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Opinión

  • | 2004/03/07 00:00

    Base de datos

    La excusa del terrorismo y del narcotráfico les sirve al presidente Uribe y a sus funcionarios para justificar lo que sea

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Esto del terrorismo ha resultado ser una teta inagotable para alimentar el autoritarismo de los gobiernos, y su despotismo. De todos los gobiernos, en todas partes cada día más autoritarios. Porque cada cual tiene su propio terrorismo, y los barajan: Putin el de los chechenos, Aznar el de los vascos, los chinos el de no sé que secta y los japoneses el de no sé cuál otra que esparció

gas sarín en el metro de Tokio. Y Bush, los que se vaya inventando de acuerdo con sus necesidades.

Nosotros también. Quiero decir: nuestro gobierno. La excusa del terrorismo, y del narcotráfico, les sirve al presidente Álvaro Uribe y a sus funcionarios para justificar lo que sea. Por ejemplo, la incomprensible, inexplicable, absurda y peligrosa compra de tanques franceses de segunda mano a los españoles. Unos tanques demasiado pesados para los puentes de Colombia, que apenas si aguantan el peso de una tractomula. Y ya me gustaría ver a uno de ellos en subida por La Línea (o en bajada también, y con el ministro de Defensa al volante, vestido de camuflado). El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, cuando le preguntaron que para qué eran los tales tanques, contestó sin pestañear:

-Para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Y ahora, en el proyecto de ley estatutaria que debe reglamentar el Estatuto Antiterrorista, se dispone que todos los colombianos tienen la obligación de registrar ante notario todos sus datos personales: residencia, estado civil ''uno o varios de sus atributos biológicos inmutables y reconocibles como distintivos inequívocos''. Y, además, ''las informaciones de carácter estadístico que el gobierno nacional considere necesarias para fundamentar la adopción de las políticas públicas''. Ahí cabe todo, por supuesto. Todo lo que el gobierno nacional considere ''necesario''. Todo lo que le dé la gana al gobierno.

Según el ministro de Defensa, que es quien presenta el proyecto de ley, la información que así se obtenga servirá ''para prevenir casos de terrorismo''.

Y ¿quién va a manejar esos datos? ¿Las autoridades civiles? ¿Las militares? ¿Las secretas? ¿O, directamente y sin intermediarios, las autoridades del Imperio? No hace muchos meses estalló un miniescándalo, pronto enterrado, porque se descubrió que los datos del Seguro Social de varios millones de colombianos habían sido vendidos subrepticiamente a no sé bien qué empresa multinacional norteamericana. La Fiscalía abrió una investigación al respecto, como suele hacer. La investigación fue tragada por un hueco negro y no se volvió a saber de ella, como suele suceder en esta Fiscalía que encabeza Luis Camilo Osorio. Así que cabe preguntar desde ahora: ¿para quién va a ser nuestra base de datos 'antiterrorista'? Y ¿la van a vender, como aquella, o la van a dar gratis?

Aunque la pregunta es inútil. Todo eso es secreto, claro.

O lo será hasta que nos caiga encima inesperadamente, en un aeropuerto, por ejemplo. Fue lo que le sucedió hace unos días, según cuenta un 'confidencial' de esta revista, a Esther Morón, una de las fundadoras del M-19. Como todos los miembros de ese grupo, fue amnistiada en 1982, cuando entregaron y fundieron las armas, y luego indultada en 1991. Pero doce años después de esta segunda fecha la interceptó la Policía en el aeropuerto de El Dorado comunicándole que había contra ella una orden de captura de la Primera Brigada del Ejército por terrorismo, con fecha de julio de 1989.

Le explicaron luego que se había tratado de una confusión en la base de datos de la Dijin.

¿Confusión? Tal vez, pero deliberada. Porque esa de 'terrorismo', tan usada hoy a troche y moche por toda suerte de autoridades, locales y planetarias, no se utilizaba en 1989, en la fecha de la orden de captura contra Esther Morón. En ese tiempo se hablaba de ''subversión''.

El doctor Osorio debería abrir, de oficio, una investigación. Pero estoy seguro de que no lo hará.
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