Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/03/21 20:49

Así se roban la Universidad de Cartagena (II)

No hay duda de que el aumento de la nómina de la U. de C. es proporcional a la apertura de nuevas vicerrectorías, las cuales alimentan el monstruo famélico de la burocracia.

Así se roban la Universidad de Cartagena (II)

El desastre administrativo por el que atraviesa hoy la Universidad de Cartagena empieza, precisamente, por la designación, en mayo de 2014, de Edgar Parra Chacón, actual rector del alma máter. Según la Junta Directiva del Sindicato de Profesores, su escogencia se hizo violentando el Estatuto General de la Universidad, que en el Acuerdo 40 de 1996 dice, en su artículo 25, “que para que la asignación de un funcionario sea válida debe ser aprobada por los votos de las dos terceras partes del quorum reglamentario”.

En otras palabras, para que la designación tenga peso reglamentario, 6 de los 9 miembros deben votar positivamente ante la propuesta, cosa que al parecer no sucedió en el proceso de elección de Parra Chacón, pues solo 5 de los 6 reunidos dieron su aprobación, mientras que la entonces delegada de Ministerio de Educación, Patricia Martínez Barrios, se opuso con su voto a dicha escogencia.

Pero aun así, el 6 de junio de ese ese año, Parra fue posesionado como rector de la Universidad, violentando nuevamente el Acuerdo 40, pero ahora en su artículo 26, el cual reza que la ceremonia de posesión debe ser presidida por el Gobernador del departamento, o un representante suyo, el Presidente de la República o, en su defecto, un delegado suyo, norma que no tuvieron en cuenta los miembros del Consejo Superior, quienes, una vez denunciada la irregularidad, procedieron a modificar dicho artículo, suprimiendo de un plumazo todos los requerimientos legales de la posesión.

Sin embargo, el asunto de la cuestionada legalidad de Parra Chacón al frente de la Universidad de Cartagena va más allá. Pues según el Artículo 122 del decreto 1950 de 1973, consagra de manera clara y literal que la edad forzosa de retiro de un funcionario es de 65 años, lo cual se constituye en un impedimento para ejercer cualquier cargo. Por su parte, el Artículo 33, parágrafo 3 de la Ley 100, es también sumamente claro cuando afirma que “se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, o la relación legal, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecido en este artículo para tener derecho a la pensión”.

Parra Chacón tiene hoy 66 años. Es decir, un año más de lo estipulado por la ley para ejercer cargos públicos y que solo tiene su excepción para quienes ejercen la docencia, pero Parra no lo es. Sin embargo, esto no parece ser motivo de impedimento para un Consejo Superior Universitario que defiende sin arrugarse los intereses burocráticos de sus miembros. Algo parecido ocurre con la señora Diana Lagos de Vergara, vicerrectora de calidad, nombrada en este cargo después de cumplir los 74 años, pero nadie parece percatarse de estas irregularidades que lesionan la normatividad universitaria, afectan el presupuesto del alma máter y pasan por encima de las normas jurídicas.

El presupuesto mensual de la U. de C. oscilaba, solo en nómina, entre los 4 y 5 mil millones de pesos. Pero con la llegada de Germán Sierra y luego la de su sucesor, este ascendió a mil millones más. Para un grupo de docentes, el aumento nominal obedece a la apertura de un gran número de vicerrectorías que tienen como único objetivo alimentar ese monstruo enorme de la burocracia que cada año se devora literalmente el presupuesto destinado a la educación de más 25 mil estudiantes de los distintos programas. Esto ha llevado a que su deuda pública se encuentre, a la fecha, por encima de los 13 mil millones de pesos y sus intereses la pongan en el orden de los 15 mil.

En palabras concretas, la Universidad de Cartagena, en este momento, gasta mucho más de lo que recibe. El caso ejemplificante de este tipo de irregularidades lo representa la Universidad del Tolima, cuyos gastos burocráticos y administrativos excedieron por tres el presupuesto asignado y hoy esa institución no tiene plata para pagarle a nadie.

La recordada expresión de Germán Sierra Anaya ante la ministra de Educación, Gina Parody, donde defiende sin arrugarse la relación inversionista público-privado, posiblemente pasó inadvertida para un grueso número de los presentes, pero dejó claro que las puertas de la Universidad de Cartagena empiezan a abrirse para una fusión que se ha buscado desde el gobierno de Andrés Pastrana y quizá desde mucho antes: su posible privatización.
Esto quizá explique por qué la expresión de algunos jefes de programas que definen el concepto de rentabilidad con relación al número de estudiantes, como si la rentabilidad fuera un fin en sí mismo para las universidades públicas. Un curso no es rentable cuando el número de asistentes no supera los 10, pero sí lo es cuando desborda los 30.

Ahora bien, dudo mucho que la educación pública tenga como fin la rentabilidad económica. Parecen olvidar que la U. de C. es una institución pública sin ánimo de lucro, pero es probable que para las mafias enquistadas en su administración, el negocio sea ese: llenarse los bolsillos aunque en la lista que define a las mejores instituciones de educación superior del país no supere el puesto 47.


En Twitter: @joarza

Email: robleszabala@gmail.com

*Docente universitario.

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