Testigos que no fueron

El padrino es un clásico de la novela gansteril, escrita por Mario Puzo y llevada al cine por el maestro Francis Ford Coppola. Esta narra la historia de una familia de mafiosos ítalo-estadounidense y su meteórico ascenso desde las barriadas de Nueva York a la cúpula del poder subterráneo que mueve gran parte de los hilos del poder institucional. En ese proceso, don Vito Corleone, cabeza visible del clan, echa mano de todos los mecanismos que se encuentran a su alcance para lograr su objetivo: desde comprar los servicios de autoridades policivas y judiciales, pasando por una nómina de políticos influyentes, hasta llevar a cabo el secuestro o asesinato de sus más enconados enemigos. Todo el que se interpone entre él y sus metas, muere. Y aunque los indicios y sospechas de las agencias de seguridad del Estado apuntan hacia su organización, los testigos en los procesos en los que se le investiga, desaparecen o son asesinados, incluso aquellos que permanecen bajo la custodia estatal o recluidos en alguna cárcel: si no son apuñalados por un compañero de celda, les envenenan la comida o los tirotean en el momento en que realizan su rutina de ejercicios en el patio comunal.

La historia reciente de Colombia parece tener mucho de los ingredientes de intriga, suspenso, misterio y corrupción que gravitan el núcleo mafioso de una saga como El padrino, o ese otro clásico del cine como Los buenos muchachos de Martin Scorsese. La memorable escena en la que vemos a Michael Corleone sentado en una silla, al lado de su abogado y rodeado de sus compinches mientras se lleva a cabo un juicio que busca encarcelarlo por el asesinato de uno de sus antiguos aliados y soborno a las autoridades, nos hace recordar esa otra escena, más real pero igualmente dramática, en la que vemos al apóstol Santiago, menos imponente que Michael, por supuesto, con su abogado Jaime Granados Peña, cruzándose alguna información durante la audiencia en la que la Fiscalía lo acusa de ser uno de los fundadores del célebre y poderoso clan de paramilitares que el país conoció como Los 12 apóstoles.

Si miramos un poco más atrás, nos encontramos con hechos como el de un mafioso y paramilitar antioqueño que un día es recibido en el salón oval de la Casa de Nariño. Los videos de las cámaras de seguridad, difundidos por algunos medios de comunicación, registraron que el 23 de abril de 2008 ingresó por el sótano del palacio presidencial el señor Antonio López, más conocido en el bajo mundo del narcotráfico y el paramilitarismo como Job, de quien se decía era el asesor político de otra perla, Diego Fernando Murillo, alias don Berna, jefe de la temible banda de sicarios que en los tiempos de Pablo Escobar fue conocida como la Oficina de Envigado. Según algunas notas de prensa, el temible personaje había llegado allí para entrevistarse con el secretario jurídico del presidente Uribe, Edmundo del Castillo, y un grupo de personas entre las que se encontraban César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Palacio, y varios abogados de reconocida trayectoria nacional.

Como era de esperarse, la visita de un sicario en la Casa de Nariño (¿con autorización de quién?) fue noticia de carácter nacional e internacional. Pero como la rama siempre se quiebra por la parte más delgada, las investigaciones del hecho recayeron sobre Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. En el proceso de la investigación, no había dudas de que Antonio López sería llamada a indagatoria, pero, curiosamente, tres meses después, una tarde de agosto mientras almorzaba en un reconocido restaurante del sector de Las Palmas de la ciudad de Medellín, dos motorizados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida.

Como era de esperarse, el entonces presidente de los colombianos negó categóricamente el hecho y habló en rueda de prensa de un montaje de los enemigos de su gobierno. E insinuó que el magistrado Iván Velásquez estaba detrás de un cartel de falsos testigos (El Tiempo, 26/8/2008). Otro hecho, tan curioso como el anterior, fue el asesinato de siete de los doce testigos claves que la Fiscalía tenía contra Santiago Uribe, quien está siendo procesado, desde hace ya dos décadas, por la conformación de grupos paramilitares, en el caso particular de Los 12 apóstoles. Entre los testigos, directos participantes de los ilícitos que se cometieron en Yarumal, Antioquia, y sus alrededores, estaban oficiales de la Policía Nacional y oficiales del Ejército Nacional, separados de sus respectivos cargos, ya que, en el momento en que fueron baleados, pagaban condenas por el asesinato de un grupo de jóvenes campesinos de esa región antioqueña.

Pero el caso más relevante de los muchos que la prensa ha informado, es el de Francisco Enrique Villalba Hernández, un joven de 34 años de origen sucreño, condenado por dirigir el comando de paramilitares que, según sus declaraciones a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, fue organizado por Salvatore Mancuso en una de las fincas de los hermanos Uribe, con la presencia de los hermanos Uribe. Villalba era uno de los 14 testigos claves de la célebre masacre de El Aro, de los cuales solo siete permanecían vivos al formalizarse las investigaciones que buscaban esclarecer los motivos del sanguinario hecho. En el amplio abanico de nombres, el paramilitar señalaba a altos oficiales del Ejército como el general Alfonso Manosalva Flórez y al entonces gobernador de Antioquia. Bajo juramento, declaró que la noche del 22 de octubre de 1997, él y sus hombres fueron recibidos por el mandatario departamental, quien les hizo entrega de una lista con los nombres de los colaboradores de la guerrilla.

El tema fue abordado, entre otros, por Daniel Coronell en una columna titulada El hombre que sabía demasiado (SEMANA, 2015/02/07). De la misma forma, lo convertí en el primer capítulo de mi libro Los buenos muchachos del expresidente (Ediciones B Colombia, 2015), y ha sido el punto de partida de un sinnúmero de investigaciones que se han sumergido en esas aguas oscuras y turbulentas que ha sido ese río de violencia propiciado desde los hilos más alto del poder y sus instituciones armadas. Villalba, como el país lo sabe, era el testigo más importante que tenía la CSJ y la Fiscalía para desatar los hilos que conectaban a un grueso número de personajes públicos, empresarios y paramilitares con la masacre, y de la que dijo tener todas las pruebas necesarias que vinculaban a Uribe y a su hermano con ese hecho de sangre. Su error, sin duda, fue haber amenazado ante la justicia al hombre más poderoso que tenía entonces el país, pues en una visita que le hizo a su esposa e hija en el municipio La Estrella, Antioquia, el descuartizador de la AUC fue abordado por un sicario que le disparó en tres oportunidades mientras disfrutaba de la caída de la tarde.

El mismo error lo cometió el exalcalde de El Roble, Tito Díaz, cuando en uno de los consejos comunitarios del expresidente Uribe, celebrado en Corozal, Sucre, denunció las amenazas de muerte en su contra por el entonces gobernador Arana. No hay que olvidar que Díaz fue secuestrado y una semana más tarde las autoridades hallaron su cuerpo en un solar baldío a las afueras del municipio de Sampués, pero a su victimario, el entonces gobernador de Sucre, fue nombrado embajador de Colombia en Chile.

No hay que olvidar tampoco que el secuestro y posterior asesinato de Díaz desató una ola de crímenes. Catorce testigos, todos vinculados al caso del exalcalde, entre estos el cuñado de Arana, Said Isaacs Tatis, fueron atacados a balas, y solo uno sobrevivió para contarlo.

Hace más de una semana la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia instó a la Fiscalía General de la Nación a que fortaleciera las medidas de protección del señor Carlos Enrique Areiza, un testigo clave en el proceso que se lleva contra el expresidente Uribe por la presunta manipulación de testigos. La Fiscalía, al parecer, hizo caso omiso de la orden emitida por la CSJ y el resultado está hoy en los diarios del país y en los noticieros de televisión.

El expresidente ha declarado en su defensa que el señor Areiza no estaba testificando contra él o contra su hermano. El senador Iván Cepeda, por el contrario, ha expresado ante los medios de comunicación que el señor sí era testigo clave en la investigación que la justicia lleva contra Uribe por falsos testigos. Yo le creo a Cepeda, pero hay que esperar qué dice la CSJ al respecto y qué resultado arroja la investigación recién abierta por ese asesinato.

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(*) Magíster en comunicación