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Opinión

  • | 2011/02/26 00:00

    Asesoría sin honorarios para Uribe

    Sería bueno que le contara a la Corte lo que le han dicho a la justicia colombiana y a los medios algunos testigos claves de las andanzas de la Drummond.

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Hasta el 11 de marzo tiene plazo el Departamento de Justicia de Estados Unidos para decidir si obliga al expresidente Álvaro Uribe a comparecer ante la Corte Federal de Columbia para presentar su testimonio en el proceso que se adelanta contra la Drummond Company por colaborar con paramilitares en Colombia o acepta la petición de inmunidad que hizo el gobierno colombiano al final del año pasado.
 
No es fácil la decisión. Decidir que Uribe asista a la Corte es perder la autoridad para reclamar que los mandatarios norteamericanos sean cobijados por la inmunidad en juicios de otros países. Pero acordar que Uribe no se presente es subordinar los derechos humanos y la justicia a las conveniencias políticas.

En Colombia se da por hecho que la justicia de Estados Unidos protegerá al expresidente Uribe, pero en caso de que esto no ocurra, en caso de que el Departamento de Justicia decida privilegiar los derechos humanos, sería muy bueno que nuestro exmandatario le contara a la Corte que lo cita lo que le han dicho a la justicia colombiana y a los medios de comunicación algunos paramilitares o testigos claves de las andanzas de la Drummond.

Rafael García, exjefe de informática del DAS; Edwin Guzmán, exmilitar y desmovilizado de las AUC; Alberto Visbal, paramilitar; Isnardo Ropero, vigilante de casas en Valledupar, y George Pirce, extrabajador de la Drummond, han señalado que la Drummond sostuvo relaciones con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y contribuyó por largo tiempo a la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia; también que pagó por los asesinatos de los dirigentes sindicales Valmore Locarno y Víctor Orcasita, en hechos ocurridos el 14 de marzo de 2001.

Entre las versiones está la aseveración de que Rafael Araújo, gerente de Relaciones Comunitarias de la Drummond, amigo desde la infancia de alias ‘Jorge 40’, fue quien sirvió de enlace entre la multinacional y los paramilitares.

En 1999, después de varias reuniones, acordaron que la Drummond financiaría la creación del frente Juan Andrés Álvarez, un grupo que rápidamente reunió a 200 hombres bien armados y fue responsable de varias masacres y de una campaña de terror alrededor de la vía férrea por donde se transportaba el carbón de la compañía.

En el caso de la muerte de los sindicalistas, el testimonio más concreto es el de Alberto Visbal, quien manifestó que uno de sus hombres aseguró haber visto cuando Augusto Jiménez, gerente en Colombia de la Drummond, le entregó 200.000 dólares a Jorge 40 para neutralizar a los sindicalistas Locarno y Orcasita.

La justicia de Estados Unidos ya emitió un fallo desestimando la responsabilidad de la Drummond en los asesinatos de sindicalistas y ahora se apresta a culminar un proceso en el que las víctimas insisten en la vinculación de la compañía con los grupos paramilitares.

Bastaría que el expresidente Uribe enunciara estas informaciones, que se pueden corroborar fácilmente en los expedientes o en los artículos de prensa, para que el juicio tomara un nuevo impulso. La voz de Uribe no pasaría inadvertida ante las Cortes norteamericanas.

Sería un gesto hacia las víctimas. Con un testimonio de estos, Uribe compensaría en algo las decisiones que tomó el Estado colombiano para favorecer a la compañía. No hay que olvidar que el Ejército decidió instalar una base militar para prestar seguridad especial a la operación en la mina y al transporte del carbón hasta Santa Marta.

Así mismo, no hace mucho, concedió 17.000 hectáreas más para que la compañía ampliara sus dominios a la mina El Descanso, Rincón Hondo y el Hatillo, con lo cual la empresa se ha convertido en la más grande explotadora de carbón a cielo abierto del mundo.

Sé que estas son sugerencias atrevidas para un exmandatario que se pone furioso cada vez que le mencionan alguna diligencia judicial en relación con los paramilitares, pero con su versión ayudaría mucho a hacer justicia en un caso dramático de abuso de una compañía extranjera sobre ciudadanos colombianos.
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