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Opinión

  • | 2015/10/22 10:00

    Se recrudece guerra en Truandó, Salaquí y Cacarica

    Retornos de comunidades a estas zonas del Bajo Atrato chocoano están en grave peligro por choques armados entre las FARC y ELN con las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

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En las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Cacarica, en el bajo Atrato chocoano, la guerra se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos dos meses. Las comunidades que habitan esas zonas, tan golpeadas por la confrontación armada desde mediados de la década del noventa, están en medio del fuego cruzado de las guerrillas de las FARC y el ELN contra las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC).

Una de las últimas alertas se presentó hace tres días. En la zona de Río Ciego, se enfrentaron durante el domingo y el lunes facciones de la guerrilla de las FARC y de las AGC, que se vienen disputando el control territorial de una amplia zona selvática, estratégica para diversas actividades ilegales. En esos parajes habitan cerca de 200 personas que están en peligro y es urgente su atención.

La situación de riesgo para las comunidades comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando, según reportes de la Defensoría del Pueblo, un grupo de por lo menos 150 hombres de las AGC llegó a las cuencas del Truandó, Salaquí y Cacarica, desde el municipio de Riosucio a través del río Atrato. Las características de esta incursión son bastante similares a la adelantada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en febrero de 1997 con apoyo de tropas del Ejército Nacional.

Las comunidades denunciaron que cuatro días después del arribo a su territorio, las AGC realizaron una reunión liderada por un hombre que se presentó como ‘El Mono’, a la que habrían asistido representantes de las comunidades de La Nueva, Clavellino, Truandó Medio y Taparal, territorios colectivos de la cuenca del Truandó. Según se cuenta, en ese encuentro se les informó que no tenían como objetivo enfrentarse a las FARC y para evitarlo enviaron varios mensajes a la comandancia del Frente 57, sin respuesta alguna hasta ese momento.

En esa reunión, las AGC expresaron que la cuenca del Truandó estaba, desde día, bajo su control y su pretensión era “ayudar a las comunidades en lo que necesiten”. Informaron también que esta expansión abarcaría la comunidad de Domingodó y la cuenca del río Salaquí.

Bajo esa fachada solidaria, lo que pretende este grupo armado ilegal es dominar un corredor que une los océanos Atlántico y Pacífico. De esta manera, esta organización criminal, que desde hace unos años se constituyó en una de las bandas criminales más poderosas del país, establecería un eje de acción entre los municipios portuarios de Buenaventura y Turbo, con el fin de consolidar sus actividades de narcotráfico.

Lo que agrava la situación humanitaria de los pobladores de estas cuencas del Bajo Atrato es que facciones del ELN se vienen posicionando desde hace varios meses en ellas, trasladando combatientes desde el Alto Baudó, lo que implica una alta concentración de hombres armados, pues estos se suman a los guerrilleros del Frente 57 de las FARC, quienes están allí desde hace varias décadas.

Un reporte de la Defensoría del Pueblo, fechado el pasado 14 de octubre, da cuenta de los riesgos que enfrentan las comunidades de esta amplia región chocoana que ya padecieron el desplazamiento forzado en 1997 tras los ataques de las ACCU y el Ejército, y que en los últimos años decidieron retornar sin mayor acompañamiento estatal: “Los representantes refieren la presencia de zonas minadas en cercanías a las comunidades de Clavellino y La Nueva, y en caminos comunitarios y zonas de cultivos de pancoger, afectando a comunidades como Quiparadó, Marcial, Taparal, Dos Bocas y Truandó Medio”.

Tales circunstancias confinaron a buena parte de las comunidades en sus casas, lo que impide el trabajo en las fincas, ante el temor de quedar en medio de enfrentamientos o bajo la presión de los grupos armados ilegales. La situación que tiende a agravarse tras el anuncio de las FARC de sembrar minas antipersonales para impedir el paso de los combatientes de las AGC.

Tal como está la confrontación, las decisiones que han tomado los comandantes de las FARC en La Habana sobre el cese unilateral del fuego, vigente desde el 20 de julio de este año, y de no recurrir al uso de minas antipersonales no se están aplicando en selvas del Bajo Atrato chocoano.

Uno de los aspectos similares de esta incursión con la de las ACCU en 1997 es que el arribo de las AGC a las cuencas del Bajo Atrato no tuvo ninguna restricción por parte de la Fuerza Pública. Informes estatales reseñan la presencia de lanchas rápidas de la Armada Nacional que recorren el río Atrato desde el municipio de Riosucio, así como de soldados del Batallón Selva 54.

Por tal razón, las comunidades sienten una profunda desconfianza por cuanto no se explican cómo este grupo armado ilegal llegó al Truandó sin una reacción efectiva contra los ilegales.

La situación tiende a agravarse porque en algunos sitios estratégicos del río Atrato las AGC instalaron retenes y varios de los hombres que hacen los controles a las barcazas que transitan por ese afluente visten uniformes nuevos con insignias de la Infantería de Marina, pero se identifican como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

En esos lugares se está restringiendo el paso de mercados y mercancías que surten las tiendas comunitarias en las comunidades indígenas y territorios colectivos; asimismo, se impuso la compra de un mercado por familia hasta de 100 mil pesos. Si se mantienen estas medidas y el confinamiento no se supera, se generará un desabastecimiento de alimentos que eleva el riesgo de desplazamiento de los pobladores afectados.

Lo triste es que estas comunidades apenas se vienen reponiendo de los efectos del desarraigo que padecieron después de las incursiones de las ACCU y el Ejército en febrero de 1997. Tras los procesos de retorno, se estaban consolidando áreas de cultivos de arroz, plátano y yuca con el apoyo del INCODER, construido viviendas y centros de encuentro comunitario, aspectos fundamentales para reconstruir sus redes comunitarias y un acceso mínimo a sus condiciones de subsistencia. Todo ello está en riesgo.

La guerra vuelve y se recrudece en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Cacarica, con características muy similares a 1997, un indicador de que el Estado no ha podido garantizar las condiciones de no repetición para unas comunidades que han vivido bajo el ruido de las balas por años. Así será muy difícil consolidar la llamada paz territorial.

En Twitter: jdrestrepoe
* Periodista y docente universitario

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