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Opinión

  • | 2011/04/25 00:00

    Bienvenida la 'Ley Lleras'

    Siempre que también 'obligue' a las compañías productoras y comercializadoras a bajar, de una manera sustancial, el precio de sus contenidos.

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Cómo negar que gran parte de nuestro comportamiento obedece a las normas morales (implícitas) y legales (explícitas) que prevalecen en nuestra sociedad. Es un hecho. Lo que significa que nuestro criterio para valorar una acción como correcta o incorrecta, lícita o ilícita, está sujeto al grado de aprobación o reproche por parte de los demás, así como al grado de sanción penal.
 
De cara a la autonomía moral de los individuos, esta formulación utilitarista no nos deja, sin embargo, a merced de la mayoría. Porque muchos de nuestros comportamientos, que a los ojos de la mayoría resultan inmorales, son permitidos por la ley. Pero como una cosa es actuar bajo la mirada de reproche por parte de nuestros vecinos y otra, muy diferente, es terminar en una cárcel, el problema mayor se presenta cuando actuamos en contra de la ley. Y no son pocas las situaciones en las que nos vemos en la necesidad de hacerlo.
 
En el marco de la racionalidad, se puede ir en contra de la ley cuando, entre otras cosas, ni siquiera se está en la capacidad de cumplirla. Y, así, además del reproche social y de la sanción penal, la ‘capacidad’ es un factor no menos importante que también determina nuestro comportamiento.
 
De ahí que toda ley, aunque bien provenga de las cristalinas fuentes de buena voluntad y sabiduría de nuestros legisladores y gobernantes, deba someterse a criterios contextuales. Criterios tales como la posibilidad misma que las clases menos favorecidas, por ejemplo, tengan para cumplirla, y el detrimento que para ellas conlleve ese cumplimiento. Pasar por alto este deber engendra la tiranía de la ley: esa forma tácita de violencia, aún más radical que las formas explícitas.
 
La denominada ‘Ley Lleras’, en mi opinión, ejemplifica esta tiranía. Con ella, ha dicho el Ministro, se busca defender los derechos de autor y, en consecuencia, combatir la piratería. Lo que no deja de ser una forma muy decorosa de presentarla, pero demasiado unilateral. Porque también es un hecho que esta ley no afecta a los ‘peces gordos’ (a esos delincuentes que, perdón por la queja, aquí siempre les va mejor), sino que va en detrimento de las clases menos favorecidas.

¿Quién, sino la población más pudiente, tiene para adquirir software, películas o libros originales, entre tantas otras fuentes de educación que, infringiendo derechos de autor, se encuentran gratis en la red? Se trata de una ley tan descontextualizada e intransigente, que muchos colombianos tendrían que sacrificar la comida para no tolerar la piratería. A menos que se defienda una de dos cosas: o bien que los estratos bajos ni quieren, ni necesitan de la educación que hoy ofrece internet; o bien que ni el cine, ni el software y los pdf, por ejemplo, son formas de educación. Esto es, a menos que se defienda que los pobres están condenados a vivir en un modesto pueblo del siglo XIX.

Este proyecto de ley sólo defiende los intereses de un sector minoritario, hay que decirlo, de las compañías productoras y comercializadoras de contenidos susceptibles de ser digitalizados. Pero no tiene en cuenta los precios tan escandalosos que, en Colombia, hay que pagar por estos contenidos. En plena era digital, en un país en desarrollo, un proyecto como éste es casi un golpe de muerte al ascenso social de las clases medias y bajas.

Más aún, al permitir que las ISP (Prestadores de Servicios de Internet) restrinjan contenidos y penalicen a los usuarios que comparten materiales vía web, este proyecto de ley infringe el derecho a la información y al conocimiento. De ahí que, como si ya no tuviéramos suficiente con el conflicto armado, la ‘Ley Lleras’ haya suscitado la reacción de organizaciones ciberactivistas internacionales, que –como Anonymous, por ejemplo– ya han comenzado a atacar las páginas del Gobierno.

El mensaje de la ‘Ley Lleras’ es muy simple: “quien no quiera incurrir en piratería, que pague, y mucho”. Un mensaje muy similar al de la ‘Reforma a la Ley 30’. Porque la propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, tal y como sucede con nuestros colegios, generará competitividad. Y ésta, a su vez, conllevará o bien un alto costo de una educación de calidad, o bien un bajo costo de una educación mediocre: “Quien quiera una óptima educación superior, que pague, y mucho”.

Bienvenida la ‘Ley Lleras’, siempre que también ‘obligue’ a las compañías productoras y comercializadoras a bajar, de una manera sustancial, el precio de sus contenidos. Porque este Gobierno parece olvidar que cuando se legisla a favor de un sector minoritario se acrecienta la brecha social y el resentimiento de las mayorías: se incita al incumplimiento de la ley.

Una aclaración: según el proyecto de ley no habrá penalización si no hay “(…) un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora”, pero de aquí no se sigue que podamos seguir compartiendo contenidos de manera ad honorem, porque el proyecto aclara que esto sólo “(…) en los casos en que se tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad”. Derecho que, no hay que ser ingenuos, nunca van a conceder las compañías productoras y comercializadoras.

Twitter: @Julian_Cubillos
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