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Opinión

  • | 2001/08/13 00:00

    Aunque el Iva social se vista de seda

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Los inconvenientes reales del denominado 'IVA Social' radican, en primer lugar, en su efecto nocivo sobre la estabilidad de las finanzas públicas. El presente gobierno, y el país como un todo, han incurrido en un duro ajuste fiscal para devolverle la viabilidad a las finanzas del Estado. Este proyecto de reforma constitucional atenta contra lo hecho en los últimos tres años por el gobierno, en todos sus niveles, y por todos los colombianos. El proyecto atenta, por ejemplo, contra los logros obtenidos con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó el sistema de participaciones territoriales. El nuevo sistema echaría al traste el esfuerzo de desligar, temporalmente, las participaciones territoriales, de la evolución del recaudo de impuestos y rentas del gobierno central. Se volvería a atar un monto importante de gastos, a la evolución de los ingresos públicos, durante los próximos años.

No hay que olvidar, que los ingresos del gobierno, aún no alcanzan para atender todos los gastos que realiza el Estado. Esta es, precisamente, la causa para que sea necesario acudir cada año al endeudamiento.

En segundo lugar, la iniciativa especifica que ese 25 por ciento del recaudo de IVA (alrededor de 2,5 billones de pesos), se debe destinar a una serie de usos escogidos al azar y que no responden a criterios sanos de asignación presupuestal, ni de focalización social.

¿Adonde irían los recursos si este proyecto es aprobado?:

-A los municipios de menos de 25.000 habitantes: el 13 por ciento del IVA recaudado (1,3 billones)

-A los estratos 1, 2 y 3 de la población: el 4 por ciento (400.000 millones)

-A los corregimientos: el 4 por ciento (400.000 millones)

-A los resguardos indígenas: el 4 por ciento (400.000 millones)

Es difícil determinar con base en qué criterios se fijaron estos porcentajes. Además, es del todo indeseable, que una clasificación de esta naturaleza, quede consignada como norma constitucional.

El proyecto de Acto Legislativo que busca crear el 'IVA Social' no sólo define los beneficiarios de los recursos, también define el tipo de programas en que se deben gastar. ¿Es razonable definir en la Constitución Política qué se debe destinar como gasto social?, ¿qué dineros para planes de vivienda de los periodistas y los artistas colombianos? y, ¿cuáles para fortalecer el fondo pensional de los jubilados de las universidades públicas? Es difícil justificar los privilegios constitucionales para estos grupos frente al resto de la población más necesitada del país.

En contraste, la actual propuesta para reformar la Ley 60 de 1993, que hace tránsito en el Congreso, define los criterios para distribuir los recursos, que por mandato constitucional, el gobierno central transfiere a las regiones. Con este proyecto se busca distribuir, de manera justa y equitativa, 12 billones de pesos para el año 2002, con el fin de que la educación, la salud, el agua potable y la inversión municipal, lleguen a la población más necesitada. En este proyecto el dinero llega a quien más lo necesita. Es decir que los recursos llegan donde hay más beneficiarios de la salud y la educación públicas, y más incidencia de pobreza. Pero, a la vez, se premia a aquellas entidades territoriales que más se esfuercen en el manejo responsable de sus finanzas.

Se debe pensar con mucho detenimiento y cabeza fría en las consecuencias de una iniciativa como el 'IVA Social'. Al próximo gobierno, y a todos los que lo sucedan, se les crearía un problema fiscal de proporciones bíblicas. Si las finanzas públicas del país no tienen una perspectiva de estabilidad hacia el futuro, el dinero que se destine a los más pobres será menor, y estará a merced de las fluctuaciones imprevisibles de las tasas de interés y la devaluación, lo que, como siempre, se traduce en mayores niveles de pobreza.

La única manera de neutralizar esta iniciativa, en el evento de ser aprobada, sería el despido de 175.000 funcionarios públicos. Alternativamente, el gobierno podría eliminar por completo los gastos generales de funcionamiento (energía, gasolina, papelería, dotación, etc.), lo cual no sólo es heroico sino irreal. Otra alternativa sería reducir en 40 por ciento la inversión pública o claro está, acomodar los nuevos gastos que implicaría el 'IVA Social', aumentando los impuestos o el endeudamiento. Estos serían los dilemas que enfrentaría la próxima administración en su primer presupuesto.

El actual Gobierno, y todos los colombianos, han asumido inmensos costos para lograr un manejo fiscal responsable; y esta tarea ha sido acompañada, con coraje, por el Congreso de la República, al aprobar reformas necesarias, pero difíciles. No es este el momento para desviarnos de la ruta correcta, y no es un proyecto de este estilo el que le va a reportar a los colombianos más necesitados, el apoyo y la atención que tanto demandan. Aunque el 'IVA Social' se vista de seda, mico se queda.



*Director del Departamento Nacional de Planeación



¿IVA social?. Opinión del concejal Francisco Noguera sobre el tema
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