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Opinión

  • | 2017/05/25 08:15

    Colombianización de México y mexicanización de Colombia

    Al periodista mexicano Javier Valdez lo asesinaron la semana pasada –muy a la colombiana– y al colombiano Guillermo Cano lo mataron en 1986 –muy a la mexicana–.

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¿Qué tan perdida, indecorosa y deteriorada resulta ser una sociedad que les hace masivas manifestaciones de admiración al hijo y al jefe de sicarios de Pablo Escobar, el asesino y narcotraficante más grande y despreciable de su historia y –además– los admite como paradigmas morales? Planteé este interrogante durante una tertulia a la que me invitó la semana pasada la cadena española SER para descifrar el reciente asesinato en Sinaloa del reconocido periodista mexicano Javier Valdez, cometido por los carteles de las drogas de ese país.

Los contertulios mexicanos –Marcela Turati, periodista, y Elmer Mendoza, escritor–, quienes fueron amigos de Valdez, expusieron su recapacitada estrategia para tratar de conseguir que este colega sacrificado y tantos otros no desaparezcan en el olvido ni queden en la impunidad: la receta de ellos consiste en mantener viva la denuncia y los reclamos de justicia ante las autoridades que deben esclarecer los crímenes. Es la misma táctica que ideamos en Colombia hace 38 años, cuando el narcotráfico emprendió su despiadada cacería de periodistas, y hoy, con 153 asesinados, la impunidad es de más del 90 por ciento.

Los asesinos encapuchados de Javier Valdez lo pararon en la calle Epitacio Osuna, de Culiacán –capital de Sinaloa–, lo bajaron de su Toyota Corolla, hablaron con él alrededor de un minuto, lo obligado a ponerse de rodillas con las manos sobre los muslos y le descerrejaron 12 balazos, algunos de ellos en la cabeza, que llevaba cubierta por su infaltable sombrero de fibra de toquilla. Muy a la colombiana, todo el mundo sabe que lo asesinaron los carteles de las drogas en connivencia con las autoridades y delante de cámaras públicas de seguridad que, en ese momento, precisamente, estaban apagadas. Trabajaba en la planta de redacción del semanario Riodoce, del que era fundador, y servía simultáneamente como corresponsal en Culiacán de La Jornada, de Ciudad de México. La Fiscalía ya ha anticipado –muy a la colombiana– que será de gran dificultad poder llegar a identificar a los culpables debido a que no existen imágenes de ellos ni pistas alentadoras para hallarlos. Ni siquiera –farfullan– se sabe en qué dirección huyeron los asesinos. No obstante, la promesa es que no se economizarán esfuerzos de ningún tipo para encontrar a los responsables y asegurar que sobre ellos caerá todo el peso de la ley y del estado de derecho (lugares comunes que en estos casos las autoridades hacen que sean todavía más comunes).

Javier Valdez fue uno de los investigadores y cronistas más importantes de México entre quienes se especializan en investigar el fenómeno del narcotráfico y a las organizaciones que lo dominan. En enero pasado recibí una grata llamada telefónica de él en busca de detalles sobre el relato extenso que obtuve del piloto personal del ´Chapo´ Guzmán, publicado en Univisión.com (ver aquí) y se interesó por saber de mí parte qué tan hondas y estrechas son las relaciones del crimen organizado con el poder formal en Colombia. Me dijo que conocía mi investigación sobre los nexos del Cartel de Sinaloa con la familia del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (ver aquí). Tuvimos una discusión sin resultados acerca de cuántos periodistas habían asesinado hasta ese momento los narcotraficantes en México y Colombia. Ninguno de los dos teníamos las cifras exactas, que son estas: En México, desde el año 2000, 109 (sumado Javier); nueve de ellos en 2017 y tres de estos en un solo mes. Treinta han sido matados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, los periodistas asesinados suman 153 durante los últimos 38 años, con una impunidad superior al 90 por ciento. Estas cifras pueden aumentar mientras usted lee esta nota.

El asesinato de Javier –ocurrido cuatro meses después de nuestra conversación– y las fotografías que vi la semana pasada de su cadáver bocabajo sobre el pavimento de la calle Epitacio Osuna, me recordaron inmediatamente el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, de Bogotá, por el que estábamos en estos días denunciando que lleva 30 años de impunidad. Frente al edificio de su diario, el 17 de diciembre de 1986 fue acribillado –muy a la mexicana–por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El mismo día de la tertulia en la cadena SER, desempolvé un documento oficial e incontrovertible según el cual el ya mencionado ex presidente Álvaro Uribe Vélez perteneció a la junta directiva de una de las empresas del narcotraficante del Cartel de Medellín Luis Carlos Molina Yépez (también aparece escrito como Yepes), quien fue el encargado de pagarle –hasta hoy impunemente– a los sicarios que asesinaron a Cano. Puse un trino con esa evidencia (ver aquí) y pensé en lo mucho que me habría gustado habérsela entregado a Javier Valdez, de quien en esa mañana del debate en la cadena SER solamente quedaba honrar su memoria. Espero, en cambio, que haya visto este video en el que –antes de la muerte de Javier– el joven y talentosos periodista colombiano Julián Martínez (discípulo de Daniel Coronell) recientemente buscó a Uribe en el Capitolio Nacional para preguntarle –como buen reportero que es– si iría a declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre sus probados nexos con el asesino de Cano (ver aquí). La respuesta llegó varios días después con trinos coléricos y calumniosos de Uribe y diversas amenazas de muerte contra el periodista.

Uribe perteneció a “Confirmesa”, la firma del Cartel de Medellín, siendo alcalde de esa ciudad, cargo en el que solamente duró cinco meses porque el presidente de la época, Belisario Betancur, lo sacó al enterarse de que había aterrizado en un helicóptero de la mafia en una plaza de toros donde los mayores narcotraficantes de Colombia celebraban una corrida organizada por ellos (en ese tiempo los alcaldes no eran elegidos por votación popular sino por decreto). Es posible, inclusive, que haya pertenecido a aquella firma desde cuando estuvo en su cargo público anterior como director de la Aeronáutica Civil, entidad estatal encargada de regular y supervisar la aviación en todos sus aspectos, menos los militares.

No me cabe la menor dura sobre el proceso de colombianización criminal que está sufriendo México y presumo que allá llegarán también a la situación deplorable de aquí en que, por ejemplo, “Popeye”, el jefe de sicarios de Pablo Escobar –con más de dos mil homicidios a cuestas– y su hijo, Juan Pablo Escobar, firman autógrafos por las calles, son aplaudidos y copan los mejores espacios de la televisión y de las vitrinas de las librerías con la inaudita comercialización de los delitos monstruosos de su jefe y padre, respectivamente. Para no hablar de las más altas posiciones que –muy a la colombiana– con seguridad alcanzarán en la política y el alto gobierno los secuaces y servidores de la mafia mexicana. Es cuestión de tiempo para que uno de ellos llegue a la Presidencia de la República ofreciendo, como lo hace Uribe, “salvar al país de la espiral de corrupción y violencia que se lo comen vivo”.

Para entonces, se estará recordando que al periodista mexicano Javier Valdez lo asesinaron en 2017 –muy a la colombiana– y al colombiano Guillermo Cano lo mataron en 1986 –muy a la mexicana–.

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