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Opinión

  • | 2015/05/06 10:50

    Restitución de tierras o la legitimación del despojo

    El fracaso de la política de restitución de tierras no solo enterraría este derecho de las víctimas sino que legitimaría las prácticas de despojo por parte de grandes actores económicos.

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Una de las normas más importantes de la Ley de víctimas se refiere a las presunciones de despojo. Según esta norma, las ventas de tierras en contextos de conflicto armado y abandono por causa de la violencia tienen un manto de duda, pues grandes capitales se aprovecharon de esa situación para comprar tierras a bajo precio y obtener para sí un provecho económico, agravando la ya existente acumulación de tierras en el país.

Hoy, el estudio de contextos de abandono y despojo de tierras en los procesos de restitución está mostrando de nuevo la relación entre la llegada de grupos armados ilegales, el subsecuente desplazamiento forzado y la política de atesoramiento de tierras, territorios y recursos naturales en beneficio de agentes legales (élites políticas, económicas y empresariales).

En algunos casos estos agentes tuvieron responsabilidad directa en la consolidación o financiación de los grupos armados, como sucedió por ejemplo con empresarios palmicultores y ganaderos en Norte de Santander, Urabá y Chocó (fenómeno que se conoce con el nombre de paraempresarismo o paraeconomía, también develado en los procesos de Justicia y Paz). En otros casos la relación fue indirecta pues aún cuando no financiaron grupos armados, sí se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas y la escasez económica generada por el conflicto, para hacerse a tierras que legalmente y en otras circunstancias no habrían podido adquirir, como parece haber ocurrido en Montes de María con las compras masivas de tierras protegidas e incoradas para cultivar palma y teca.

Con ocasión de estas investigaciones, durante los últimos meses varios empresarios se han pronunciado en diversos medios, alegando haber actuado con apoyo e invitación del Estado para llevar su modelo de desarrollo y civilidad a tierras caracterizadas por el abandono estatal, modelo que según ellos beneficia al conjunto de la población.

Esta postura merece la reflexión sobre tres cuestiones fundamentales.

En primer lugar, es necesario cuestionar la legitimidad de las políticas que sirvieron de excusa para la compra masiva de tierras, evaluando si estas resultan justas y respetuosas de los derechos de las víctimas. De acuerdo con las obligaciones adquiridas por Colombia, uno de los deberes principales de las autoridades estatales es garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, lo cual implica restituir las tierras abandonadas o despojadas. Ese deber fue ignorado por años, circunstancia que se agrava con el fomento del mercado de tierras en las zonas más golpeadas por la violencia. De esta manera, se relegó a los campesinos a un segundo plano para priorizar la apropiación y explotación de tierras por parte de empresas, nacionales y extranjeras.

En segundo lugar, es importante analizar si efectivamente la acumulación de grandes extensiones de tierra por parte de empresarios tiene la virtud de favorecer a la mayoría de la población, o si por el contrario reporta beneficios directos y mayores a las propias empresas y el beneficio a las comunidades es nulo o solo colateral.

El panorama al respecto sigue siendo desolador pues al cruzar el mapa de la pobreza con el mapa de la concentración de la tierra se siguen identificando abundantes zonas donde coexiste una distribución de la tierra altamente desigual, con altos niveles de pobreza. Nada distinto sucede con las políticas de acceso a servicios públicos, las cuales tienden a favorecer la explotación, comercialización o transporte de los recursos que se extraen de los proyectos agroindustriales. Las comunidades poco se han beneficiado de estas inversiones y, por el contrario, en muchos casos se han visto especialmente afectadas debido a la contaminación de los afluentes del agua con fertilizantes y pesticidas usados en las plantaciones.

En tercer lugar, es importante recordar que muchas de las decisiones que permitieron la acumulación de tierras y la consecuente implementación de proyectos agroindustriales en zonas de conflicto fueron proferidas en contextos de cooptación de la institucionalidad local y nacional por parte de las mafias paramilitares, lo cual genera mayores dudas sobre la legalidad de esos proyectos.

Aunque grandes inversionistas hayan sido invitados por el Estado mismo para comprar y explotar tierras previamente abandonadas o despojadas por el conflicto armado, dicha invitación no excluye que se hayan aprovechado de la situación de vulnerabilidad de cientos de campesinos víctimas, que debido a sus precarias condiciones tenían poca o ninguna capacidad de decidir sobre la venta o transferencia de sus territorios.

En este contexto, la política de restitucion sigue siendo una oportunidad no solo para revertir el fenómeno del despojo sino tambien para dilucidar la responsabilidad directa de varios grupos empresariales en la ejecución de prácticas ilegales  para acumular las tierras de las víctimas e implementar en estas megaproyectos productivos.

(*) Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
@aurabolivar83 
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