Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1999/12/13 00:00

BATALLA PERDIDA

BATALLA PERDIDA

Muchas veces he manifestado no estar de acuerdo con la extradición de colombianos.
Con la sencillez de pensar que un Estado es, en la medida en que cuenta con un gobierno propio, se da
sus propias leyes y aplica su propia justicia. Si hay que mandar a los detenidos, a determinados detenidos,
a que se les juzgue y encarcele en la capital impe-rial, estamos acusando una cesión grande de lo que
conquistamos en la independencia.Pero si además existe una tremenda presión para que sea así y hasta el
dinero de la ayuda está de por medio, los argumentos sobran en defensa de los jueces nuestros, de las
cárceles nuestras y aun de nuestro amor propio, y de nuestras propias inseguridades.A la hora de tener que
reconocer la total incapacidad para asegurar a unos detenidos y para penalizar con sentido humano y de
rehabilitación, hemos llegado a una grave insuficiencia como nación soberana. No vale aquí el alegato de la
globalización y de la interdependencia, que, bien entendidas, no comprometen aspectos esenciales de la
identidad nacional.No pienso que países como, por ejemplo, España, toleren que la justicia de sus
nacionales (de sus súbditos, dicen los internacionalistas) la administren otros Estados. Y más bien sucede,
como en el reciente caso Pinochet, que por tres o cuatro desaparecidos de nacionalidad española (entre
4.000 ), un solo juez de ese país reclama para sí a un jefe de Estado de una nación suramericana.La presión
judicial norteamericana, proveniente de concepciones bien extrañas a nuestra idiosincrasia, está forzando la
entrega de los capos del narcotráfico, a como dé lugar y se percibe claramente la satisfacción cuando nuestro
humillado país entrega por fin a uno o dos de los apetecidos reos del derecho del Norte. Satisfacción, por
cierto, no colmada.Es una batalla perdida. No hay cárceles, entre nosotros, que reúnan
características como las norteamericanas. No hay carceleros o no hay seguridad de que los haya, con la
suficiente certeza de su inamovible conciencia. Existe la duda con respecto a algunos jueces y funcionarios
judiciales y casos ha habido en que han sido sorprendidos in flagranti, en componendas con los
acusados.Nuestra vulnerabilidad como nación nos lleva de bruces a la extradición de los nuestros, por no
haber sido capaces de defender lo propio, si hubiésemos dedicado presupuesto e inyectado respetabilidad y
humanidad a nuestro sistema carcelario y penal. No hay que entender este proceso como de cooperación
internacional, sino como de interferencia entre competencias jurisdiccionales.Es la Nación en vía de su
destrucción. Muy distinto sería que la entrega, de todos modos voluntaria por parte del Ejecutivo,
respondiera a un tratado libremente pactado, bilateral o multilateral y la transnacionalidad de los
crímenes y su juzgamiento fuera de doble o de múltiple vía y no solamente de este territorio hacia el de la
metrópolis.La justicia, en general, ha entrado en una etapa degenerativa, confundiéndose la serenidad de los
jueces y magistrados con el ánimo de conveniencia o de venganza. Y no se diga en el sentir de la gente del
común, que pide a gritos, como si fuera ésta la vieja China popular, una condena o la pena capital o la
temida extradición del reo.Se juzga en público. Los medios creen que con lavarse las manos al decir
'presunto', no están condenando a la deshonra, al ostracismo, al difícil estado de inculpación, del que no se
regresa. Es la patria en descomposición, por un lado asediada por la corrupción y por la criminalidad y
por otro clamando desesperada por una justicia acalorada y así mismo violenta.Los amigos de Estados
Unidos parecen condicionarnos la sonrisa y la amistad a estas generosas entregas humanas, que van a
recibir en el más allá de sus reclusorios impenetrables, sanciones no contempladas en nuestros códigos.Si
estuviera vigente el tratado del 79 _y a mi juicio está vigente, pues no cabe su rompimiento unilateral_
paradójicamente tendrían una mayor protección los colombianos remitidos al exterior y, a la letra del
pacto, ciertos límites sancionatorios.

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