias de los magistrados, de suerte que la propuesta perdió su finalidad y se convirtió en un conjunto de ‘micos‘ para favorecer intereses de coyuntura. Se trató de un descalabro donde intervinieron las tres ramas del Poder Público. Al final, el Consejo de Estado consideró que el presidente de la república había extralimitado sus funciones, pero no revivió la cuestionada reforma.

El problema se origina en la ingenuidad y en el equivocado diseño constitucional. El constituyente de 1991 consideró que la actividad política se podía corregir mediante la intervención de los funcionarios judiciales, en consecuencia, atribuyó a los jueces funciones electorales en altos cargos del Estado, controles de pérdida de investidura de los congresistas y fuero penal para su investigación y juzgamiento. De otra lado, mantuvo el juicio político de los altos magistrados por parte del Congreso. En suma, el diseño institucional implica que los magistrados juzgan congresistas y a la inversa. El resultado, la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Es cierto, posteriormente, la llamada reforma de Equilibrio de Poderes pretendió corregir algunos de los problemas, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la Comisión de Aforados, el nuevo órgano de control de los magistrados, que sustituiría a la Comisión de Acusaciones.

El pulso entre los poderes Legislativo y Judicial fue ganado por este último: Decenas de congresistas han perdido la investidura o han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, mientras que tan solo a un magistrado de la Corte Constitucional, por presiones de la opinión pública, se le ha adelantado juicio político. Los congresistas están sobrecontrolados y los magistrados son prácticamente irresponsables.

La magistratura se fue convirtiendo en cargos burocráticos, en trampolín para aspiraciones políticas o profesionales, fue gestando grupos de poder al interior de las corporaciones judiciales, tráfico de influencias y contabilidad de los favores. Entonces, no solo la justicia no mejoró la política, sino que esta pervirtió la primera.

No nos debemos extrañar por los recientes escándalos en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales administrativos o en la propia Fiscalía General de la Nación, pues se trata de errores estructurales que no se han podido corregir porque el Congreso es parte interesada de cualquier reforma a la justicia.

Así las cosas, no hay otra alternativa distinta a la convocatoria y elección popular de una Asamblea Constituyente para la reforma a la justicia, en los términos del artículo 376 de la Constitución.

*Abogado Constitucionalista

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