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Opinión

  • | 2006/12/23 00:00

    Autopsia de una infamia

    El Presidente, en trance de reelección, usó políticamente una información reservada (y poco confiable) para hacerle daño a un opositor

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Casi un año después, y cuando la Procuraduría eleva cargos contra él, Luis Carlos Restrepo reconoce: "Yo no tengo ninguna prueba contra Rafael Pardo". Agrega el Alto Comisionado que nunca creyó en la seriedad de las informaciones según las cuales el precandidato planeaba unirse con las Farc para impedir la reelección de Uribe.

En enero, cuando el gobierno emprendió la campaña para enlodar a Pardo, el Presidente y su Comisionado decían cosas bien distintas. Ellos sostenían públicamente que existían testimonios para demostrar la alianza entre Pardo y las Farc.

Todo el tiempo dieron a entender que los hechos eran ciertos y los testigos fiables. Tanto que el Presidente de la República, en un remedo de rectificación, declaró: "Acabo de tener una última conversación con el alto comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, él me dice que el gobierno no puede revelar los nombres de los testigos, por el interés superior del país en la paz y en el acuerdo humanitario. En consecuencia el gobierno no puede probar las declaraciones contra el senador Pardo. En virtud de lo anterior, el gobierno se retracta de esas declaraciones, le ofrece disculpas públicas al senador Pardo, por mi conducto directamente, y tratará el tema con él en privado".

Es decir, el gobierno informó que se retractaba solamente porque no podía revelar el nombre de los pretendidos testigos, sin poner en riesgo la paz del país y el acuerdo humanitario, y no -como le dice ahora Restrepo- porque los hechos no merecieran credibilidad.

Restrepo afirma también que compartió esa información únicamente con el Presidente de la República. Lo cual significa que si no fue él quien la filtró, solamente pudo haber sido el propio jefe de Estado.

Aunque fuera cierta la alianza Pardo-Farc -que no es el caso-, el Presidente no podía sacar provecho de informaciones privilegiadas que había recibido en razón de sus funciones.

Si realmente le resultaban creíbles los señalamientos, debió ponerlos en conocimiento de la Corte Suprema, investigador natural de Pardo como senador que era, y no en una rueda de prensa concedida por sus alfiles políticos.

El Presidente, en trance de reelección, usó políticamente una información reservada (y poco confiable, según dicen ahora) para hacerle daño a un opositor y desviar la atención del escándalo por la conexión entre sus aliados políticos y los paramilitares.

El trabajo sucio lo ejecutó, con placer el entonces jefe del partido de La U, y hoy ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Citó a una rueda de prensa para expulsar a unos congresistas, pero desde el comienzo tenía la intención de repartir el lodo ensuciando a Rafael Pardo.

Como el tema no iba a salir espontáneamente en esa rueda de prensa, necesitaban que alguien hiciera la pregunta que permitiera la insinuación contra Pardo. La elegida fue Isis Durán, una joven reportera que dos meses antes del episodio trabajaba en Palacio. Alguien de la Casa de Nariño la llamó para decirle que el gobierno tenía conocimiento de un plan conspiratorio fraguado entre Pardo y las Farc. También le dijeron que la persona que podía corroborar la información era Juan Manuel Santos.

Isis me contó que minutos antes de la declaración habló con Santos. En esa conversación convinieron que le haría la pregunta durante la rueda de prensa. El plan se cumplió de acuerdo con el libreto, Santos fingió estar muy sorprendido con la pregunta y soltó la carga contra Rafael Pardo. Como era previsible, esa fue la noticia grande del día y opacó en gran medida el escándalo para-político.

Con lo que se conoce hasta ahora quedan claras tres cosas: primero, nada fue espontáneo. Segundo, el Presidente estaba al tanto del plan para desprestigiar a Pardo y tender una cortina de humo sobre sus aliados. Y tercero, la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado.
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