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Opinión

  • | 2014/08/05 00:00

    Blindar la restitución

    Tanto los reclamantes como los funcionarios están en riesgo. La posición entonces, no puede consistir en ser más ‘austero’ al asignar medidas de protección.

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El 8 de julio de 2014 Róbinson Álvarez Quemba, topógrafo de la Unidad de Restitución de Tierras, recibió un disparo mientras hacía trabajos de medición en un predio solicitado en restitución. Horas más tarde murió como consecuencia de dicho ataque.

Por otro lado, el 28 de julio de 2014 la Fiscalía decidió imputar cargos por el delito de falsa denuncia contra cuatro líderes de restitución, ya que, presuntamente estos se ‘autoamenazaron’ utilizando un celular de un pariente con una SIM card diferente.

La ocurrencia de hechos así activa el debate sobre la adecuada destinación de recursos para la protección de los sujetos involucrados en el proceso de restitución. Aclaro que, no se trata de la destinación de recursos de acuerdo con el rol que represente la persona (reclamante o funcionario), sino en general, del balance proporcionado entre la precaución al momento de asignar recursos limitados entre el universo de personas con algún grado de riesgo, y  la atención adecuada y suficiente que garantice la protección de la vida e integridad de quienes solicitan protección. 

Lo complejo del asunto es que, hechos tan disímiles tienden  generar en la opinión pública (y quizás en las mismas instituciones) desbalances momentáneos en la apreciación sobre lo que ocurre con los sistemas de protección en el marco del proceso de restitución, a través de todas sus etapas y con todos los sujetos involucrados (reclamantes individuales, comunidades, funcionarios de la Unidad de Restitución, jueces y entidades encargadas de materializar las órdenes emitidas en los fallos). 

El primer evento por ejemplo, prende las alarmas sobre la necesidad de destinar más y mejores recursos para proteger a los sujetos involucrados en los procesos de restitución. Por su parte, el segundo evento tiende a generar reacciones de prevención y desconfianza, respaldadas por – como ya lo he dicho - la enorme responsabilidad de destinar de la mejor manera los recursos para la protección.

Sin embargo, este delicado panorama no puede ser manejado desde la suspicacia. Es un hecho – reconocido por el mismo Gobierno – que adelantar los procesos de reparación, que incluye el de restitución, cuando aún no se ha resuelto el conflicto armado y sus causas estructurales, es una tarea difícil. Y es una tarea difícil no solo en términos administrativos o de diseño institucional, sino precisamente, porque pone en riesgo la vida e integridad de los sujetos que apuestan por ir construyendo la reconciliación. Por ejemplo, la ONG Human Rights Watch hizo un estudio de 21 casos de asesinatos de líderes de restitución, en el que al menos 17 fueron asesinados en razón a su condición de líderes. 

En conclusión, objetivamente hablando, tanto los reclamantes como los funcionarios están en riesgo. La posición entonces, no puede consistir en ser más ‘austero’ al asignar medidas de protección, sino cualificarlas aumentando los recursos y desarrollando estrategias más efectivas. Además de esto, es ideal adelantar las investigaciones pertinentes y aclarar las circunstancias de lo ocurrido tanto en el asesinato como en la presunta falsa denuncia – con la misma eficacia – de tal manera que no vuelvan a ocurrir ninguna de las dos cosas.

*Investigadora del Centro de Estudios de derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
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