Martes, 21 de febrero de 2017

| 2008/08/21 00:00

Bemoles en la investigación de la parapolítica

Los peligros jurídicos y económicos que conllevan la libertad de los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en el proceso de la parapolítica.

Bemoles en la investigación de la parapolítica

La libertad del senador Mario Uribe concedida por la Fiscalía, pareciera ser una noticia más de las producidas en los últimos días en el mismo sentido, pero con distintos protagonistas y diferentes motivos. Sin embargo, hay un lado de la situación que eventualmente puede volverse un bumerán institucional altamente costoso.

Conociendo la dinámica de nuestro sistema judicial penal, muchos de los congresistas vinculados y detenidos por cuenta de la Corte Suprema de Justicia o de la Fiscalía –los que renunciaron al fuero de congresistas- recobrarán su libertad más temprano que tarde, por alguna de las razones que obligan a los jueces y fiscales a liberar a sus investigados. Estas van desde la ausencia de pruebas hasta la aplicación del principio de la duda en favor del procesado, pasando por la aceptación de causales de justificación del delito como la legítima defensa o la imposibilidad de actuar de otra forma. De hecho, es lo que ha ocurrido en estos días.

Hay que decir que la Corte Suprema ha actuado conforme a derecho al disponer la detención de sus investigados, lo que no ha sido obstáculo para que los críticos –gobierno y prensa especialmente-, disparen sus dardos al proceso judicial de la parapolítica -. En realidad la gran mayoría de críticas están orientadas esencialmente a interferir la autonomía judicial, la cual luce débil frente a los resultados. Sin embargo, me parece que hay un asunto al que hay que pararle bolas y que puede sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias que arrojará la absolución de congresistas actualmente detenidos?

Los colombianos hemos celebrado el valor y la audacia de la Corte Suprema que ordenó la detención e investigación penal de tanto intocable, máxime cuando la gran mayoría de ellos son afectos al gobierno más popular de nuestra historia. Ni siquiera el caso de uno los consentidos del presidente –el del senador Araújo-, logró arredrar a la Corte. Pero ello no quita llamar la atención sobre la necesidad de vigilar con celo extremo las pruebas existentes que lleven a tomar la decisión de afectar la libertad de los investigados, pues ello tendrá, al menos dos consecuencias nefastas: una institucional y una económica.

Sobre lo primero, es claro que con la absolución de congresistas detenidos, la credibilidad de la Corte se verá afectada –lo que también es válido para la Fiscalía en lo que le corresponda- y la misma será orquestada y amplificada no sólo por los congresistas absueltos, sino por los áulicos del gobierno que permanentemente sueñan con una Corte de bolsillo o abogan por la creación de su propio areópago. Esa afectación directa podrá irradiar y minar todo el sistema penal hoy vigente, lo cual puede allanar el camino para echar a andar reformas judiciales que traten de cobrar la audacia histórica de la Corte.
 
Y sobre lo segundo, la consecuencia económica correrá al amparo de la jurisprudencia del Consejo de Estado que tiene dispuesta la declaratoria de responsabilidad del Estado –mejor dicho la del bolsillo de todos- por privación injusta de la libertad. A riesgo de simplificar y de obviar muchos matices, lo que allí se dice es que detenido absuelto es liberado indemnizado. Sin duda se trata de una jurisprudencia garantista que exalta el principio pro libertate y en el fondo, realiza un llamado de atención para que las autoridades capaces de disponer sobre la libertad de las personas, piensen bien las posibles consecuencias de sus decisiones.

La importante labor de la Corte Suprema de Justicia hasta ahora desarrollada en el proceso de la parapolítica, no debe entonces dejar de lado el examen de las consecuencias que en el mediano plazo puedan surgir en caso de que los ahora detenidos sean liberados y absueltos más temprano que tarde, pues si así sucediese, va a ser muy difícil rescatar la credibilidad de la Corte Suprema y, de paso, todos tendremos que meternos la mano al bolsillo –para contribuir con en esa bolsa común llamada Erario Público- pues hay que pagar los platos rotos. Mejor dicho podríamos salir debiéndoles a los honorables congresistas hoy en La Picota.
 



*Danilo Rojas Betancourth, es miembro fundador de DeJuSticia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. "El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos."


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