Martes, 21 de octubre de 2014

| 2013/08/21 00:00

Así embargan hipotecarios UPAC/UVR

En este acto vergonzoso y criminal están comprometidos corporaciones financieras, abogados, auxiliares, jueces y magistrados.

¿Cuándo será que el Estado, en cumplimiento del Artículo 51 de la Constitución Política de 1991, expide leyes claras y serias para proveer a las familias más necesitadas de una vivienda digna, sin que se vean atropelladas y finalmente masacradas económicamente por las mafias del sistema criminal y financiero?

Es increíble pero cierto que por todo el país, miles de familias estén llorando la pérdida de uno o varios de sus seres queridos que se suicidaron al no poder defender sus viviendas adquiridas inicialmente con los créditos usureros del sistema: UPAC/UVR.  

Pero, lo más grave, es que miles de estos  procesos que cursan en diferentes juzgados del país, se han levantado sobre documentos falsos y liquidaciones fraudulentas. En todos los casos, no han valido el llanto ni los recursos interpuestos por sus víctimas, puesto que es más poderosa la mafia de remates de vivienda que la administración de justicia. 

Para corroborar lo dicho, nos permitimos relacionar solo dos casos de los miles que tenemos referenciados: demandado, Alberto Pérez Pérez, corporación financiera Gran Ahorrar, hoy BBVA, Juzgado 33 Civil del Circuito, radicado: 2001-06864 de Bogotá; y Joaquín Valencia Gil, Corporación Financiera Concasa – Bancafé hoy Davivienda, juzgado 11 Civil del Circuito, radicado 2005-0323 de Bogotá. 

Sobre cada uno, existen documentos bastante comprometedores sobre la manguala de las corporaciones financieras con agentes del Estado, que esperamos los organismos de control, especialmente la Fiscalía, empiecen a investigar sin pérdida de tiempo. 

Este caso, ante la indiferencia del gobierno y demás organismos competentes, ya se encuentra en manos de la Corte Penal Internacional CPI.   

                                                                                                                                                                                                                        Si levantamos un censo de los suicidios ocurridos por casos de vivienda, muy seguramente en cada capital de departamento habría que levantar un mausoleo con cientos de víctimas. Lamentablemente, nuestros gobiernos y legisladores, como siempre, son sordos y mudos ante semejante drama nacional. 

Las leyes, que se dictan aparentemente para solucionarlo, no dejan de ser bobaliconas. Siempre tienden a complacer a quienes desde cómodas e inaccesibles fortalezas financieras expiden el pasaporte a la desgracia de miles de humildes familias.  

Por esta sobrada y meritoria razón, más de 500.000 familias que se encuentran en idénticas  condiciones han conformado un grupo para que las representen y sean escuchadas en la mesa de negociación de paz, en La Habana, Cuba. Para estos efectos, me han hecho llegar copia de su solicitud, que sin lugar a dudas le daremos trámite ante los negociadores nacionales e internacionales encargados del tema. 

Colombia es el único país del mundo donde los créditos para vivienda se cobran con intereses tan excesivamente altos que provocan la desintegración familiar, lo que lleva a la ruina a miles de hogares que finalmente desisten de adquirirla y, fácilmente, se terminan involucrando en negocios turbios y clandestinos para poder sobrevivir.   

Este atropello tuvo sus inicios en el año 1972, con el llamado sistema de Unidad de Poder Adquisitivo de Valor Constante (UPAC) que permite el cobro de intereses sobre intereses. Posteriormente, en 1999, fue declarado inconstitucional y reemplazado por el de Unidad de Valor Real, UVR, que resultó igual o peor puesto que también aplica el mismo sistema UPAC.  

Adquirir un préstamo de vivienda por este medio es el camino más corto para quedar en la ruina. Al más mínimo descuido del no pago de unas cuantas cuotas, la deuda fácilmente se convierte en impagable. Así es como se inicia el proceso prejurídico, empieza el terrorismo de llamadas de la entidad financiera y los calanchines de los juzgados, a negociar el inmueble. Se genera cizaña a las familias: que es mejor entregarlo por las buenas para evitar un vergonzoso desalojo con la fuerza pública, en presencia de todos sus vecinos.

Ante tan delicada situación,  no faltan los avivatos que aprovechan para pescar en río revuelto creando organizaciones en defensa de quienes están a punto de perder sus viviendas. La mayoría de las veces, el remedio resulta peor que la enfermedad puesto que finalmente en muchos casos terminan en manguala con las entidades financieras.  

Al revisar cientos de créditos hipotecarios, se llegó a la conclusión que los intereses que cobran los bancos, siempre son superiores a los que se pactaron al inicio de la transacción, sin tener en cuenta que la Ley 546 de 1999, o la llamada Ley de vivienda, no contempla capitalización de intereses. 

Esta forma usurera de cobrar de los bancos permite que un promedio de 100 familias pierdan su vivienda diariamente. Es inadmisible que un crédito se pague hasta quince y veinte veces. En muchos casos, faltando pocas cuotas para coronar, la entidad financiera sale con cuentas extemporáneas que nadie sabe de dónde se las inventaron pero como todo es posible, porque aquí en Colombia las leyes nacen con la trampa al cuello, salen a relucir documentos falsos sobre los cuales se monta todo un proceso para lanzar las familias a la calle. 

En esta forma, según los delincuentes de cuello blanco, se administra justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley. ¡Qué vergüenza! 

urielos@telmex.net.co

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×